Todo está ardiendo. El verano 2014/2015 promete ser uno de los más tórridos de los últimos años en el cono sur de Latinoamérica. Ha sido tal la magnitud de la onda calórica que no solo se han sofocado aquellos que habitan en las áreas urbanas pobres, entre bloques de cemento y sin árboles que los cobijen; sino que también ha contribuido a un incremento de incendios forestales en Argentina y chile, que no terminan nunca de apagarse. Hasta los volcanes con sus rojas erupciones han contribuido a este terrícola infierno, haciendo que el fuego se extienda hacia la política.
Quienes hayan observado lo que ocurre en los
diferentes países de la región quedarán sorprendidos al ver que impactantes noticias como el asesinato de los estudiantes mexicanos,
los escándalos de corrupción de la esposa de Ollanta Humala, el desastroso panorama
venezolano o el histórico acuerdo entre Obama y Raúl Castro para poner fin al
bloqueo económico han sido dejadas de lado por los medios de comunicación para privilegiar peculiares situaciones que se han producido
en Argentina y Chile, algunas de las cuales se arrastran desde hace mucho
antes.
La primera llamita salió del calibre 22 con el
que se suicidó o asesinaron al fiscal Alberto Nisman en el mes de enero, justo
cuando dicen que se alistaba para presentar una serie de aparentes pruebas
contra Cristina Fernández y otros personeros, entre los cuales se encontraba el
Ministro de Relaciones exteriores Héctor Timerman y el diputado Larroque.
Pretendía acusarlos de encubrir a importantes iraníes involucrados en el
atentado de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina de la ciudad de
Buenos Aires en el que murieron 85 personas. Al parecer el fiscal vislumbraba
igualmente la posibilidad de solicitar el arresto de la presidenta, según lo
confirmó tardíamente la fiscal Fein que ahora
lleva el caso por la muerte de Nisman.
En honor a la verdad, hasta el momento nadie ha
ido al fondo de esas pruebas y aunque el eventual asesinato al único que
perjudica es al gobierno actual, las sucesivas y contradictorias declaraciones
de la bella Cristina a través de su cuenta de Twitter atizaron aún más el
fuego, pues un día decía que no era suicidio y al otro día decía que sí y luego
volvía a decir que no, involucrando a medio mundo; entre otros, y con justa
razón, a los corruptos servicios de inteligencia. Su jefe de gabinete,
Capitanich, indignado por las publicaciones en las que se daba cuenta de un
documento en borrador en el que se expresa la voluntad de Nisman de detener a
la Kirchner, hizo trizas en público el ejemplar de Clarín que informó del
asunto.
¿Arderá Buenos Aires? Es aún prematuro para saberlo y muy probablemente
todo esto haya sido un cruel escenario
montado por la oposición. Recientemente, el día 26 de febrero, el juez federal Daniel
Rafecas decidió desestimar la denuncia que había hecho el fallecido fiscal Alberto
Nisman en contra de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, por encubrimiento a
Irán en el marco del caso AMIA, por inexistencia de delito, de acuerdo al art.
180 del Código de Procedimiento Penal de Argentina. No obstante,
el escándalo político ha sido de proporciones, la temperatura está aún más alta que lo normal a algunos meses de las
primarias y de la presidencial y Cristinita, aunque sea completamente inocente,
saldrá a lo menos con las alitas chamuscadas.
Cuando Carlos Alberto Délano, más conocido como
“el choclo”, Carlos Eugenio Lavín y sus
secuaces pensaban que ya habían pasado agosto, el Servicio de Impuestos
Internos de Chile los denunció por fraude junto a una serie de personas ligadas a las empresas del
grupo Penta de la que ambos son propietarios. Esto no habría sido
una noticia mayor sino es porque un ex gerente del grupo, molesto porque Délano
y Lavín no accedieron a sus solicitudes económicas, hizo pública la relación
financiera existente entre el Grupo Penta y connotados políticos,
pertenecientes en su mayoría a la Unión Demócrata Independiente; entre ellos,
un ex candidato presidencial de la UDI, un ex senador, una conocida
parlamentaria, un ex subsecretario de Minería, además del ex Ministro de
Hacienda de la presidenta Bachelet en su anterior período. Todos habrían recibido
jugosas sumas de dinero destinadas a financiar sus campañas políticas y en
determinados casos a aumentar sus
ingresos de servidores públicos a
cambio de intervenciones a favor del grupo. Todo ello investigado seriamente
por la justicia durante los calurosos meses de verano y hasta el cierre de esta
crónica continuaban apareciendo nombres de personalidades políticas ligadas a
otros partidos.
La derecha chilensis se desplomaba ante la
opinión pública y casi todos pedían perdón a gritos. Las encuestas los dejaban
con los porcentajes de aprobación más bajos de la historia, mientras la
presidente Bachelet y la Nueva Mayoría aumentaban considerablemente el
prestigio inicialmente disminuido,
convirtiendo en ley una serie de proyectos de reformas emblemáticas como
la tributaria, la educacional y el acuerdo de unión civil, además de anunciar
la presentación ante el parlamento de una reforma laboral y una propuesta para
legalizar el aborto terapéutico en tres situaciones complejas. Todo iba viento
en popa, hasta que el diablo, tal vez entusiasmado por el calorcito veraniego,
metió su cola.
Resulta que con su simpático atuendo, no
titubeó, Sebastián Dávalos en protagonizar uno de los espectáculos más
grotescos y censurables en que se haya
involucrado una figura pública en tiempos de democracia, ocupando un cargo
estatal de relevancia, aunque sea ad-honorem, e hijo además de la
Presidenta de la República en
ejercicio. Dávalos utilizó, a lo mejor sin querer queriendo, su vínculo
familiar con la presidenta para obtener un millonario préstamo de parte de un
conocido banco de la plaza en beneficio de una sociedad, de la cual su esposa es una de las propietarias, para la
compra de unos terrenos que se convirtieron rápidamente en constructibles en
una prometedora zona rural, los que luego se vendieron obteniendo
importantísimas utilidades. La justicia investiga la legalidad de todas estas operaciones en las
que también se involucra el vice presidente y casi dueño de la conocida entidad bancaria.
Probablemente la acción de Dávalos no constituya
delito ante la justicia y aunque haya renunciado de su función y al partido
Socialista, su actitud ha constituido una violación a la ética que el Soberano
no olvidará ni perdonará fácilmente. Tampoco lo olvidará su madre, que aunque,
sin lugar a dudas, inocente, cargará con una amargura tremenda y su imagen
presidencial disminuirá enormemente.
La derecha aprovechó de inmediato de la
situación y lo más granado de sus odiantes vociferaban pidiendo las máximas
penas del infierno, olvidando sus pasados y actuales latrocinios. ¿Qué dijeron los voceros de gobierno? ¿Qué
opinaron los partidos de la Nueva Mayoría? ¿Cómo reaccionó el Partido
Socialista en el que Dávalos milita? Algunos callaron,
otros cubrieron el hecho argumentando que era un negocio entre privados y ya
bastante tarde condenaron.
En nuestro país la historia de los escándalos de
corrupción de parte del poder político es cosa antigua y abundante, aunque seriamente
nos creamos el cuento de la probidad. Desde el jocoso pensamiento Ibañista del
que “quien toca Ministerio no agarra camioneta” hasta las innumerables
fechorías, propias y familiares, del
dictador adorado de la UDI y RN y del bullado acuerdo Lagos- Longueira del año
2003, hay muchos otros ejemplos, antiguos y más recientes, que empañan nuestro
mal habido prestigio.
Sin embargo, en la medida que la consternación, la ira y el desencanto aumentan
y atormentan a quienes aun creen en una sociedad más justa e igualitaria crece
y se comienza a consolidar la idea que, para superar la crisis que afecta a la
política chilena luego de la flagrante relación entre política y dinero que
conllevan los casos mencionados, se hace necesario un gran acuerdo nacional
tendente a la elaboración de medidas de lucha contra la corrupción.
Ya hubo en Latinoamérica acuerdos similares ante
actos de corrupción análogos. Basta recordar el caso de Nicaragua en el que
el Presidente de la República y máxima autoridad
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, estableció un acuerdo de gobernabilidad
con el ultra derechista Arnoldo Alemán a través de una reforma parcial
de la Constitución, por medio de la Ley 330 del 18 de Enero del 2000, en la que
entre otros aspectos se instaura el bipartidismo y se establece una inmunidad y protección por
actos de corrupción. Este acuerdo constitucional ha sido más conocido como El
Pacto y esperamos que no sea fuente de inspiración para nuestra clase política.
El daño que este verano caliente le acarreará a la política chilena es
impredecible, pero sin dudas, luego de estos devastadores incendios, si algo de
honorabilidad les queda a nuestras elites dirigentes, una rectificación y
refundación son imprescindibles.