El inicio
Resultaba muy difícil imaginar en
agosto de 2014, cuando el SII denuncia por fraude al fisco a los principales
directivos del Grupo Penta, las consecuencias políticas que ello acarrearía al
descubrirse, en la medida que la investigación avanzaba, las enormes implicancias
entre la política y el dinero y las corrupciones y cohechos en que estaban
involucrados connotadas personalidades
de nuestro país pertenecientes a los más diversos espectros políticos. En ese
momento el prestigio de la presidenta Bachelet aumentaba considerablemente y
sus emblemáticas reformas la posicionaban
en un liderazgo indiscutido, hasta que en febrero de 2015 la opinión
pública se estremece al tomar conocimiento del llamado caso CAVAL, nombre de de
la empresa que realiza un tremendo negociado,
con tráfico de influencias, en que están
directamente involucrados el hijo de la presidenta, su nuera quien es socia de
CAVAL y un reputado banquero.
Como si lo anterior no fuera
suficiente, se suman a ellos los nuevos descubrimientos que arrojan las
investigaciones de la fiscalía y del SII en los que aparecen implicadas empresas
como SQM y su principal accionista, el yerno del dictador Pinochet, ligadas a boletas
fraudulentas y a obscuros financiamientos a connotadas figuras de la izquierda chilena y de la
Democracia Cristiana que formaron parte
de la antigua Concertación o pertenecen a la actual Nueva Mayoría, junto a
varios políticos de renombre de la
derecha criolla entre los que se cuenta el ex presidente Piñera y algunos de
sus Ministros y Subsecretarios.
Los efectos de estos escándalos se
hicieron sentir de inmediato, acentuando el descrédito y desprestigio ante la
ciudadanía de los partidos, de la política, de sus dirigentes, de algunas de
nuestras venerables instituciones republicanas y hasta de la presidenta
Bachelet cuya histórica alta popularidad descendió a los más bajos niveles con
un 31% de aprobación y 61% de desaprobación según la encuesta ADIMARK referida
a marzo de 2015.
Se habla como producto de lo
anterior, de una gran crisis de confianza que afecta a la sociedad en su
conjunto, acentuando aún más el abismo existente entre la ciudadanía y
el sistema político que, entre
otros aspectos, se visualizaba en la negativa percepción que las personas tienen
de algunas instituciones republicanas,
de los partidos políticos, de sus dirigentes, del parlamento y sobretodo en la
fuerte abstención observada en los actos electorales.
Interrogantes complicadas
¿La corrupción, los tráficos de
influencias, los conflictos de interés conocidos en los últimos ocho meses son los solos causantes de esta crisis? ¿Se trata de un fenómeno nuevo
en un Chile que se enorgullece de su probidad? ¿La falta de transparencia en
los recursos proporcionados por la empresas a la política y la no existencia de
un financiamiento estatal adecuado a los
partidos, son los solos causantes de esta fenomenal crisis que ha hecho que los
perseguidos de ayer recurran a sus antiguos esbirros para solventar sus
campañas o que significativas figuras de la derecha más tradicional que
predicaron probidad y transparencia en cuanto foro encontraban a mano hoy estén
seriamente implicados en corrupción, cohecho y soborno?.
Conviene decir, en primer lugar, que
si damos una mirada serena a lo ocurrido en los últimos cuarenta años es fácil
observar que los escándalos de corrupción emergen durante el período de la
dictadura militar en los que se implican tanto civiles como militares.
Los actos de corrupción se dan en el
marco de un modelo económico, político, cultural y social de corte neoliberal que se pone en
experimentación en Chile, mucho antes de
los acuerdos Reagan-Thatcher de los años 80 en que se globaliza el
neoliberalismo y que además de las transformaciones económicas, conllevarán una
profunda mutación ética en la que predominará el individualismo por sobre la
solidaridad y el exitismo financiero como principio. La corrupción se
materializa por medio de la privatización de empresas del estado,
la adjudicación de recursos naturales, mineros, hídricos etc., a civiles
cercanos a la dictadura y a represivos y fieles militares, en una suerte de piñata nicaragüense;
se da igualmente a través del
rescate de la banca privada con fondos del patrimonio nacional, de la
privatización de la educación, de la salud, de las pensiones; de las
indemnizaciones exorbitantes y arbitrarias que se fijaron los servidores
públicos y miembros del poder judicial , además de muchos otros ejemplos en que
el latrocinio y el lucro aparecen como
leitmotiv.
Durante el largo período de transición
a la democracia a partir de los 90, observamos atónitos la inercia o el temor
de nuestros gobernantes a algunas relevantes
cuestiones de corrupción y de abuso de poder que ocurrieron. Nos cuesta entender porqué la
ciudadanía y la militancia de los partidos de la Concertación, en esos años, no
tuvimos respuestas acerca de la tolerancia de los gobiernos democráticos en
algunas materias complejas como lo fueron el negociado de la quebrada empresa Valmoval
que el hijo del dictador vendió al ejército y que el estado chileno debió
solventar en su integralidad bajo la amenaza de un nuevo golpe de estado. Penan
aún los casos Riggs, Cema-Chile, Inverlink, Chispas, Toldos y el bullado MOP-GATE
que culmina con el acuerdo Lagos-Longueira para modernizar el Estado. Es igualmente preocupante el hecho que nunca se informó o se transparentaron los
fondos que se recibieron del exterior para el financiamiento de las campañas
políticas de algunos de los más importantes dirigentes de la izquierda chilena
o el intempestivo enriquecimiento de algunos líderes concertacionistas que se
reconvirtieron en empresarios. Menos información hubo de la utilización de los
fondos reservados de algunos importantes ministerios.
Respuestas
superficiales, olvidos voluntarios
Después de la derrota sufrida por la concertación y del
triunfo de la derecha que luego de medio siglo accede al gobierno a través del voto popular, hubo un sinnúmero de
inconexas explicaciones de la hecatombe que, más que análisis serios sobre el
comportamiento ciudadano, se centraron , las más de las veces, en
recriminaciones que no entraron en lo sustantivo. Tampoco se reflexionó en las
medidas necesarias para ir hacia una recomposición de los partidos, de sus
plataformas ideológicas, del recambio de sus dirigencias y hacia un
acercamiento con la ciudadanía.
Hubo además
otras cuestiones de gran significación que en general fueron ignoradas. Me
refiero al perverso legado ético, cultural y político que nos dejó la
dictadura, avalado de manera explícita o con el consentimiento tácito de una
buena mayoría de los demócratas que nos
gobernaron, de legisladores y de miembros del poder judicial.
Muchos se han
preguntado y todavía se preguntan cuáles fueron las razones que una coalición
democrática gobernante o algunos de sus integrantes, con dos partidos
etiquetados de izquierda, con pasado socialista y con algunos dirigentes auto
confesos de ser marxistas leninistas no haya levantado su voz con energía para
explicar a la ciudadanía o a los militantes de sus partidos el porqué una
fuerza democrática, progresista, anunciadora del cambio social, de la alegría,
se convierte paulatinamente en administradora de una gestión eminentemente
neoliberal en lo económico, tímidamente progresista en lo político e incapaz en
veinte años de gobierno, de realizar las transformaciones políticas y sociales
que las grandes mayorías esperaban
Algunos se
preguntaron en su momento, sin haber tenido ninguna respuesta, porqué se
designaban en importantes tareas del gobierno democrático a personeros que
habían tenido una actuación pública destacada en la desestabilización y caída
del gobierno del Presidente Allende, como fue el caso de Federico Willoughby,
por nombrar solamente a uno que ocupó durante largo tiempo oficina en La
Moneda; o la razón del nombramiento de algunas altas autoridades del Ejercito
que fueron testigos o que de alguna manera, aunque haya sido indirecta,
estuvieron relacionadas con violaciones a los derechos humanos; o el
apresuramiento institucional por liberar a Pinochet de su presidio en Londres
en el que José Miguel Insulza se transforma en el portavoz de aquellos que
exigían la devolución del senador vitalicio, tema del que Ricardo Lagos Escobar
se desentiende.
La DESIGUALDAD fue otro
tema que no se abordó adecuadamente. Recuerdo como
nuestra clase política, en el año 2002, hace caso omiso de lo que David de Ferranti,
Vicepresidente del Banco Mundial, expuso en su informe sobre las desigualdades
en Latinoamérica, destacando que Chile era el país más desigual del continente
y uno de los más desiguales del mundo. Hubo muy pocos comentarios en los medios de comunicación
absolutamente controlados por la derecha. Muchos de los dirigentes de la
Concertación guardaron un silencio cómplice, ignorando igualmente el mencionado
informe. Recientemente, la derecha política ha llegado a sostener que en Chile
las desigualdades son muy leves y a poner en duda científicos indicadores
metodológicos como el coeficiente de Gini que mide el grado de desigualdad
existente en materia de redistribución del ingreso.
Las
desigualdades en Chile no se dan solamente en el terreno de la educación, tan
cuestionada por la ciudadanía, sino en el terreno de la salud, convertida en la
gran injusticia nacional y en un negocio de proporciones sin límites, en el de las
pensiones, en el de los salarios, en las discriminaciones por sexo, por raza,
por origen étnico, en las limitaciones de nuestra legislación del trabajo que
en síntesis, hasta el día de hoy, es casi la misma que promulgó en 1979 el
hermano del ex gobernante José Piñera y que fuera conocida como el Plan
Laboral. Las rigideces impuestas por la dictadura a la libertad sindical, a la sindicalización,
a la negociación colectiva, a las indemnizaciones por años de servicio, a la
protección en general del trabajador, no han variado en lo esencial y las pocas
evoluciones positivas han sido gracias a los dictámenes emanados de la
Dirección del Trabajo.
Las
desigualdades se dan también en las posibilidades de participación ciudadana en
los asuntos públicos o en las estructuras políticas. Esto es válido para el
conjunto de la clase política, tanto de izquierda, de centro, o de derecha,
pues se han constituido herméticos centros de poder que operan como castas,
permitiendo el acceso solo a familiares o a aquellos más incondicionales y
descartando las voces disidentes. La crisis de credibilidad actual, el gran
rechazo ciudadano a los partidos políticos y a sus dirigentes explicitado en
todas las encuestas de opinión existentes, es una muestra preocupante para la
democracia y es el reflejo del autoritarismo que ha existido y perdura en el
conjunto de la clase política.
Avances y
acentuación de la crisis
A pesar de que
durante la Concertación, fundamentalmente durante el gobierno de Ricardo Lagos,
se logró una importante cantidad de paulatinas reformas a la Constitución
impuesta durante la dictadura, cuyo artífice fue una de las figuras
emblemáticas del pinochetismo, convertido en divinidad nacional por los más
ortodoxos de la derecha, el texto magno continuaba conservando su deslegitimado
origen y los vestigios de su fuerte autoritarismo, entre los que se destacaba
el sistema binominal que hasta los
primeros cuatro meses de 2015 imperó todopoderoso, al igual que la fuerte dosis
de presidencialismo que reduce al parlamento a su más mínima expresión y lo
disminuye ante la población.
Todo lo
anteriormente mencionado, que muestra
una profunda crisis ética producto del modelo económico y social
impuesto por la dictadura y que
repercutirá en el sistema político y en la relación con la ciudadanía, fue
percibido por la candidata Bachelet antes de ser electa y en su programa
incluye las propuestas necesarias para superar de manera concluyente algunas de
estas debilidades democráticas. Siendo
ya presidenta y con el apoyo de la Nueva Mayoría, logra imponer algunas
reformas sustantivas tendentes a reducir la fuerte desigualdad. Entre ellas, se
puede mencionar la primera fase de una necesaria
reforma educacional, una reforma tributaria,
además de la promulgación de leyes encaminadas a terminar con la
discriminación y el anuncio de otras esenciales medidas entre las que se contaban
el fin del sistema binominal, una reforma laboral y otras propuestas de tipo
valórico.
Todos estos
significativos esfuerzos, enormemente apreciados por la ciudadanía, a pesar del
intenso debate que originaron, fueron
eclipsados por la irrupción del caso Caval, por el largo silencio de la
afectada presidenta, por las diletancias de su hijo, por las torpes
declaraciones de su nuera, por las vacilaciones y contradicciones del equipo
político del gobierno, unido al descubrimiento de los financiamientos de SQM
que afecta no solamente a la derecha política, sino también a personeros
políticos de izquierda o a instituciones de investigación y debate ligadas al
pensamiento progresista.
La inmoralidad
de la derecha política y económica se ve ocultada por el impacto de Caval y de
las aristas de SQM, a pesar de la evidencia de financiamientos ilegales a uno
de sus principales partidos políticos y
a la imputación por el Ministerio Público de dirigentes, de la más alta
importancia, de los oligárquicos partidos de la derecha. Hasta este momento continúan apareciendo
nombres de gobernantes como el del ex
presidente Piñera y de su Ministro de relaciones exteriores que son mencionados
en algunas investigaciones. Claro, la
derecha sabe manejar estas situaciones, como ha sabido blanquear sus
latrocinios, sus crímenes y complicidades con la dictadura. En esto son
maestros y la ciudadanía a podido apreciar en los medios de comunicación no
solamente a políticos de apellidos mercuriales convertidos en el cura
Hasbún del siglo 21, sino también a
figuras muy objetivas y destacadas del
periodismo nacional que, tal vez deseosas de transparentar los hechos ante la
opinión pública o por un afán de
convertirse en predicadores de la probidad, no han titubeado en condenar
antes de conocer la verdad, recurriendo incluso a rumores infundados, causando
un mal a las personas, a la política y al país.
¿Y ahora
cómo hacemos?
La presidenta,
el gobierno y la totalidad de los partidos políticos, tanto de de la derecha
como de la Nueva Mayoría han entendido que es necesario un gran acuerdo
político para restablecer la confianza ciudadana. Ese acuerdo, cuyo tímido primer paso se ha dado recientemente con el acuerdo
político que suscribieron a inicios de abril algunos partidos de la Nueva
Mayoría y la Alianza ante la responsabilidad que les compete por la crisis que
se vive, debe necesariamente ampliarse a todo el espectro político, propender a
la transparencia, a la verdad, a la justicia, a la no impunidad y a una
recomposición de las estructuras partidarias en que se dé una participación a
la militancia y a los anhelos de la ciudadanía. Sin partidos políticos no hay
democracia y eso es bueno entenderlo. Sin partidos políticos probos y
democráticos que recojan las aspiraciones de los ciudadanos y de sus militantes
existe el peligro de la desafección, de la pérdida de confianza y sobretodo del
autoritarismo y del populismo.
Ha sido muy
importante que la presidenta Bachelet haya retomado su liderazgo y la
conducción del país en medio de su profundo dolor por la acción de sus cercanos
familiares y de las tragedias naturales que han afectado a Chile. Su primera
declaración pública sobre los acontecimientos que la concernían directamente,
aunque tímida, fue un primer paso hacia el difícil restablecimiento de las
confianzas perdidas.
Sin embargo hay
tres cuestiones de importancia sustantiva que están contribuyendo sin lugar a dudas a superar las crisis existentes.
La primera de ellas ha sido la voluntad expresada por la mandataria y sus
equipos de continuar con las reformas enunciadas en su programa. En ese sentido fue
muy significativa la promulgación del proyecto de ley
que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional
inclusivo y en el que se fortalece la representatividad del Congreso Nacional,
poniendo, de esta manera, fin a 25 años de un sistema antidemocrático.
La segunda es el anuncio realizado el 10 de marzo de la constitución del “Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, Tráfico de
Influencias y la Corrupción”, encabezado por el Profesor Titular de la
Universidad de Chile, Eduardo Engel.
El Consejo, integrado por
personalidades de diversos pensamientos
democráticos, tenía un plazo de 45 días
para dar a conocer sus propuestas las que fueron sometidas a consideración de
la presidenta el 24 de abril de 2015. Los temas que allí se abordaron fueron
diversos, pero vinculados con la
relación política-dinero, con la
corrupción y los mecanismos indispensables para evitarla, con los conflictos de
interés, con el financiamiento de la política, con las maneras de evitar los
abusos del mercado. Las propuestas destinadas a la recuperación de lo que el
Consejo denomina la fe pública fueron el colorario de esas discusiones.
La tercera fue el
anuncio de Bachelet en cadena nacional del informe del Consejo y de sus
propuestas y de su voluntad de que sean discutidas, enriquecidas e
implementadas.
Es altamente probable que
exista un consenso nacional para recoger u enriquecer la mayoría de lo
propuesto y es imprescindible que se establezcan límites claros para que las
autoridades municipales, diputados y
senadores no puedan ser reelectos por más de dos períodos. De igual forma habrá
que reducir considerablemente el gasto de las campañas y transparentar a todos
los niveles los aportes de privados, descartando de pleno cualquier
financiamiento de parte de las empresas.
La recomposición del
funcionamiento de los partidos políticos es otra tarea que tendrá que ser
abordada. Si beneficiarán de aportes estatales es necesario transparentar y
readecuar sus estructuras, sus financiamientos, sus bienes, sus normas de funcionamiento y la
actualización de los listados de sus militantes. Ello podría permitir recuperar
algo de la confianza ciudadana.
Finalmente hay que resaltar
de una manera extremadamente positiva el hecho de que la presidenta Bachelet
haya igualmente anunciado que en vías de
redactar una nueva Carta Magna, se iniciará en el mes de septiembre de 2015 un
“proceso constituyente” a través de debates, consultas y cabildos ciudadanos,
abriendo el camino, sin decirlo explícitamente, a una reforma constitucional democrática
a través de los mecanismos jurídicos más viables, sin descartar la Asamblea
Constituyente.
Un tema pendiente y de
proporciones, es el proyecto de reforma laboral que se examina. A pesar de
propuestas significativas para ir en el sentido de los principios de la libertad sindical y de
la negociación colectiva consagrados en las normas de la OIT, aún existen
reticencias para establecer algunos derechos fundamentales entre los que
sobresale el de la negociación colectiva por rama de actividad económica y terminar con las limitaciones al derecho de
huelga.
Hay tenemos muchos caminos que abrir y nos queda
bastante por caminar para superar esta debacle.