jueves, 9 de julio de 2015

EX PRESOS POLITICOS


                                                       

                                                                                                                  Por Agustín Muñoz

 

Cuesta entender lo que pasa en medio de los bocinazos, del ruido de los motores y del calor que se niega a abrirle paso al invierno santiaguino. No son muchas las personas que marchan por un costado de la Alameda custodiadas por carabineros amenazantes, como en los tiempos duros de la dictadura. La mayoría son mujeres mayores  de una edad incierta y los hombres de una sesentena bien pasada. Se ve también a alguna gente más joven, entusiasta, combativa, a proximidad de los más viejos.  Las pancartas explican en palabras breves lo que  los gritos y las consignas no logran expresar en su total dimensión: “Justicia y verdad para los ex presos políticos de la dictadura”. “No más pensiones miserables”. “Los presos políticos no robamos ni boleteamos”. “Estamos en huelga de hambre hoy, pero llevamos 25 años pasando hambre”.” Chacabuco, Pisagua, Puchunca: Presente”. “Asociación de hijos y familiares de ex presos políticos”.  Hay otros carteles similares que reflejan la angustia y el drama de los que por sus ideas fueron perseguidos, torturados, vejados y encarcelados. Muchos murieron, desaparecieron y sus familias continúan el combate por la verdad, por la justicia.

Cuesta entender que los gobiernos democráticos, elegidos por el pueblo, los Presidentes de la República  que fueron perseguidos por la dictadura, los Ministros y altos dirigentes políticos que fueron reprimidos, torturados, vejados, encarcelados, exiliados y retornados sean indiferentes a la difícil situación económica  por la que han atravesado y atraviesan  la gran mayoría de sus ex compañeros de cautiverio con pensiones reparatorias casi miserables, sin un acceso adecuado a la salud y a la educación de sus hijos y postergados constantemente ante argumentos que privilegian los imperativos de las políticas económicas neoliberales aplicadas por los gobiernos de la Concertación, de la Derecha y de la Nueva Mayoría por sobre la justicia y la solidaridad.

Cuesta entender que el Estado chileno, con instituciones basadas en principios republicanos y democráticos  haya promulgado leyes como la 19.992 que, en su artículo 15 del título IV, tiende a limitar y a ocultar el ejercicio a  la verdad y a la justicia por  violaciones a los derechos humanos al imponer  50 años de silencio para el acceso a los testimonios de los ex presos políticos y de sus familiares

Cuesta entender que en democracia se les haya tratado tan mal. Son gentes que por su pasado quedaron con múltiples secuelas físicas y síquicas; sin posibilidades de acceder a empleos en la empresa privada o en la función pública. En la gran mayoría de los casos su pensión fluctúa entre 140.000 y 170.000 pesos dependiendo de la edad. Es decir: 220 dólares para los menores de 70 años y 270 para los mayores de 74 años. 38.206 personas calificaron para esta pensión llamada Valech (Ley 19.992). Solo unos pocos, 2.325 personas, beneficiaron  de la ley 19.123 o Ley Rettig, modificada posteriormente con la Ley  19.980. Estos reciben 612.000 pesos, equivalentes a 971 dólares. Junto a la verdad y a la justicia, la homologación de los montos de las pensiones Valech con los de la Rettig es otra de de las justas reivindicaciones de los ex presos políticos.

Pero sobretodo cuesta entender la indiferencia. Han pasado tantos años y los gobernantes parece que desean desentenderse de este pasado que ahora molesta. Es verdad que últimamente se han conformado mesas de diálogo en las que participan asociaciones que representan a la gran mayoría de los involucrados por la tortura y la prisión aún cuando  han quedado fuera algunas agrupaciones que seguramente, más tarde, serán incorporadas. Sin embargo los esfuerzos no han sido lo que una sociedad democrática, moderna, justa y solidaria debería haber realizado. Los ex presos políticos representan la memoria de aquellos que lucharon por darle dignidad a este país. Son ellos los testimonios de lo que fue la barbarie institucional y los que con su sacrificio forjaron el camino para lograr una sociedad democrática  con instituciones respetables.

Cuando miramos experiencias reparatorias latinoamericanas o europeas nos damos cuenta del poco esfuerzo y de la mezquindad chilena en estas materias. Argentina compensó con indemnizaciones dignas la prisión, el exilio, la tortura. Indemnizó a los hijos y cónyuges de los que fueron reprimidos a través de 5 importantes leyes reparatorias. Las 24.043, 24.411, 24.321, la 25.914 y la 26.564. Hace un año se promulgó  la Ley 26.913 que otorga pensiones decentes a los ex presos políticos de cualquier nacionalidad.

Hay que recordar además  que en Argentina se condenó, se degradó y se encarceló en prisiones comunes, sin privilegios especiales  a los militares que estuvieron comprometidos con violaciones a los Derechos humanos, cosa que en chile no será nunca posible. Francia es otro ejemplo de reconocimiento a los que lucharon por la democracia y el estado de derecho en que fuera de honores especiales a través de condecoraciones simbólicas se otorgaron igualmente compensaciones justas y reparaciones decentes a los que estuvieron detenidos en prisiones alemanas o francesas durante la ocupación y a los represores se les degradó y condenó incluso hasta con la pena de muerte.

Por todo esto cuesta mucho entender que en nuestro país en medio de tanto escándalo de corrupción de la clase política, donde gobierna una Nueva Mayoría que se supone representa valores democráticos, solidarios, fraternales y con una Presidenta socialista, todo lo que concierne a una justa reparación a los ex detenidos  políticos se alargue tanto, se vea con recelo, con indiferencia.

También  cuesta entender, que un grupo de presos políticos que buscó refugio, tal vez equivocadamente, en la sede del Partido Socialista de Chile, haya  sido expulsado brutalmente por la policía uniformada perteneciente al  mismo cuerpo policial que probablemente los detuvieron y reprimieron hace algo más de 40 años.

Chile tiene aún bastantes deudas pendientes con aquellos que a costa de un sacrificio personal y familiar abrieron paulatinamente las puertas para el derrocamiento del régimen militar y para el  establecimiento de  una sociedad democrática y justa. Entre esos están los que fueron prisioneros de la dictadura. Urge entonces saldar adecuadamente  esa deuda, con verdad, justicia y  reparaciones dignas.

martes, 9 de junio de 2015

¿BORRÓN Y CUENTA NUEVA?

                                           


 
Por Agustín Muñoz
En nuestro país la política nos muestra a cada instante situaciones sorprendentes y paradójicas que harían palidecer de envidia al gran escritor Chesterton, maestro incontestable de lo inverosímil.
En un período de diez meses hemos sido testigos de una alucinante evolución de denuncias e investigaciones en las que se evidencia, de manera explícita, la fuerte relación entre política y dinero manifestada en diversos actos de corrupción, de fraude, de cohecho y de tráfico de influencias. En ellos aparecen involucrados  los más connotados  actores políticos y económicos de la sociedad chilena, produciendo una crisis institucional, de legitimidad y de confianza que se acentúa día a día.
Si en un comienzo la ciudadanía pensaba que la corrupción era un dominio reservado para la derecha política y que además formaba parte del ADN de la dictadura, con el avance de las investigaciones se percató que esto también tocaba al centro y a la izquierda, pues distinguidos dirigentes de la antigua concertación y de la ahora Nueva Mayoría aparecían persistentemente relacionados con aportes ilegales o recibiendo financiamiento por asesorías, reales o ficticias, de empresarios enriquecidos bajo el amparo de la dictadura.
El ex Presidente Piñera y algunos miembros de su equipo gobernante han sido igualmente  objetos de denuncia o de investigaciones de parte de los tribunales y la otrora inmaculada imagen de la Presidenta Bachelet se ve mancillada por el tremendo negociado en el que aparecen directamente involucrados su hijo, Sebastián Dávalos; su nuera; un reputado banquero y otras figuras del espectro político.
El impacto que produce en el país el llamado caso CAVAL, nombre de la empresa que a 50% pertenece a la nuera de Bachelet, fue demoledor; produciendo un descrédito mayúsculo de la otrora triunfante figura presidencial y ahondando más aún  la mala percepción ciudadana hacia la política.
De nada sirvió el inicial  escueto mea culpa de la Presidenta, ni el forzado perdón expresado por Dávalos Bachelet, ni la sincera y emotiva entrevista, concedida a Mario Kreuztberger en el Canal de televisión católico, el mismo medio en el que el Catón de los golpistas con tenida de sacerdote destilara putrefacta bilis contra Salvador Allende. En esa entrevista, en la que además de  declararse  profundamente afectada, de reiterar el no haber estado al corriente de las trapacerías de su hijo, hace un anuncio sustantivo que no fue del todo apreciado, a pesar de su importancia: el inicio de un proceso constituyente. Tampoco sirvió el cambio de su gabinete, el día 11 de mayo, en el que cesa en sus funciones a su equipo político de confianza y a su Ministro de Hacienda. Su segundo mensaje presidencial del 21 de mayo recién pasado, en el que puso énfasis en la necesidad de restablecer las confianzas y la transparencia y la creación de penas para los delitos económicos, además de  los balances habituales, tampoco logró motivar una positiva percepción ciudadana hacia su persona, hacia su gobierno, hacia la clase política. Ninguna de sus acciones, ninguno de sus anuncios han logrado restablecer las confianzas perdidas ni avanzar hacia una paulatina superación de la crisis institucional existente. Es que día que pasa nos encontramos con nuevas situaciones sorprendentes, con nuevas inculpaciones, con paradójicas declaraciones.
Hay muchos botones de muestra en este bazar de la política.
Por el lado de la derecha, es decir de la UDI y de RN son pocos los que hasta el momento se salvan de acusaciones o de procesos judiciales.
La fiscalía ha ya formalizado a muchos, entre los más recientes sobresalen Iván Moreira, Felipe de Mussy, Jovino Novoa, Pablo Zalaquet, Alberto Cardemil, Jaime Orpis y el independiente ligado a la derecha Carlos Bianchi. Muchos otros son objeto de acusaciones e investigaciones diversas, entre ellos Claudio Eguiluz, ex Vicepresidente de Renovación Nacional, por millonarias facturas emitidas entre los años 2011 y 2013 a SQM.
 A pesar de ello, el descaro y la impudicia de  los dirigentes de los partidos, que en tiempos de la dictadura avalaron sin excepción crímenes y atropellos a los derechos humanos, no deja de asombrar.
Primero se escudaron en la teoría del error y del empate técnico. En otras palabras, los actos cometidos no constituyen delitos, sino errores que no pueden ser sancionados penalmente, los que además han sido igualmente cometidos por personeros  de la Concertación y de la Nueva Mayoría; es decir; emulando al evangelio de Juan en su capítulo 8: “…el que esté libre de pecados que lance la primera piedra”, tratan de clamar impunidad. En seguida contraatacaron en cuanto medio de comunicación estuvo a su alcance, acusando a integrantes del gobierno y desafiando agresivos, ante las cámaras, a voceros y opinólogos  de la Nueva Mayoría que no atinaban a defenderse, como le ocurrió al ex vocero Francisco Vidal, o pidiendo a gritos la renuncia del recientemente nombrado Ministro Jorge Insunza.
Finalmente, han desarrollado un sin precedente lobby comunicacional llamando a un entendimiento y clamando por  sanciones no penales, pues según ellos, los hechos imputados corresponden a irregularidades administrativas y no son constitutivos de delitos en sí. Esto ha sido enfatizado por el Presidente de la UDI, Hernán Larraín, en referencia al caso del Senador Jaime Orpis, implicado en la investigación de  Corpesca.
Por el lado de la Nueva mayoría la cosa no es mejor.
El ex Ministro Francisco Vidal fue uno de los primeros en ponerse el parche antes de la herida, vaticinando, a inicios del mes de abril, que  la mano venía mala y que habría mucha gente involucrada, pues tanto los partidos políticos como los centros de estudios e investigación ligados a partidos o movimientos políticos  tuvieron que recurrir a financiamientos o asesorías de parte de empresas o particulares para solventar gastos de campañas y para poder seguir funcionando.
Hace apenas dos semanas, la flamante y recientemente electa  presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende en una entrevista concedida a los periodistas Fernanda Paúl y Guillermo Muñoz, a propósito del  financiamiento a las precampañas electorales, confiesa abiertamente que toda la clase política es culpable de haber incurrido en trampas o utilización de resquicios para sortear la legalidad en materia de propaganda electoral y de  financiamiento. En otras palabras es un mea culpa, pero al mismo tiempo la explicitación de que “Todos somos culpables”  y como es sabido, cuando todos somos culpables, al final nadie es culpable. Sin embargo, en algo tiene razón la popular  Senadora pues los casos que la opinión pública y la justicia conocen, como  hemos visto,  es ya un cuento de nunca acabar.
En menos de un mes, en lo que respecta a la Nueva Mayoría, desde el cambio de Gabinete hasta la fecha hemos conocido las implicancias del caso Martelli, el operador del ex ministro Peñailillo, propietario de la empresa Asesorías y Negocios y recaudador de fondos de las campañas presidenciales de la Concertación, en prestaciones y asesorías destinadas a financiar precampañas y campañas electorales.
Lo anterior motivó el cambio de gabinete, la investigación y posterior renuncia  de Peñailillo, la salida de Michel Jarrat, ex director del Servicio de Impuestos Internos y la puesta en evidencia del financiamiento de las empresas SQM SALAR, Celulosa Arauco y Copec a las precampañas y campañas  de la Concertación y de la Nueva Mayoría, a través de la emisión de boletas ideológicamente falsas y de la participación de Asesorías y Negocios en estos financiamientos en que están involucrados el ex ministro del interior y sus principales asesores.
Uno de los últimos personeros investigados  por emisión de facturas ideológicamente falsas a SQM, Aguas Andinas y Endesa, ha sido Claudio Yaconi uno de los hombres clave y de la máxima confianza del ex Presidente Frei Ruiz Tagle.
El recientemente electo presidente de la democracia cristiana, senador Jaime Pizarro ha sido fuertemente cuestionado, incluso por sus propios correligionarios, por su presunta relación con la empresa Ventus Consulting cuyo propietario es su hijo Sebastián Pizarro. La empresa mencionada emitió boletas que fueron consideradas por el Servicio de Impuestos Internos como presuntamente falsas.
Igualmente en este lapso ha habido nuevas implicancias  del caso Corpesca. A lo ya mencionado de Jaime Orpis, se suman ahora cuestionamientos concretos en contra de algunos senadores integrantes de la Comisión que aprobó la Ley de Pesca por haber recibido dineros de la empresa perteneciente al Grupo Angellini y beneficiaria directa de esta Ley. Entre esos senadores destacan los nombres del senador independiente Antonio Horvath, del demócrata cristiano Hosain Sabaj, de Alejandro García Huidobro de la UDI y del socialista Fulvio Rossi. Hay que mencionar que Andrés Zaldívar ha sido desde hace bastante  tiempo cuestionado por existir incompatibilidades al haber votado en la Ley de Pesca y, últimamente el senador Alejandro Navarro, en un comunicado, publica una lista con el nombre de la totalidad de los parlamentarios y los montos de los aportes reservados recibidos durante la campaña del 2013. El senador exige que los honorables expliquen a la opinión pública si en esos aportes hay dineros provenientes de las empresas pesqueras. Huelga decir que nadie ha sincerado nada y que Navarro ha sido duramente criticado por miembros de la Nueva Mayoría.
Como si todo esto fuese poco, el Ministro Secretario general de la Presidencia Jorge Insunza, militante PPD, nominado el 11 de mayo, se vio en la obligación de renunciar a su cargo al ser cuestionado por haber prestado asesorías a Codelco y a  la empresa minera Antofagasta Minerals a través de la sociedad Virtus Consultores de la cual es propietario junto con su esposa Claudia Jara. Hay que recordar que los informes a la empresa minera fueron realizados y presentados en el período en que Insunza presidió la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados en 2014. Trago muy amargo para una Presidenta que recién bendecida por el Papa, se entera en Paris de esta demisión, en medio de una importante visita oficial.
La censura ciudadana parece ser unánime ante esta debacle que parece que no tuviera fin. Tanto las organizaciones sociales, como las Ongs y al interior de los propios partidos políticos mayoritariamente se alzan voces reprobatorias. Las organizaciones estudiantiles se han manifestado en las calles, aún cuando estas manifestaciones no han tenido la magnitud de las protestas de los movimientos de Indignados que estremecieron a Europa, tal vez como una muestra de un postrer apoyo a un gobierno en el cual se tuvo fe. Las encuestas son elocuentes al respecto.
La última encuesta Plaza Pública Cadem, la número 73, muestra el peor desempeño de la Presidenta con un 25% de aprobación y un 62% de desaprobación en cuanto a la forma como conduce su gobierno y un 57% muestra desconfianza, rabia y desilusión ante la mandataria.
La encuesta CEP de abril de 2015 ya le daba un nivel de desaprobación del 56% y el nivel de desconfianza se situaba en un 62%
Esta misma encuesta muestra a pesar de las  hecatombes, en la parte de evaluación de personajes políticos, un respaldo a tres personajes ligados  a la izquierda: Isabel Allende, Marco Enríquez-Ominami y Ricardo Lagos con un 45%, un 43% y un 42% respectivamente, seguidos por Sebastián Piñera con un 39%
La encuesta Adimark del mes de mayo le da a la Presidenta un 29% de aprobación y el nivel de rechazo subió a 66%
Estos porcentajes son refrendados por otros sondeos de opinión los que marcan igualmente un fuerte castigo a la clase política (CERC-MORI).
Muchos se preguntan, ante tantos cuestionamientos, imputaciones y descubrimientos de nuevas acciones delictuales o moralmente reprobables: ¿cuál debe ser el camino a seguir para recuperar las confianzas perdidas, para restablecer la credibilidad en la política y no poner en riesgo a la democracia? ¿Qué hacer para  erradicar la corrupción de la política?
Frente a estas complejas interrogantes tal cual lo hemos dicho en crónicas anteriores, las respuestas no son fáciles.
Diversas propuestas son periódicamente evocadas. Algunas con una apenas disimulada voluntad de aplicar un perdonazo, como la del senador Juan Pablo Letelier quien, en medio de los sonoros aplausos del diario El Mercurio, preconiza que la solución debe estar en un cambio de las reglas del juego del financiamiento a la política, pero que la solución a los casos de corrupción conocidos no pasa por la judicialización de los mismos, sino por un acuerdo político, insistiendo en que es el sistema político quien debe resolver en definitiva y no los tribunales. Argumento similar ya había sido evocado por el ex director de Impuestos Internos Ricardo Escobar, atribuyendo a los ilícitos cometidos el nombre de faltas tributarias. Esta doctrina ha sido igualmente aceptada con entusiasmo por Jovino Novoa y otros inculpados.
Otros argumentan la necesidad de  clarificar al máximo, investigar administrativamente y judicializar  los casos más fragantes, aplicar sanciones, establecer reglas claras para el financiamiento de la política  y  detener las reformas emprendidas o anunciadas, estableciendo un gran acuerdo nacional  en el que impere por sobretodo la eficacia  económica para que el país pueda recuperar su crecimiento y en seguida realizar las reformas sociales más urgentes. Los que sustentan esta tesis son igualmente partidarios de dar un fuerte grado de racionalidad a la política y a la administración del estado a través de una convocatoria a gente de experiencia con fuerte capacidad técnica. A este llamado de la selva cuyos árboles no pueden disimular el derechismo grosero que los empapa, algunas almas de la otrora izquierda adhieren con entusiasmo y como sus vocaciones son siempre del más alto interés público ya han explicitado sus presidenciales apetitos presentándose como los neos Radamés  ante la patria en peligro.
Últimamente han surgido también  planteamientos más radicales y aún más  irresponsables como el de una renuncia de la presidenta Bachelet, sin sopesar los dramáticos  efectos institucionales que una acción de este tipo acarrearía en una nación ya en crisis.
No obstante, lo más cuerdo, sensato y ético pareciera encontrarse, en primer lugar, en  la urgencia  de conocer la verdad. Es decir en el rápido reconocimiento de las culpas de todas aquellas personas o instituciones  que hayan recibido financiamientos ilícitos, directos o indirectos, para financiar campañas o precampañas; ser investigadas por las instancias correspondientes  y en seguida recibir las sanciones penales o administrativas que correspondan. Para aquellas situaciones  en las que la única condena aplicable sea  la sanción moral;  los partidos o movimientos políticos, una vez depurados, deberían disponer de un veto ético hacia la persona concernida para  el ejercicio de actividades públicas. La aplicación de las propuestas de la Comisión Engel para recuperar la fe pública, una ley de financiamiento de los partidos y severas limitaciones a la reelección de parlamentarios y alcaldes son de una urgencia extrema.

La consecución de las reformas es igualmente imprescindible para recuperar la confianza ciudadana y sobretodo iniciar una seria reforma constitucional como dijo la Presidenta “realmente incidente”, con mecanismos claros y en los cuales  participe de manera activa la ciudadanía en su conjunto, plebiscitando la propuesta y obviamente   descartando de la conducción de este proceso a instituciones deslegitimadas como el Parlamento.
Se trata en definitiva de dignificar la política, de escuchar realmente al ‘soberano’ para que haya credibilidad, gobernabilidad, justicia social, derechos democráticos y en ningún caso un borrón y cuenta nueva. Lo peor que nos pudiese pasar sería que nada cambiara, que todo siguiera igual y que la apatía terminara absorbiendo a la ciudadanía o que se abriesen los espacios para dar paso a un populismo demagógico.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      






jueves, 30 de abril de 2015

¿Qué hacer después de la debacle?

                                                                                                                       Por Agustín Muñoz

 

El inicio

Resultaba muy difícil imaginar en agosto de 2014, cuando el SII denuncia por fraude al fisco a los principales directivos del Grupo Penta, las consecuencias políticas que ello acarrearía al descubrirse, en la medida que la investigación avanzaba, las enormes implicancias entre la política y el dinero y las corrupciones y cohechos en que estaban involucrados  connotadas personalidades de nuestro país pertenecientes a los más diversos espectros políticos. En ese momento el prestigio de la presidenta Bachelet aumentaba considerablemente y sus emblemáticas reformas la posicionaban  en un liderazgo indiscutido, hasta que en febrero de 2015 la opinión pública se estremece al tomar conocimiento del llamado caso CAVAL, nombre de de la empresa que realiza  un tremendo negociado, con tráfico de influencias,  en que están directamente involucrados el hijo de la presidenta, su nuera quien es socia de CAVAL y  un reputado banquero.
Como si lo anterior no fuera suficiente, se suman a ellos los nuevos descubrimientos que arrojan   las investigaciones de la fiscalía y del SII en los que aparecen implicadas empresas como SQM y su principal accionista, el yerno del dictador Pinochet, ligadas a boletas fraudulentas y a obscuros financiamientos a connotadas  figuras de la izquierda chilena y de la Democracia Cristiana  que formaron parte de la antigua Concertación o pertenecen a la actual Nueva Mayoría,  junto  a varios  políticos de renombre de la derecha criolla entre los que se cuenta el ex presidente Piñera y algunos de sus Ministros y Subsecretarios.
Los efectos de estos escándalos se hicieron sentir de inmediato, acentuando el descrédito y desprestigio ante la ciudadanía de los partidos, de la política, de sus dirigentes, de algunas de nuestras venerables instituciones republicanas y hasta de la presidenta Bachelet cuya histórica alta popularidad descendió a los más bajos niveles con un 31% de aprobación y 61% de desaprobación según la encuesta ADIMARK referida a marzo de 2015.
Se habla como producto de lo anterior, de una gran crisis de confianza que afecta a la sociedad en su conjunto, acentuando aún más el abismo existente entre la  ciudadanía y   el sistema político que, entre otros aspectos, se visualizaba en la negativa percepción que las personas tienen  de algunas instituciones republicanas, de los partidos políticos, de sus dirigentes, del parlamento y sobretodo en la fuerte abstención observada en los actos electorales.

Interrogantes complicadas

¿La corrupción, los tráficos de influencias, los conflictos de interés conocidos en los últimos  ocho meses son los solos causantes de  esta crisis? ¿Se trata de un fenómeno nuevo en un Chile que se enorgullece de su probidad? ¿La falta de transparencia en los recursos proporcionados por la empresas a la política y la no existencia de un financiamiento  estatal adecuado a los partidos, son los solos causantes de esta fenomenal crisis que ha hecho que los perseguidos de ayer recurran a sus antiguos esbirros para solventar sus campañas o que significativas figuras de la derecha más tradicional que predicaron probidad y transparencia en cuanto foro encontraban a mano hoy estén seriamente implicados en corrupción, cohecho y soborno?.
Conviene decir, en primer lugar, que si damos una mirada serena a lo ocurrido en los últimos cuarenta años es fácil observar que los escándalos de corrupción emergen durante el período de la dictadura militar en los que se implican tanto civiles como militares.
Los actos de corrupción se dan en el marco de un modelo económico, político, cultural y social  de corte neoliberal que se pone en experimentación en Chile, mucho  antes de los acuerdos Reagan-Thatcher de los años 80 en que se globaliza el neoliberalismo y que además de las transformaciones económicas, conllevarán una profunda mutación ética en la que predominará el individualismo por sobre la solidaridad y el exitismo financiero como principio. La corrupción se materializa  por medio  de la privatización de empresas del estado, la adjudicación de recursos naturales, mineros, hídricos etc., a civiles cercanos a la dictadura y a represivos y fieles militares, en  una suerte de piñata nicaragüense; se da igualmente a través  del rescate de la banca privada con fondos del patrimonio nacional, de la privatización de la educación, de la salud, de las pensiones; de las indemnizaciones exorbitantes y arbitrarias que se fijaron los servidores públicos y miembros del poder judicial , además de muchos otros ejemplos en que el latrocinio y el lucro aparecen como  leitmotiv.
Durante el largo período de transición a la democracia a partir de los 90, observamos atónitos la inercia o el temor de nuestros gobernantes a algunas relevantes  cuestiones de corrupción y de abuso de poder que ocurrieron. Nos  cuesta entender porqué  la ciudadanía y la militancia de los partidos de la Concertación, en esos años, no tuvimos respuestas acerca de la tolerancia de los gobiernos democráticos en algunas materias complejas como lo fueron el negociado de la quebrada empresa Valmoval que el hijo del dictador vendió al ejército y que el estado chileno debió solventar en su integralidad bajo la amenaza de un nuevo golpe de estado. Penan aún los casos Riggs, Cema-Chile, Inverlink, Chispas, Toldos y el bullado MOP-GATE que culmina con el acuerdo Lagos-Longueira para modernizar el Estado.  Es igualmente  preocupante el hecho que  nunca se informó o se transparentaron los fondos que se recibieron del exterior para el financiamiento de las campañas políticas de algunos de los más importantes dirigentes de la izquierda chilena o el intempestivo enriquecimiento de algunos líderes concertacionistas que se reconvirtieron en empresarios. Menos información hubo de la utilización de los fondos reservados de algunos importantes ministerios.

Respuestas superficiales, olvidos voluntarios

Después  de la derrota sufrida por la concertación y del triunfo de la derecha que luego de medio siglo accede al gobierno a través  del voto popular, hubo un sinnúmero de inconexas explicaciones de la hecatombe que, más que análisis serios sobre el comportamiento ciudadano, se centraron , las más de las veces, en recriminaciones que no entraron en lo sustantivo. Tampoco se reflexionó en las medidas necesarias para ir hacia una recomposición de los partidos, de sus plataformas ideológicas, del recambio de sus dirigencias y hacia un acercamiento con la ciudadanía.
Hubo además otras cuestiones de gran significación que en general fueron ignoradas. Me refiero al perverso legado ético, cultural y político que nos dejó la dictadura, avalado de manera explícita o con el consentimiento tácito de una buena  mayoría de los demócratas que nos gobernaron, de  legisladores y  de miembros del poder judicial.
Muchos se han preguntado y todavía se preguntan cuáles fueron las razones que una coalición democrática gobernante o algunos de sus integrantes, con dos partidos etiquetados de izquierda, con pasado socialista y con algunos dirigentes auto confesos de ser marxistas leninistas no haya levantado su voz con energía para explicar a la ciudadanía o a los militantes de sus partidos el porqué una fuerza democrática, progresista, anunciadora del cambio social, de la alegría, se convierte paulatinamente en administradora de una gestión eminentemente neoliberal en lo económico, tímidamente progresista en lo político e incapaz en veinte años de gobierno, de realizar las transformaciones políticas y sociales que las grandes mayorías esperaban
Algunos se preguntaron en su momento, sin haber tenido ninguna respuesta, porqué se designaban en importantes tareas del gobierno democrático a personeros que habían tenido una actuación pública destacada en la desestabilización y caída del gobierno del Presidente Allende, como fue el caso de Federico Willoughby, por nombrar solamente a uno que ocupó durante largo tiempo oficina en La Moneda; o la razón del nombramiento de algunas altas autoridades del Ejercito que fueron testigos o que de alguna manera, aunque haya sido indirecta, estuvieron relacionadas con violaciones a los derechos humanos; o el apresuramiento institucional por liberar a Pinochet de su presidio en Londres en el que José Miguel Insulza se transforma en el portavoz de aquellos que exigían la devolución del senador vitalicio, tema del que Ricardo Lagos Escobar se desentiende.
La DESIGUALDAD fue otro tema que no se abordó adecuadamente. Recuerdo como nuestra clase política, en el año 2002, hace caso  omiso de lo que David de Ferranti, Vicepresidente del Banco Mundial, expuso en su informe sobre las desigualdades en Latinoamérica, destacando que Chile era el país más desigual del continente y uno de los más desiguales del mundo. Hubo muy pocos  comentarios en los medios de comunicación absolutamente controlados por la derecha. Muchos de los dirigentes de la Concertación guardaron un silencio cómplice, ignorando igualmente el mencionado informe. Recientemente, la derecha política ha llegado a sostener que en Chile las desigualdades son muy leves y a poner en duda científicos indicadores metodológicos como el coeficiente de Gini que mide el grado de desigualdad existente en materia de redistribución del ingreso.
Las desigualdades en Chile no se dan solamente en el terreno de la educación, tan cuestionada por la ciudadanía, sino en el terreno de la salud, convertida en la gran injusticia nacional y en un negocio de proporciones sin límites, en el de las pensiones, en el de los salarios, en las discriminaciones por sexo, por raza, por origen étnico, en las limitaciones de nuestra legislación del trabajo que en síntesis, hasta el día de hoy, es casi la misma que promulgó en 1979 el hermano del ex gobernante José Piñera y que fuera conocida como el Plan Laboral. Las rigideces impuestas por la dictadura a la libertad sindical, a la sindicalización, a la negociación colectiva, a las indemnizaciones por años de servicio, a la protección en general del trabajador, no han variado en lo esencial y las pocas evoluciones positivas han sido gracias a los dictámenes emanados de la Dirección del Trabajo.
Las desigualdades se dan también en las posibilidades de participación ciudadana en los asuntos públicos o en las estructuras políticas. Esto es válido para el conjunto de la clase política, tanto de izquierda, de centro, o de derecha, pues se han constituido herméticos centros de poder que operan como castas, permitiendo el acceso solo a familiares o a aquellos más incondicionales y descartando las voces disidentes. La crisis de credibilidad actual, el gran rechazo ciudadano a los partidos políticos y a sus dirigentes explicitado en todas las encuestas de opinión existentes, es una muestra preocupante para la democracia y es el reflejo del autoritarismo que ha existido y perdura en el conjunto de la clase política.

Avances y acentuación de la  crisis

A pesar de que durante la Concertación, fundamentalmente durante el gobierno de Ricardo Lagos, se logró una importante cantidad de paulatinas reformas a la Constitución impuesta durante la dictadura, cuyo artífice fue una de las figuras emblemáticas del pinochetismo, convertido en divinidad nacional por los más ortodoxos de la derecha, el texto magno continuaba conservando su deslegitimado origen y los vestigios de su fuerte autoritarismo, entre los que se destacaba el sistema binominal que  hasta los primeros cuatro meses de 2015 imperó todopoderoso, al igual que la fuerte dosis de presidencialismo que reduce al parlamento a su más mínima expresión y lo disminuye ante la población.
Todo lo anteriormente mencionado, que muestra  una profunda crisis ética producto del modelo económico y social impuesto por la dictadura y  que repercutirá en el sistema político y en la relación con la ciudadanía, fue percibido por la candidata Bachelet antes de ser electa y en su programa incluye las propuestas necesarias para superar de manera concluyente algunas de estas  debilidades democráticas. Siendo ya presidenta y con el apoyo de la Nueva Mayoría, logra imponer algunas reformas sustantivas tendentes a reducir la fuerte desigualdad. Entre ellas, se puede mencionar la primera fase de una  necesaria reforma educacional, una reforma tributaria,  además de la promulgación de leyes encaminadas a terminar con la discriminación y el anuncio de otras esenciales medidas entre las que se contaban el fin del sistema binominal, una reforma laboral y otras propuestas de tipo valórico.
Todos estos significativos esfuerzos, enormemente apreciados por la ciudadanía, a pesar del intenso  debate que originaron, fueron eclipsados por la irrupción del caso Caval, por el largo silencio de la afectada presidenta, por las diletancias de su hijo, por las torpes declaraciones de su nuera, por las vacilaciones y contradicciones del equipo político del gobierno, unido al descubrimiento de los financiamientos de SQM que afecta no solamente a la derecha política, sino también a personeros políticos de izquierda o a instituciones de investigación y debate ligadas al pensamiento progresista.
La inmoralidad de la derecha política y económica se ve ocultada por el impacto de Caval y de las aristas de SQM, a pesar de la evidencia de financiamientos ilegales a uno de sus principales  partidos políticos y a la imputación por el Ministerio Público de dirigentes, de la más alta importancia, de los oligárquicos partidos de la derecha.  Hasta este momento continúan apareciendo nombres de gobernantes como  el del ex presidente Piñera y de su Ministro de relaciones exteriores que son mencionados en algunas  investigaciones. Claro, la derecha sabe manejar estas situaciones, como ha sabido blanquear sus latrocinios, sus crímenes y complicidades con la dictadura. En esto son maestros y la ciudadanía a podido apreciar en los medios de comunicación no solamente a políticos de apellidos mercuriales convertidos en el cura Hasbún  del siglo 21, sino también a figuras muy objetivas y destacadas  del periodismo nacional que, tal vez deseosas de transparentar los hechos ante la opinión pública o por un afán de  convertirse en predicadores de la probidad, no han titubeado en condenar antes de conocer la verdad, recurriendo incluso a rumores infundados, causando un mal a las personas, a la política y al país.

 ¿Y ahora cómo hacemos?

 Es difícil y hasta pretencioso aventurar propuestas o pontificar sobre el tema. No obstante hay algunas cuestiones de sentido común político que necesariamente nos deben orientar para superar esta profunda crisis de principios, de  legitimidad, de confianza.
La presidenta, el gobierno y la totalidad de los partidos políticos, tanto de de la derecha como de la Nueva Mayoría han entendido que es necesario un gran acuerdo político para restablecer la confianza ciudadana. Ese acuerdo, cuyo tímido  primer paso se ha dado recientemente con el  acuerdo político que suscribieron a inicios de abril algunos partidos de la Nueva Mayoría y la Alianza ante la responsabilidad que les compete por la crisis que se vive, debe necesariamente ampliarse a todo el espectro político, propender a la transparencia, a la verdad, a la justicia, a la no impunidad y a una recomposición de las estructuras partidarias en que se dé una participación a la militancia y a los anhelos de la ciudadanía. Sin partidos políticos no hay democracia y eso es bueno entenderlo. Sin partidos políticos probos y democráticos que recojan las aspiraciones de los ciudadanos y de sus militantes existe el peligro de la desafección, de la pérdida de confianza y sobretodo del autoritarismo y del populismo.
Ha sido muy importante que la presidenta Bachelet haya retomado su liderazgo y la conducción del país en medio de su profundo dolor por la acción de sus cercanos familiares y de las tragedias naturales que han afectado a Chile. Su primera declaración pública sobre los acontecimientos que la concernían directamente, aunque tímida, fue un primer paso hacia el difícil restablecimiento de las confianzas perdidas.
Sin embargo hay tres cuestiones de importancia sustantiva que están contribuyendo  sin lugar a dudas  a superar las crisis existentes.
La primera de ellas ha sido  la voluntad expresada por la mandataria y sus equipos de continuar con las reformas enunciadas en su programa. En ese sentido fue muy significativa la promulgación del proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y en el que se fortalece la representatividad del Congreso Nacional, poniendo, de esta manera, fin a 25 años de un sistema antidemocrático.
La segunda es el anuncio realizado el  10 de marzo de  la constitución delConsejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción”, encabezado por el Profesor Titular de la Universidad de Chile, Eduardo Engel.
El Consejo, integrado por personalidades  de diversos pensamientos democráticos,  tenía un plazo de 45 días para dar a conocer sus propuestas las que fueron sometidas a consideración de la presidenta el 24 de abril de 2015. Los temas que allí se abordaron fueron diversos, pero vinculados  con la relación política-dinero,  con la corrupción y los mecanismos indispensables para evitarla, con los conflictos de interés, con el financiamiento de la política, con las maneras de evitar los abusos del mercado. Las propuestas destinadas a la recuperación de lo que el Consejo denomina la fe pública fueron el colorario de esas discusiones. 
La tercera  fue el anuncio de Bachelet en cadena nacional del informe del Consejo y de sus propuestas y de su voluntad de que sean discutidas, enriquecidas e implementadas.
Es altamente probable que exista un consenso nacional para recoger u enriquecer la mayoría de lo propuesto y es imprescindible que se establezcan límites claros para que las autoridades municipales, diputados  y senadores no puedan ser reelectos por más de dos períodos. De igual forma habrá que reducir considerablemente el gasto de las campañas y transparentar a todos los niveles los aportes de privados, descartando de pleno cualquier financiamiento de parte de las empresas.
La recomposición del funcionamiento de los partidos políticos es otra tarea que tendrá que ser abordada. Si beneficiarán de aportes estatales es necesario transparentar y readecuar sus estructuras, sus financiamientos, sus bienes,  sus normas de funcionamiento y la actualización de los listados de sus militantes. Ello podría permitir recuperar algo de la confianza ciudadana.
Finalmente hay que resaltar de una manera extremadamente positiva el hecho de que la presidenta Bachelet haya igualmente anunciado  que en vías de redactar una nueva Carta Magna, se iniciará en el mes de septiembre de 2015 un “proceso constituyente” a través de debates, consultas y cabildos ciudadanos, abriendo el camino, sin decirlo explícitamente, a una reforma constitucional democrática a través de los  mecanismos jurídicos  más viables, sin descartar la Asamblea Constituyente.
Un tema pendiente y de proporciones, es el proyecto de reforma laboral que se examina. A pesar de propuestas significativas para ir en el sentido  de los principios de la libertad sindical y de la negociación colectiva consagrados en las normas de la OIT, aún existen reticencias para establecer algunos derechos fundamentales entre los que sobresale el de la negociación colectiva por rama de actividad económica y  terminar con las limitaciones al derecho de huelga.
Hay tenemos  muchos caminos que abrir y  nos queda  bastante  por  caminar para superar esta debacle.
 
 

martes, 17 de febrero de 2015

ALERTA ROJA


                                                                                                                                              



Todo está ardiendo. El verano 2014/2015 promete ser uno de los más tórridos de los últimos años en el cono sur de Latinoamérica. Ha sido tal la magnitud de la onda calórica que no solo se han sofocado aquellos que habitan en las áreas urbanas pobres, entre bloques de cemento y sin árboles que los cobijen; sino que también ha contribuido a un incremento de incendios forestales en Argentina y chile, que no terminan nunca de apagarse. Hasta los volcanes con sus rojas erupciones han contribuido a este terrícola infierno, haciendo que el fuego se extienda hacia la política.

 

Quienes hayan observado lo que ocurre en los diferentes países de la región quedarán sorprendidos al ver que  impactantes noticias como  el asesinato de los estudiantes mexicanos, los escándalos de corrupción de la esposa de Ollanta Humala, el desastroso panorama venezolano o el histórico acuerdo entre Obama y Raúl Castro para poner fin al bloqueo económico han sido dejadas de lado por los medios de comunicación  para privilegiar  peculiares situaciones que se han producido en Argentina y Chile, algunas de las cuales se arrastran desde hace mucho antes.

 

La primera llamita salió del calibre 22 con el que se suicidó o asesinaron al fiscal Alberto Nisman en el mes de enero, justo cuando dicen que se alistaba para presentar una serie de aparentes pruebas contra Cristina Fernández y otros personeros, entre los cuales se encontraba el Ministro de Relaciones exteriores Héctor Timerman y el diputado Larroque. Pretendía acusarlos de encubrir a importantes iraníes involucrados en el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina de la ciudad de Buenos Aires en el que murieron 85 personas. Al parecer el fiscal vislumbraba igualmente la posibilidad de solicitar el arresto de la presidenta, según lo confirmó tardíamente la fiscal Fein que ahora  lleva el caso por la muerte de Nisman.

 

En honor a la verdad, hasta el momento nadie ha ido al fondo de esas pruebas y aunque el eventual asesinato al único que perjudica es al gobierno actual, las sucesivas y contradictorias declaraciones de la bella Cristina a través de su cuenta de Twitter atizaron aún más el fuego, pues un día decía que no era suicidio y al otro día decía que sí y luego volvía a decir que no, involucrando a medio mundo; entre otros, y con justa razón, a los corruptos servicios de inteligencia. Su jefe de gabinete, Capitanich, indignado por las publicaciones en las que se daba cuenta de un documento en borrador en el que se expresa la voluntad de Nisman de detener a la Kirchner, hizo trizas en público el ejemplar de Clarín que informó del asunto.

 

¿Arderá Buenos Aires? Es aún prematuro para saberlo y muy probablemente todo esto haya sido  un cruel escenario montado por la oposición. Recientemente, el día 26 de febrero, el juez federal Daniel Rafecas decidió desestimar la denuncia que había hecho el fallecido fiscal Alberto Nisman en contra de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, por encubrimiento a Irán en el marco del caso AMIA, por inexistencia de delito, de acuerdo al art. 180 del Código de Procedimiento Penal de Argentina. No obstante, el escándalo político ha sido de proporciones, la temperatura está aún  más alta que lo normal a algunos meses de las primarias y de la presidencial y Cristinita, aunque sea completamente inocente, saldrá a lo menos con las alitas chamuscadas.

 

Cuando Carlos Alberto Délano, más conocido como “el choclo”,  Carlos Eugenio Lavín y sus secuaces pensaban que ya habían pasado agosto, el Servicio de Impuestos Internos de Chile los denunció por fraude junto a una  serie de personas ligadas a las empresas del grupo  Penta de la que  ambos son propietarios. Esto no habría sido una noticia mayor sino es porque un ex gerente del grupo, molesto porque Délano y Lavín no accedieron a sus solicitudes económicas, hizo pública la relación financiera existente entre el Grupo Penta y connotados políticos, pertenecientes en su mayoría a la Unión Demócrata Independiente; entre ellos, un ex candidato presidencial de la UDI, un ex senador, una conocida parlamentaria, un ex subsecretario de Minería, además del ex Ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet en su anterior período. Todos habrían recibido jugosas sumas de dinero destinadas a financiar sus campañas políticas y en determinados casos a aumentar sus  ingresos  de servidores públicos a cambio de intervenciones a favor del grupo. Todo ello investigado seriamente por la justicia durante los calurosos meses de verano y hasta el cierre de esta crónica continuaban apareciendo nombres de personalidades políticas ligadas a otros partidos.

 

La derecha chilensis se desplomaba ante la opinión pública y casi todos pedían perdón a gritos. Las encuestas los dejaban con los porcentajes de aprobación más bajos de la historia, mientras la presidente Bachelet y la Nueva Mayoría aumentaban considerablemente el prestigio inicialmente disminuido,  convirtiendo en ley una serie de proyectos de reformas emblemáticas como la tributaria, la educacional y el acuerdo de unión civil, además de anunciar la presentación ante el parlamento de una reforma laboral y una propuesta para legalizar el aborto terapéutico en tres situaciones complejas. Todo iba viento en popa, hasta que el diablo, tal vez entusiasmado por el calorcito veraniego, metió su cola.

 

Resulta que con su simpático atuendo, no titubeó, Sebastián Dávalos en protagonizar uno de los espectáculos más grotescos y censurables en  que se haya involucrado una figura pública en tiempos de democracia, ocupando un cargo estatal de relevancia, aunque sea ad-honorem, e hijo además de la Presidenta   de la República en ejercicio. Dávalos utilizó, a lo mejor sin querer queriendo, su vínculo familiar con la presidenta para obtener un millonario préstamo de parte de un conocido banco de la plaza en beneficio de una sociedad, de la cual su  esposa es una de las propietarias, para la compra de unos terrenos que se convirtieron rápidamente en constructibles en una prometedora zona rural, los que luego se vendieron obteniendo importantísimas utilidades. La justicia investiga  la legalidad de todas estas operaciones en las que también se involucra el vice presidente y casi  dueño de la conocida entidad bancaria.

Probablemente la acción de Dávalos no constituya delito ante la justicia y aunque haya renunciado de su función y al partido Socialista, su actitud ha constituido una violación a la ética que el Soberano no olvidará ni perdonará fácilmente. Tampoco lo olvidará su madre, que aunque, sin lugar a dudas, inocente, cargará con una amargura tremenda y su imagen presidencial disminuirá enormemente.

 

La derecha aprovechó de inmediato de la situación y lo más granado de sus odiantes vociferaban pidiendo las máximas penas del infierno, olvidando sus pasados y actuales latrocinios.  ¿Qué dijeron los voceros de gobierno? ¿Qué opinaron los partidos de la Nueva Mayoría? ¿Cómo reaccionó el Partido Socialista en el que Dávalos milita? Algunos callaron, otros cubrieron el hecho argumentando que era un negocio entre privados y ya bastante tarde condenaron.

En nuestro país la historia de los escándalos de corrupción de parte del poder político es cosa antigua y abundante, aunque seriamente nos creamos el cuento de la probidad. Desde el jocoso pensamiento Ibañista del que “quien toca Ministerio no agarra camioneta” hasta las innumerables fechorías, propias y  familiares, del dictador adorado de la UDI y RN y del bullado acuerdo Lagos- Longueira del año 2003, hay muchos otros ejemplos, antiguos y más recientes, que empañan nuestro mal habido  prestigio.

Sin embargo, en la medida que  la consternación, la ira y el desencanto aumentan y atormentan a quienes aun creen en una sociedad más justa e igualitaria crece y se comienza a consolidar la idea que, para superar la crisis que afecta a la política chilena luego de la flagrante relación entre política y dinero que conllevan los casos mencionados, se hace necesario un gran acuerdo nacional tendente a la elaboración de medidas de lucha contra la corrupción.

Ya hubo en Latinoamérica acuerdos similares ante actos de corrupción análogos. Basta recordar el caso de Nicaragua en el que el  Presidente de la República y máxima autoridad del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, estableció un acuerdo de gobernabilidad  con el ultra derechista Arnoldo Alemán a través de una reforma parcial de la Constitución, por medio de la Ley 330 del 18 de Enero del 2000, en la que entre otros aspectos se instaura el bipartidismo  y se establece una inmunidad y protección por actos de corrupción. Este acuerdo constitucional ha sido más conocido como El Pacto y esperamos que no sea fuente de inspiración para nuestra clase política.

El daño que este verano caliente le acarreará a la política chilena es impredecible, pero sin dudas, luego de estos devastadores incendios, si algo de honorabilidad les queda a nuestras elites dirigentes, una rectificación y refundación son  imprescindibles.