Por Agustín Muñoz
Cuesta entender lo que pasa en medio de los bocinazos, del ruido de los
motores y del calor que se niega a abrirle paso al invierno santiaguino. No son
muchas las personas que marchan por un costado de la Alameda custodiadas por
carabineros amenazantes, como en los tiempos duros de la dictadura. La mayoría
son mujeres mayores de una edad incierta
y los hombres de una sesentena bien pasada. Se ve también a alguna gente más
joven, entusiasta, combativa, a proximidad de los más viejos. Las pancartas explican en palabras breves lo
que los gritos y las consignas no logran
expresar en su total dimensión: “Justicia y verdad para los ex presos políticos
de la dictadura”. “No más pensiones miserables”. “Los presos políticos no
robamos ni boleteamos”. “Estamos en huelga de hambre hoy, pero llevamos 25 años
pasando hambre”.” Chacabuco, Pisagua, Puchunca: Presente”. “Asociación de hijos
y familiares de ex presos políticos”. Hay otros carteles similares que reflejan la
angustia y el drama de los que por sus ideas fueron perseguidos, torturados,
vejados y encarcelados. Muchos murieron, desaparecieron y sus familias continúan
el combate por la verdad, por la justicia.
Cuesta entender que los gobiernos democráticos, elegidos por el pueblo,
los Presidentes de la República que
fueron perseguidos por la dictadura, los Ministros y altos dirigentes políticos
que fueron reprimidos, torturados, vejados, encarcelados, exiliados y
retornados sean indiferentes a la difícil situación económica por la que han atravesado y atraviesan la gran mayoría de sus ex compañeros de
cautiverio con pensiones reparatorias casi miserables, sin un acceso adecuado a
la salud y a la educación de sus hijos y postergados constantemente ante argumentos
que privilegian los imperativos de las políticas económicas neoliberales
aplicadas por los gobiernos de la Concertación, de la Derecha y de la Nueva
Mayoría por sobre la justicia y la solidaridad.
Cuesta entender que el Estado chileno, con instituciones basadas en
principios republicanos y democráticos
haya promulgado leyes como la 19.992 que, en su artículo 15 del título
IV, tiende a limitar y a ocultar el ejercicio a la verdad y a la justicia por violaciones a los derechos humanos al imponer 50 años de silencio para el acceso a los
testimonios de los ex presos políticos y de sus familiares
Cuesta entender que en democracia se les haya tratado tan mal. Son gentes
que por su pasado quedaron con múltiples secuelas físicas y síquicas; sin
posibilidades de acceder a empleos en la empresa privada o en la función
pública. En la gran mayoría de los casos su pensión fluctúa entre 140.000 y
170.000 pesos dependiendo de la edad. Es decir: 220 dólares para los menores de
70 años y 270 para los mayores de 74 años. 38.206 personas calificaron para
esta pensión llamada Valech (Ley 19.992). Solo unos pocos, 2.325 personas, beneficiaron
de la ley 19.123 o Ley Rettig, modificada
posteriormente con la Ley 19.980. Estos
reciben 612.000 pesos, equivalentes a 971 dólares. Junto a la verdad y a la
justicia, la homologación de los montos de las pensiones Valech con los de la
Rettig es otra de de las justas reivindicaciones de los ex presos políticos.
Pero sobretodo cuesta entender la indiferencia. Han pasado tantos años y
los gobernantes parece que desean desentenderse de este pasado que ahora
molesta. Es verdad que últimamente se han conformado mesas de diálogo en las
que participan asociaciones que representan a la gran mayoría de los
involucrados por la tortura y la prisión aún cuando han quedado fuera algunas agrupaciones que
seguramente, más tarde, serán incorporadas. Sin embargo los esfuerzos no han
sido lo que una sociedad democrática, moderna, justa y solidaria debería haber
realizado. Los ex presos políticos representan la memoria de aquellos que
lucharon por darle dignidad a este país. Son ellos los testimonios de lo que
fue la barbarie institucional y los que con su sacrificio forjaron el camino
para lograr una sociedad democrática con
instituciones respetables.
Cuando miramos experiencias reparatorias latinoamericanas o europeas nos
damos cuenta del poco esfuerzo y de la mezquindad chilena en estas materias.
Argentina compensó con indemnizaciones dignas la prisión, el exilio, la
tortura. Indemnizó a los hijos y cónyuges de los que fueron reprimidos a través
de 5 importantes leyes reparatorias. Las 24.043, 24.411, 24.321, la 25.914 y la 26.564.
Hace un año se promulgó la Ley 26.913
que otorga pensiones decentes a los ex presos políticos de cualquier
nacionalidad.
Hay que recordar además que en Argentina se condenó, se degradó y se
encarceló en prisiones comunes, sin privilegios especiales a los militares que estuvieron comprometidos
con violaciones a los Derechos humanos, cosa que en chile no será nunca
posible. Francia es otro ejemplo de reconocimiento a los que lucharon por la
democracia y el estado de derecho en que fuera de honores especiales a través
de condecoraciones simbólicas se otorgaron igualmente compensaciones justas y
reparaciones decentes a los que estuvieron detenidos en prisiones alemanas o
francesas durante la ocupación y a los represores se les degradó y condenó
incluso hasta con la pena de muerte.
Por todo esto cuesta mucho entender que en nuestro país en
medio de tanto escándalo de corrupción de la clase política, donde gobierna una
Nueva Mayoría que se supone representa valores democráticos, solidarios,
fraternales y con una Presidenta socialista, todo lo que concierne a una justa
reparación a los ex detenidos políticos
se alargue tanto, se vea con recelo, con indiferencia.
También cuesta
entender, que un grupo de presos políticos que buscó refugio, tal vez
equivocadamente, en la sede del Partido Socialista de Chile, haya sido expulsado brutalmente por la policía
uniformada perteneciente al mismo cuerpo
policial que probablemente los detuvieron y reprimieron hace algo más de 40
años.
Chile tiene aún bastantes deudas pendientes con aquellos
que a costa de un sacrificio personal y familiar abrieron paulatinamente las
puertas para el derrocamiento del régimen militar y para el establecimiento de una sociedad democrática y justa. Entre esos
están los que fueron prisioneros de la dictadura. Urge entonces saldar
adecuadamente esa deuda, con verdad,
justicia y reparaciones dignas.