jueves, 30 de abril de 2015

¿Qué hacer después de la debacle?

                                                                                                                       Por Agustín Muñoz

 

El inicio

Resultaba muy difícil imaginar en agosto de 2014, cuando el SII denuncia por fraude al fisco a los principales directivos del Grupo Penta, las consecuencias políticas que ello acarrearía al descubrirse, en la medida que la investigación avanzaba, las enormes implicancias entre la política y el dinero y las corrupciones y cohechos en que estaban involucrados  connotadas personalidades de nuestro país pertenecientes a los más diversos espectros políticos. En ese momento el prestigio de la presidenta Bachelet aumentaba considerablemente y sus emblemáticas reformas la posicionaban  en un liderazgo indiscutido, hasta que en febrero de 2015 la opinión pública se estremece al tomar conocimiento del llamado caso CAVAL, nombre de de la empresa que realiza  un tremendo negociado, con tráfico de influencias,  en que están directamente involucrados el hijo de la presidenta, su nuera quien es socia de CAVAL y  un reputado banquero.
Como si lo anterior no fuera suficiente, se suman a ellos los nuevos descubrimientos que arrojan   las investigaciones de la fiscalía y del SII en los que aparecen implicadas empresas como SQM y su principal accionista, el yerno del dictador Pinochet, ligadas a boletas fraudulentas y a obscuros financiamientos a connotadas  figuras de la izquierda chilena y de la Democracia Cristiana  que formaron parte de la antigua Concertación o pertenecen a la actual Nueva Mayoría,  junto  a varios  políticos de renombre de la derecha criolla entre los que se cuenta el ex presidente Piñera y algunos de sus Ministros y Subsecretarios.
Los efectos de estos escándalos se hicieron sentir de inmediato, acentuando el descrédito y desprestigio ante la ciudadanía de los partidos, de la política, de sus dirigentes, de algunas de nuestras venerables instituciones republicanas y hasta de la presidenta Bachelet cuya histórica alta popularidad descendió a los más bajos niveles con un 31% de aprobación y 61% de desaprobación según la encuesta ADIMARK referida a marzo de 2015.
Se habla como producto de lo anterior, de una gran crisis de confianza que afecta a la sociedad en su conjunto, acentuando aún más el abismo existente entre la  ciudadanía y   el sistema político que, entre otros aspectos, se visualizaba en la negativa percepción que las personas tienen  de algunas instituciones republicanas, de los partidos políticos, de sus dirigentes, del parlamento y sobretodo en la fuerte abstención observada en los actos electorales.

Interrogantes complicadas

¿La corrupción, los tráficos de influencias, los conflictos de interés conocidos en los últimos  ocho meses son los solos causantes de  esta crisis? ¿Se trata de un fenómeno nuevo en un Chile que se enorgullece de su probidad? ¿La falta de transparencia en los recursos proporcionados por la empresas a la política y la no existencia de un financiamiento  estatal adecuado a los partidos, son los solos causantes de esta fenomenal crisis que ha hecho que los perseguidos de ayer recurran a sus antiguos esbirros para solventar sus campañas o que significativas figuras de la derecha más tradicional que predicaron probidad y transparencia en cuanto foro encontraban a mano hoy estén seriamente implicados en corrupción, cohecho y soborno?.
Conviene decir, en primer lugar, que si damos una mirada serena a lo ocurrido en los últimos cuarenta años es fácil observar que los escándalos de corrupción emergen durante el período de la dictadura militar en los que se implican tanto civiles como militares.
Los actos de corrupción se dan en el marco de un modelo económico, político, cultural y social  de corte neoliberal que se pone en experimentación en Chile, mucho  antes de los acuerdos Reagan-Thatcher de los años 80 en que se globaliza el neoliberalismo y que además de las transformaciones económicas, conllevarán una profunda mutación ética en la que predominará el individualismo por sobre la solidaridad y el exitismo financiero como principio. La corrupción se materializa  por medio  de la privatización de empresas del estado, la adjudicación de recursos naturales, mineros, hídricos etc., a civiles cercanos a la dictadura y a represivos y fieles militares, en  una suerte de piñata nicaragüense; se da igualmente a través  del rescate de la banca privada con fondos del patrimonio nacional, de la privatización de la educación, de la salud, de las pensiones; de las indemnizaciones exorbitantes y arbitrarias que se fijaron los servidores públicos y miembros del poder judicial , además de muchos otros ejemplos en que el latrocinio y el lucro aparecen como  leitmotiv.
Durante el largo período de transición a la democracia a partir de los 90, observamos atónitos la inercia o el temor de nuestros gobernantes a algunas relevantes  cuestiones de corrupción y de abuso de poder que ocurrieron. Nos  cuesta entender porqué  la ciudadanía y la militancia de los partidos de la Concertación, en esos años, no tuvimos respuestas acerca de la tolerancia de los gobiernos democráticos en algunas materias complejas como lo fueron el negociado de la quebrada empresa Valmoval que el hijo del dictador vendió al ejército y que el estado chileno debió solventar en su integralidad bajo la amenaza de un nuevo golpe de estado. Penan aún los casos Riggs, Cema-Chile, Inverlink, Chispas, Toldos y el bullado MOP-GATE que culmina con el acuerdo Lagos-Longueira para modernizar el Estado.  Es igualmente  preocupante el hecho que  nunca se informó o se transparentaron los fondos que se recibieron del exterior para el financiamiento de las campañas políticas de algunos de los más importantes dirigentes de la izquierda chilena o el intempestivo enriquecimiento de algunos líderes concertacionistas que se reconvirtieron en empresarios. Menos información hubo de la utilización de los fondos reservados de algunos importantes ministerios.

Respuestas superficiales, olvidos voluntarios

Después  de la derrota sufrida por la concertación y del triunfo de la derecha que luego de medio siglo accede al gobierno a través  del voto popular, hubo un sinnúmero de inconexas explicaciones de la hecatombe que, más que análisis serios sobre el comportamiento ciudadano, se centraron , las más de las veces, en recriminaciones que no entraron en lo sustantivo. Tampoco se reflexionó en las medidas necesarias para ir hacia una recomposición de los partidos, de sus plataformas ideológicas, del recambio de sus dirigencias y hacia un acercamiento con la ciudadanía.
Hubo además otras cuestiones de gran significación que en general fueron ignoradas. Me refiero al perverso legado ético, cultural y político que nos dejó la dictadura, avalado de manera explícita o con el consentimiento tácito de una buena  mayoría de los demócratas que nos gobernaron, de  legisladores y  de miembros del poder judicial.
Muchos se han preguntado y todavía se preguntan cuáles fueron las razones que una coalición democrática gobernante o algunos de sus integrantes, con dos partidos etiquetados de izquierda, con pasado socialista y con algunos dirigentes auto confesos de ser marxistas leninistas no haya levantado su voz con energía para explicar a la ciudadanía o a los militantes de sus partidos el porqué una fuerza democrática, progresista, anunciadora del cambio social, de la alegría, se convierte paulatinamente en administradora de una gestión eminentemente neoliberal en lo económico, tímidamente progresista en lo político e incapaz en veinte años de gobierno, de realizar las transformaciones políticas y sociales que las grandes mayorías esperaban
Algunos se preguntaron en su momento, sin haber tenido ninguna respuesta, porqué se designaban en importantes tareas del gobierno democrático a personeros que habían tenido una actuación pública destacada en la desestabilización y caída del gobierno del Presidente Allende, como fue el caso de Federico Willoughby, por nombrar solamente a uno que ocupó durante largo tiempo oficina en La Moneda; o la razón del nombramiento de algunas altas autoridades del Ejercito que fueron testigos o que de alguna manera, aunque haya sido indirecta, estuvieron relacionadas con violaciones a los derechos humanos; o el apresuramiento institucional por liberar a Pinochet de su presidio en Londres en el que José Miguel Insulza se transforma en el portavoz de aquellos que exigían la devolución del senador vitalicio, tema del que Ricardo Lagos Escobar se desentiende.
La DESIGUALDAD fue otro tema que no se abordó adecuadamente. Recuerdo como nuestra clase política, en el año 2002, hace caso  omiso de lo que David de Ferranti, Vicepresidente del Banco Mundial, expuso en su informe sobre las desigualdades en Latinoamérica, destacando que Chile era el país más desigual del continente y uno de los más desiguales del mundo. Hubo muy pocos  comentarios en los medios de comunicación absolutamente controlados por la derecha. Muchos de los dirigentes de la Concertación guardaron un silencio cómplice, ignorando igualmente el mencionado informe. Recientemente, la derecha política ha llegado a sostener que en Chile las desigualdades son muy leves y a poner en duda científicos indicadores metodológicos como el coeficiente de Gini que mide el grado de desigualdad existente en materia de redistribución del ingreso.
Las desigualdades en Chile no se dan solamente en el terreno de la educación, tan cuestionada por la ciudadanía, sino en el terreno de la salud, convertida en la gran injusticia nacional y en un negocio de proporciones sin límites, en el de las pensiones, en el de los salarios, en las discriminaciones por sexo, por raza, por origen étnico, en las limitaciones de nuestra legislación del trabajo que en síntesis, hasta el día de hoy, es casi la misma que promulgó en 1979 el hermano del ex gobernante José Piñera y que fuera conocida como el Plan Laboral. Las rigideces impuestas por la dictadura a la libertad sindical, a la sindicalización, a la negociación colectiva, a las indemnizaciones por años de servicio, a la protección en general del trabajador, no han variado en lo esencial y las pocas evoluciones positivas han sido gracias a los dictámenes emanados de la Dirección del Trabajo.
Las desigualdades se dan también en las posibilidades de participación ciudadana en los asuntos públicos o en las estructuras políticas. Esto es válido para el conjunto de la clase política, tanto de izquierda, de centro, o de derecha, pues se han constituido herméticos centros de poder que operan como castas, permitiendo el acceso solo a familiares o a aquellos más incondicionales y descartando las voces disidentes. La crisis de credibilidad actual, el gran rechazo ciudadano a los partidos políticos y a sus dirigentes explicitado en todas las encuestas de opinión existentes, es una muestra preocupante para la democracia y es el reflejo del autoritarismo que ha existido y perdura en el conjunto de la clase política.

Avances y acentuación de la  crisis

A pesar de que durante la Concertación, fundamentalmente durante el gobierno de Ricardo Lagos, se logró una importante cantidad de paulatinas reformas a la Constitución impuesta durante la dictadura, cuyo artífice fue una de las figuras emblemáticas del pinochetismo, convertido en divinidad nacional por los más ortodoxos de la derecha, el texto magno continuaba conservando su deslegitimado origen y los vestigios de su fuerte autoritarismo, entre los que se destacaba el sistema binominal que  hasta los primeros cuatro meses de 2015 imperó todopoderoso, al igual que la fuerte dosis de presidencialismo que reduce al parlamento a su más mínima expresión y lo disminuye ante la población.
Todo lo anteriormente mencionado, que muestra  una profunda crisis ética producto del modelo económico y social impuesto por la dictadura y  que repercutirá en el sistema político y en la relación con la ciudadanía, fue percibido por la candidata Bachelet antes de ser electa y en su programa incluye las propuestas necesarias para superar de manera concluyente algunas de estas  debilidades democráticas. Siendo ya presidenta y con el apoyo de la Nueva Mayoría, logra imponer algunas reformas sustantivas tendentes a reducir la fuerte desigualdad. Entre ellas, se puede mencionar la primera fase de una  necesaria reforma educacional, una reforma tributaria,  además de la promulgación de leyes encaminadas a terminar con la discriminación y el anuncio de otras esenciales medidas entre las que se contaban el fin del sistema binominal, una reforma laboral y otras propuestas de tipo valórico.
Todos estos significativos esfuerzos, enormemente apreciados por la ciudadanía, a pesar del intenso  debate que originaron, fueron eclipsados por la irrupción del caso Caval, por el largo silencio de la afectada presidenta, por las diletancias de su hijo, por las torpes declaraciones de su nuera, por las vacilaciones y contradicciones del equipo político del gobierno, unido al descubrimiento de los financiamientos de SQM que afecta no solamente a la derecha política, sino también a personeros políticos de izquierda o a instituciones de investigación y debate ligadas al pensamiento progresista.
La inmoralidad de la derecha política y económica se ve ocultada por el impacto de Caval y de las aristas de SQM, a pesar de la evidencia de financiamientos ilegales a uno de sus principales  partidos políticos y a la imputación por el Ministerio Público de dirigentes, de la más alta importancia, de los oligárquicos partidos de la derecha.  Hasta este momento continúan apareciendo nombres de gobernantes como  el del ex presidente Piñera y de su Ministro de relaciones exteriores que son mencionados en algunas  investigaciones. Claro, la derecha sabe manejar estas situaciones, como ha sabido blanquear sus latrocinios, sus crímenes y complicidades con la dictadura. En esto son maestros y la ciudadanía a podido apreciar en los medios de comunicación no solamente a políticos de apellidos mercuriales convertidos en el cura Hasbún  del siglo 21, sino también a figuras muy objetivas y destacadas  del periodismo nacional que, tal vez deseosas de transparentar los hechos ante la opinión pública o por un afán de  convertirse en predicadores de la probidad, no han titubeado en condenar antes de conocer la verdad, recurriendo incluso a rumores infundados, causando un mal a las personas, a la política y al país.

 ¿Y ahora cómo hacemos?

 Es difícil y hasta pretencioso aventurar propuestas o pontificar sobre el tema. No obstante hay algunas cuestiones de sentido común político que necesariamente nos deben orientar para superar esta profunda crisis de principios, de  legitimidad, de confianza.
La presidenta, el gobierno y la totalidad de los partidos políticos, tanto de de la derecha como de la Nueva Mayoría han entendido que es necesario un gran acuerdo político para restablecer la confianza ciudadana. Ese acuerdo, cuyo tímido  primer paso se ha dado recientemente con el  acuerdo político que suscribieron a inicios de abril algunos partidos de la Nueva Mayoría y la Alianza ante la responsabilidad que les compete por la crisis que se vive, debe necesariamente ampliarse a todo el espectro político, propender a la transparencia, a la verdad, a la justicia, a la no impunidad y a una recomposición de las estructuras partidarias en que se dé una participación a la militancia y a los anhelos de la ciudadanía. Sin partidos políticos no hay democracia y eso es bueno entenderlo. Sin partidos políticos probos y democráticos que recojan las aspiraciones de los ciudadanos y de sus militantes existe el peligro de la desafección, de la pérdida de confianza y sobretodo del autoritarismo y del populismo.
Ha sido muy importante que la presidenta Bachelet haya retomado su liderazgo y la conducción del país en medio de su profundo dolor por la acción de sus cercanos familiares y de las tragedias naturales que han afectado a Chile. Su primera declaración pública sobre los acontecimientos que la concernían directamente, aunque tímida, fue un primer paso hacia el difícil restablecimiento de las confianzas perdidas.
Sin embargo hay tres cuestiones de importancia sustantiva que están contribuyendo  sin lugar a dudas  a superar las crisis existentes.
La primera de ellas ha sido  la voluntad expresada por la mandataria y sus equipos de continuar con las reformas enunciadas en su programa. En ese sentido fue muy significativa la promulgación del proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y en el que se fortalece la representatividad del Congreso Nacional, poniendo, de esta manera, fin a 25 años de un sistema antidemocrático.
La segunda es el anuncio realizado el  10 de marzo de  la constitución delConsejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción”, encabezado por el Profesor Titular de la Universidad de Chile, Eduardo Engel.
El Consejo, integrado por personalidades  de diversos pensamientos democráticos,  tenía un plazo de 45 días para dar a conocer sus propuestas las que fueron sometidas a consideración de la presidenta el 24 de abril de 2015. Los temas que allí se abordaron fueron diversos, pero vinculados  con la relación política-dinero,  con la corrupción y los mecanismos indispensables para evitarla, con los conflictos de interés, con el financiamiento de la política, con las maneras de evitar los abusos del mercado. Las propuestas destinadas a la recuperación de lo que el Consejo denomina la fe pública fueron el colorario de esas discusiones. 
La tercera  fue el anuncio de Bachelet en cadena nacional del informe del Consejo y de sus propuestas y de su voluntad de que sean discutidas, enriquecidas e implementadas.
Es altamente probable que exista un consenso nacional para recoger u enriquecer la mayoría de lo propuesto y es imprescindible que se establezcan límites claros para que las autoridades municipales, diputados  y senadores no puedan ser reelectos por más de dos períodos. De igual forma habrá que reducir considerablemente el gasto de las campañas y transparentar a todos los niveles los aportes de privados, descartando de pleno cualquier financiamiento de parte de las empresas.
La recomposición del funcionamiento de los partidos políticos es otra tarea que tendrá que ser abordada. Si beneficiarán de aportes estatales es necesario transparentar y readecuar sus estructuras, sus financiamientos, sus bienes,  sus normas de funcionamiento y la actualización de los listados de sus militantes. Ello podría permitir recuperar algo de la confianza ciudadana.
Finalmente hay que resaltar de una manera extremadamente positiva el hecho de que la presidenta Bachelet haya igualmente anunciado  que en vías de redactar una nueva Carta Magna, se iniciará en el mes de septiembre de 2015 un “proceso constituyente” a través de debates, consultas y cabildos ciudadanos, abriendo el camino, sin decirlo explícitamente, a una reforma constitucional democrática a través de los  mecanismos jurídicos  más viables, sin descartar la Asamblea Constituyente.
Un tema pendiente y de proporciones, es el proyecto de reforma laboral que se examina. A pesar de propuestas significativas para ir en el sentido  de los principios de la libertad sindical y de la negociación colectiva consagrados en las normas de la OIT, aún existen reticencias para establecer algunos derechos fundamentales entre los que sobresale el de la negociación colectiva por rama de actividad económica y  terminar con las limitaciones al derecho de huelga.
Hay tenemos  muchos caminos que abrir y  nos queda  bastante  por  caminar para superar esta debacle.