jueves, 9 de julio de 2015

EX PRESOS POLITICOS


                                                       

                                                                                                                  Por Agustín Muñoz

 

Cuesta entender lo que pasa en medio de los bocinazos, del ruido de los motores y del calor que se niega a abrirle paso al invierno santiaguino. No son muchas las personas que marchan por un costado de la Alameda custodiadas por carabineros amenazantes, como en los tiempos duros de la dictadura. La mayoría son mujeres mayores  de una edad incierta y los hombres de una sesentena bien pasada. Se ve también a alguna gente más joven, entusiasta, combativa, a proximidad de los más viejos.  Las pancartas explican en palabras breves lo que  los gritos y las consignas no logran expresar en su total dimensión: “Justicia y verdad para los ex presos políticos de la dictadura”. “No más pensiones miserables”. “Los presos políticos no robamos ni boleteamos”. “Estamos en huelga de hambre hoy, pero llevamos 25 años pasando hambre”.” Chacabuco, Pisagua, Puchunca: Presente”. “Asociación de hijos y familiares de ex presos políticos”.  Hay otros carteles similares que reflejan la angustia y el drama de los que por sus ideas fueron perseguidos, torturados, vejados y encarcelados. Muchos murieron, desaparecieron y sus familias continúan el combate por la verdad, por la justicia.

Cuesta entender que los gobiernos democráticos, elegidos por el pueblo, los Presidentes de la República  que fueron perseguidos por la dictadura, los Ministros y altos dirigentes políticos que fueron reprimidos, torturados, vejados, encarcelados, exiliados y retornados sean indiferentes a la difícil situación económica  por la que han atravesado y atraviesan  la gran mayoría de sus ex compañeros de cautiverio con pensiones reparatorias casi miserables, sin un acceso adecuado a la salud y a la educación de sus hijos y postergados constantemente ante argumentos que privilegian los imperativos de las políticas económicas neoliberales aplicadas por los gobiernos de la Concertación, de la Derecha y de la Nueva Mayoría por sobre la justicia y la solidaridad.

Cuesta entender que el Estado chileno, con instituciones basadas en principios republicanos y democráticos  haya promulgado leyes como la 19.992 que, en su artículo 15 del título IV, tiende a limitar y a ocultar el ejercicio a  la verdad y a la justicia por  violaciones a los derechos humanos al imponer  50 años de silencio para el acceso a los testimonios de los ex presos políticos y de sus familiares

Cuesta entender que en democracia se les haya tratado tan mal. Son gentes que por su pasado quedaron con múltiples secuelas físicas y síquicas; sin posibilidades de acceder a empleos en la empresa privada o en la función pública. En la gran mayoría de los casos su pensión fluctúa entre 140.000 y 170.000 pesos dependiendo de la edad. Es decir: 220 dólares para los menores de 70 años y 270 para los mayores de 74 años. 38.206 personas calificaron para esta pensión llamada Valech (Ley 19.992). Solo unos pocos, 2.325 personas, beneficiaron  de la ley 19.123 o Ley Rettig, modificada posteriormente con la Ley  19.980. Estos reciben 612.000 pesos, equivalentes a 971 dólares. Junto a la verdad y a la justicia, la homologación de los montos de las pensiones Valech con los de la Rettig es otra de de las justas reivindicaciones de los ex presos políticos.

Pero sobretodo cuesta entender la indiferencia. Han pasado tantos años y los gobernantes parece que desean desentenderse de este pasado que ahora molesta. Es verdad que últimamente se han conformado mesas de diálogo en las que participan asociaciones que representan a la gran mayoría de los involucrados por la tortura y la prisión aún cuando  han quedado fuera algunas agrupaciones que seguramente, más tarde, serán incorporadas. Sin embargo los esfuerzos no han sido lo que una sociedad democrática, moderna, justa y solidaria debería haber realizado. Los ex presos políticos representan la memoria de aquellos que lucharon por darle dignidad a este país. Son ellos los testimonios de lo que fue la barbarie institucional y los que con su sacrificio forjaron el camino para lograr una sociedad democrática  con instituciones respetables.

Cuando miramos experiencias reparatorias latinoamericanas o europeas nos damos cuenta del poco esfuerzo y de la mezquindad chilena en estas materias. Argentina compensó con indemnizaciones dignas la prisión, el exilio, la tortura. Indemnizó a los hijos y cónyuges de los que fueron reprimidos a través de 5 importantes leyes reparatorias. Las 24.043, 24.411, 24.321, la 25.914 y la 26.564. Hace un año se promulgó  la Ley 26.913 que otorga pensiones decentes a los ex presos políticos de cualquier nacionalidad.

Hay que recordar además  que en Argentina se condenó, se degradó y se encarceló en prisiones comunes, sin privilegios especiales  a los militares que estuvieron comprometidos con violaciones a los Derechos humanos, cosa que en chile no será nunca posible. Francia es otro ejemplo de reconocimiento a los que lucharon por la democracia y el estado de derecho en que fuera de honores especiales a través de condecoraciones simbólicas se otorgaron igualmente compensaciones justas y reparaciones decentes a los que estuvieron detenidos en prisiones alemanas o francesas durante la ocupación y a los represores se les degradó y condenó incluso hasta con la pena de muerte.

Por todo esto cuesta mucho entender que en nuestro país en medio de tanto escándalo de corrupción de la clase política, donde gobierna una Nueva Mayoría que se supone representa valores democráticos, solidarios, fraternales y con una Presidenta socialista, todo lo que concierne a una justa reparación a los ex detenidos  políticos se alargue tanto, se vea con recelo, con indiferencia.

También  cuesta entender, que un grupo de presos políticos que buscó refugio, tal vez equivocadamente, en la sede del Partido Socialista de Chile, haya  sido expulsado brutalmente por la policía uniformada perteneciente al  mismo cuerpo policial que probablemente los detuvieron y reprimieron hace algo más de 40 años.

Chile tiene aún bastantes deudas pendientes con aquellos que a costa de un sacrificio personal y familiar abrieron paulatinamente las puertas para el derrocamiento del régimen militar y para el  establecimiento de  una sociedad democrática y justa. Entre esos están los que fueron prisioneros de la dictadura. Urge entonces saldar adecuadamente  esa deuda, con verdad, justicia y  reparaciones dignas.