viernes, 7 de junio de 2019

De punto muerto a marcha atrás: una derrota anunciada.


                           
                                     
                                              

                                                                                                                                 

No era necesario ser demasiado avezado para vaticinar con mucha seguridad la contundente derrota política sufrida por el gobierno de la Presidenta Bachelet y la coalición de partidos  que la apoyaban. En dos crónicas publicadas en 2017, alertábamos sobre los peligros que se cernían para el futuro político de la Nueva mayoría y de su candidato presidencial si se persistía en la abulia, en la improvisación, en la dispersión  y  en el alejamiento paulatino de las voces populares.
Alertábamos igualmente sobre la desfiguración política del Partido Socialista que enormemente distanciado de sus principios fundacionales y  con algunos de sus dirigentes y ex dirigentes  enlodados por casos de corrupción y narcotráfico  prefirió, desconociendo principios estatutarios, el acomodo oportunista apoyando una candidatura sin destino que a un candidato de sus propias filas.
La derrota sufrida es sin dudas contundente, dolorosa y dejará profundas huellas en la centro izquierda. Esto podría culminar en distanciamientos, divisiones, rencores y sobretodo en una desafección aún más importante de la ciudadanía hacia la clase política en general y hacia las fuerzas progresistas en particular.
¿Qué sucedió para que la derecha chilena que arrastra la ignominia de haberse comprometido con la dictadura de Pinochet y de haber aprobado con su participación, complicidad o silencio los crímenes y latrocinios del régimen militar llegara, por segunda vez en democracia, a gobernar nuestro país con un 54,8% de los votos en la segunda vuelta de 2017, luego de haber obtenido  el 36,6 de los sufragios en la primera vuelta?
¿Qué sucedió para que Sebastián Piñera fuera nuevamente elegido presidente, en consecuencia que su primer gobierno de 2010 a 2014 se caracterizó por la mediocridad y el descontento, a pesar de algunos mínimos pero interesantes avances como la eliminación del 7% de la cotización salud para los pensionados, la extensión del post natal a 6 meses o el  proyecto de Unión Civil promulgado más adelante por Bachelet?
¿Qué ocurrió para que las fáciles cuentas que en un comienzo vaticinaban un triunfo de Alejandro Guillier en segunda vuelta se revertieran a favor de la derecha? Recordemos que sumados los votos del conjunto de los candidatos de centro izquierda, incluidos Artes y Navarro, que se presentaron en primera vuelta sumaron un 55, 4% de los sufragios.
¿Por qué la ciudadanía no apoyó la continuidad de una coalición que había, desde el retorno de la democracia, enfrentado el problema de la desigualdad disminuyendo notoriamente la pobreza aportando mayor bienestar a cientos de miles de  excluidos y, durante el gobierno  de la Presidenta Bachelet, realizado importantes reformas sociales y valóricas tratando de avanzar en algunas muy  sustantivas como la Constitucional,  la Educacional y la Tributaria?
No es fácil encontrar respuestas claras a algunas de estas interrogantes. Sin embargo hay algunos elementos que nos permiten comprender mejor este duro golpe a las fuerzas progresistas de la centro izquierda.
En primer término hay que tomar en consideración que los años de dictadura modificaron  notoriamente el comportamiento de la mayoría de los chilenos al fomentar el individualismo, el exitismo a cualquier precio, el desapego al Estado, la competitividad, el consumismo frenético y el respectivo endeudamiento; fenómenos que los gobiernos democráticos post dictadura ignoraron  o alentaron con sus políticas económicas de continuidad neoliberal, enmarcadas en los principios del Consenso de Washington.
Aunque la Concertación o la Nueva Mayoría puedan exhibir como un triunfo incontestable la disminución importante de la pobreza, de un 40% a un 10%, permitiendo así la incorporación  de nuevos contingentes a engrosar las filas de la denominada clase media y acceder a mejores niveles de bienestar; es también cierto que no fueron capaces de concretar reformas político sociales que permitieran una democratización efectiva del país y  acceso a una  salud y  educación de calidad, además de salarios y pensiones decentes.
Las reformas que apuntaban a una mayor equidad y mejoramiento sustantivo en algunas de esas áreas, terminaron o en un fiasco o con tímidos resultados que no hicieron variar fundamentalmente las carencias  señaladas.
La más importante de las reformas, la Constitucional, solamente fue abordada  al final del gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando su gestión sufría un deterioro mayor, para terminar en una risible demostración de ineficacia con medidas y propuestas que sucumbieron frente a la indiferencia de la ciudadanía y la feroz oposición de la derecha.
Sin una seria reforma constitucional era muy complejo avanzar en los otros dos ejes fundamentales del programa de Bachelet: la reforma educacional y la tributaria.
La primera, que finalmente fue aprobada con enormes modificaciones y con algunos avances de importancia como la gratuidad para la mayoría de los segmentos más pobres del país, no tuvo el apoyo esperado, pero sí un manifiesto descontento de los principales actores de la educación y de parte importante de los sectores medios que aspiraban a continuar con una educación particular subvencionada y de mejor calidad.
La reforma tributaria, si bien fue una excelente y necesaria iniciativa, se vio frustrada tanto por la intransigencia derechista como por las continuas modificaciones e improvisaciones gubernamentales y su mal diseño que, a final de cuentas, hizo sostener  el peso de la misma  a los sectores productivos y a las capas medias. Por ello, la  recaudación proyectada sería totalmente insuficiente para  los fines por las que fue concebida al destinar parte de los mismos a la reactivación económica afectaba por la misma reforma.
La reforma laboral, aunque no era la prioridad mayor del gobierno de la Nueva Mayoría, pasó igualmente sin pena ni gloria y con un no disimulado descontento de las organizaciones sindicales de base, intermedias y de cúpula que no vieron reflejadas sus aspiraciones principales como la negociación colectiva por rama de actividad económica o el reconocimiento, sin ambigüedades, del sindicato como actor esencial de las relaciones laborales.
Otras aspiraciones ciudadanas como las que emanaban del poderoso movimiento No más AFP fueron simplemente ignoradas y muy poco se adelantó en un mejoramiento sustantivo del sistema de salud pública que concierne a un 83% de la población.
Los avances en  materias políticas como la aprobación de un nuevo sistema electoral que terminó con el sistema binominal imperante dando paso a una mayor representación ciudadana, el voto de los chilenos en el exterior o los logros experimentados en su agenda valórica como la despenalización del aborto en tres causales, la promulgación del Acuerdo de Unión Civil ( iniciativa de Sebastián Piñera en 2011) y la propuesta de matrimonio igualitario fueron opacadas por la insuficiencia de las otras reformas emprendidas, por la participación en actos  de corrupción del conjunto de la clase política, como el caso CAVAL en que aparece involucrada la nuera y el hijo de la Presidenta o SOQUIMICH con su chorreo de corrupción tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, despertaron la atención, indignación y reprobación de la opinión pública durante meses.
La fuerte ofensiva de la derecha, que aunque envuelta en los temas de corrupción con varios de sus personeros condenados y encarcelados por los efectos de Soquimich y Penta, supo desviar el debate hacia la falta de rigor en las reformas emprendidas, teniendo al Tribunal Constitucional como un aliado de importancia y motivando los sentimientos de miedo ante  la emergencia de una inmigración no controlada, utilizando la vieja técnica de la campaña del terror poniendo a Venezuela y Cuba como ejemplos satanizadores ante un nuevo eventual gobierno de la Nueva Mayoría.
Pero, además, la derecha de nuestro país logró un triunfo importante al  entusiasmar a las capas medias emergentes con sus mensajes de desarrollo productivo, crecimiento, empleo, consumo y exitismo, desplazando los emblemas de  la centro izquierda como los derechos humanos y  la no impunidad en esas materias,  la profundización de la democracia, el desarrollo con equidad o el combate a la  desigualdad.
Esas capas medias emergentes que salieron de la pobreza, que algunos han tildado de “fachos pobres”, endeudadas, con salarios  menores a los 500.000 pesos, enfrentadas a necesidades en materia de educación, salud, pensiones, vivienda etc., pero  con aspiraciones a una mejor calidad de esos servicios no necesariamente estatales, con escaza voluntad solidaria, deseosas de mantener su nuevo estatus progresando en él y no retrocediendo y a las que el progresismo no supo cautivar, contribuyeron  también de manera decisiva a la derrota de las fuerzas de izquierda y de centro. Según datos proporcionados por la Fundación Sol en 2018,  el 54,3 % de los salarios chilenos son inferiores a 350.000 pesos y  3 de cada 4 personas ganan menos de 500.000, por lo cual deben necesariamente endeudarse para cubrir sus necesidades esenciales. Aún así, un contingente mayoritario de ese segmento prefirió optar por la propuesta derechista.
Hay también otros factores que es necesario destacar. La aparición de un nuevo referente de izquierda, las tensiones al interior de la Nueva Mayoría, la poca credibilidad del candidato y el abstencionismo.
A la elección presidencial se presentaron cuatro candidatos de la centro izquierda y dos candidatos de una izquierda más extrema y anárquica. Como ya lo enunciamos anteriormente el conjunto de su votación representaba en primera vuelta un 55, 43% de los  6.700.748 de los que sufragaron en esa ronda.
Lo interesante de estas  candidaturas fue la aparición de la  figura de Beatriz Sánchez que representaba a un nuevo referente de izquierda, el Frente Amplio, coalición surgida de los movimientos estudiantiles y sociales muy críticos de los partidos de izquierda tradicionales y con aspiraciones serias de gobernar. El 20,27% de los votos obtenidos y los 20 diputados y 1 senador consolidaron al Frente Amplio como una fuerza política con muchas proyecciones que no solo   puso en serio riesgo a la candidatura de Alejandro Guillier, pero que además  de alguna manera le restó peso y credibilidad. Los magros porcentajes obtenidos por Carolina Goic desataron aún más las tensiones al interior de la Democracia Cristiana y de la Nueva Mayoría.  Por su parte en  el Partido Socialista  aumentaron las tensiones y los descontentos más allá de los buenos resultados obtenidos en las parlamentarias.
La segunda vuelta de la elección presidencial le dio un contundente triunfo a Sebastián Piñera con el 54,8% de las preferencias  obtenidas de los 7.032,523 votantes. Guillier solo alcanzó un 45,42 % de los sufragios. Aunque la abstención disminuyó respecto de la primera vuelta fue igualmente importante al alcanzar un 51%  de los inscritos. Más allá de las razones en orden al respeto a las voluntades individuales y democráticas para imponer el voto voluntario, habrá que repensar a futuro sobre la pertinencia de mantener esta situación. Los ciudadanos tienen deberes y uno de ellos es la participación en la elección de sus representantes, teniendo la opción de votar blanco o anular la papeleta.
Los anteriores resultados junto con dar un confortable margen a la candidatura de Piñera muestran que sus votos  no fueron solamente de los sectores más acomodados del país, sino que también de las capas medias y de sectores populares que expresaron su sentir y descontento con los actos de corrupción, imperdonables para la gente de izquierda; con las promesas incumplidas; con la insuficiencia e improvisación  de las reformas  y  por el temor esos segmentos a caer de nuevo en sus anteriores niveles de pobreza a la vista de algunas experiencias internacionales.
Pero igualmente esas cifras  dejan ver que hubo un traspaso de los votos de las fuerzas de la Nueva Mayoría hacia Piñera. Se calcula que un 75% de los votos de Goic  y  alrededor de un 33% de los  del Frente Amplio y de MEO respectivamente favorecieron al candidato de la derecha. La Democracia Cristiana desde antes de la primera vuelta enfrentaba discusiones sobre la pertinencia de continuar en la Nueva Mayoría y como se recordará se excluyeron de las primarias llevando candidata propia y contestando liderazgo; aparte de expresar disconformidad con  las alianzas con el alicaído Partido Comunista y con las  simpatías expresadas  hacia Nicolás Maduro y al régimen cubano. La dispersión de los votos del Frente Amplio, además de los de MEO solo pueden explicarse como un rechazo hacia la dirigencia tradicional de los partidos de izquierda y hacia al candidato Guillier por sus vacilaciones, por sus contradicciones, por  su falta de carisma y por su incapacidad para consolidar a un referente político en franca atomización.
La tarea a futuro será dura  para el centro y para la izquierda pues como colorario de esta derrota electoral e ideológica se producirá necesariamente una recomposición en las políticas de alianzas que hará distanciarse a los antiguos amores durante un tiempo más o menos prolongado.
Sin embargo, no todo está perdido pues el gobierno de Piñera con sus políticas de libre mercado y de escaso contenido social favorecerá sin dudas a los segmentos más ricos y acomodados, en desmedro  de la mayoría de la población y fundamentalmente de esas capas emergentes que lo apoyaron, lo que lo desgastará rápidamente.
En el intertanto los partidos de izquierda y de centro deberán necesariamente iniciar un proceso de reflexión tendente a la elaboración de un proyecto político que tenga como objetivo central la construcción de  una sociedad con justicia social y  con una visión de futuro que pueda incorporar los valores de la libertad, de la solidaridad, de la igualdad y  de la no exclusión que fueron siempre los símbolos de la izquierda. Además de la búsqueda de mecanismos para evitar la corrupción en la política
En la elaboración del proyecto político deben necesariamente incorporarse  los temas de actualidad relevante como son los problemas de una salud pública de calidad, pensiones decentes, gratuidad de la educación, del medio ambiente, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la robótica y otros,  discutiendo como ellos puedan ser incorporados en las diferentes estructuras educativas y productivas.
Finalmente un proyecto de izquierda debe, por sobretodo, valorar la democracia, oponiéndose sin vacilaciones a toda forma dictatorial. La búsqueda de consensos para avanzar en acuerdos que, sin apartarse de los objetivos esenciales, vayan en beneficio del conjunto de la ciudadanía debería ser una práctica recurrente.
Tal vez lo anterior no sea un camino fácil, pero es sin dudas una forma de avanzar hacia una sociedad más justa con apoyo y participación ciudadana.

Enero 2018.



lunes, 10 de abril de 2017

La política en punto muerto.


En 1969 en medio de la efervencencia que despertaba entre la juventud latinoamericana y chilena la revolución cubana y a un año de las elecciones presidenciales  que darían el triunfo a Salvador Allende , la editorial Orbe publicaba unas interesantes reflexiones del ex secretario general del partido Socialista chileno, Raúl Ampuero Diaz  bajo el título de:  “La izquierda en punto muerto”.

En ese libro Ampuero, expulsado del PS en 1967, critica a los partidos de izquierda de la época  por su fracazo en el objetivo de  señalar, a los que él denomina los explotados, una perspectiva de cambios trascendentales y las formas para alcanzar   un proyecto de sociedad  por la cual, según Ampuero: “valga la pena vivir y morir”.

Casi a 50 años de la publicación de esas reflexiones y luego que la sociedad chilena conociera los profundos cambios impulsados por el Gobierno de Allende, los horrores y las transformaciones impuestas por la dictadura y  la evolución política en democracia a partir de los años 90, nuevamente la izquierda , pero esta vez acompañada por el centro y por la derecha se encuentran en un punto muerto o en un franco retroceso.
En ello  han  incidido factores diversos, muchos derivados de la  profunda herencia autoritaria e individualista que nos dejó la dictadura  a través de su  institucionalidad política y de su modelo de desarrollo económico neoliberal que en los 27 años de gobiernos democráticos han sufrido insignificantes transformaciones. Continuamos, por ejemplo, con el mismo texto constitucional dictatorial al que,aunque se le han  hecho algunas modificaciones no menores, ha sido imposible hasta la fecha entrar en una nueva Carta Magna  legitimada  por la voluntad popular, a pesar de los leves avances hechos durante este gobierno. Si a ello se adicionan los  importantes niveles de despretigio de las instituciones del sistema político, de las fuerzas armadas y de orden , de la iglesia, de los empresarios, de los sindicatos, del mundo del  deporte y otros  por sus actos de corrupción, de sus inconsecuencias, oportunismos y lacitudes, es facil explicarse la fuerte desafección  y rechazo de la ciudadanía  hacia la política, hacia los partidos y hacia el conjunto de instituciones del Estado que se manifiesta en encuestas, sondeos de opinión y abstencionismo.
Los intentos de la presidenta Bachelet por impulzar reformas tendentes a disminuir las enormes desigualdades existentes en nuestro país como la tributaria, la educacional, la  laboral y la de las pensiones entre otras, han chocado con una ferrea oposición de la derecha y con contradicciones no menores en el seno de la Nueva Mayoría que han desvirtuado los contenidos iniciales de las mismas. El gobierno y los partidos que intengran la Nueva Mayoría han sido incapaces de de superar sus disensos y menos de  generar los sólidos acuerdos necesarios entre el conjunto de las fuerzas políticas para encontrar mecanismos de solución a las sensible cuestión de la Araucanía o para avanzar en temas de gran aceptación ciudadana como el mejoramiento de la calidad de la educación y su gratuidad, la salud, la descentralización, la calidad del empleo, el de  relaciones laborales más democráticas y equitables, el de las pensiones y las importantes cuestiones medioambientales. Temas todos de alta conflictualidad potencial  que necesariamente deben ser abordados con una perspectiva de país y no pensando en dividendos electorales inmediatos que contribuyen a hacer más grande el abismo existente entre la política y la ciudadanía.
Por si lo anterior no fuera poco, el último año de la Presidenta - año electoral - se desarrolla en medio de una importante desaceleración económica que influye en las tasas de crecimiento, en la inflación, en el desempleo, en el aumento  del sector informal y de múltiples manifestaciones ciudadanas que claman por un sistema de salud y de pensiones que aseguren dignidad y decencia al igual que la gratuidad de la educación.
La agenda política ha estado marcada entonces por la definición de las candidaturas presidenciales más que en un debate de ideas que logre superar la mediocridad de los lugares comunes , de los eslogan y que conduzca a la elaboración de un programa que contemple las aspiraciones de la gente.
A la derecha con tres aspirantes y con la sola propuesta de Sebastián Piñera de arrasar con las reformas implementadas por Michele Bachelet, se suma  una  Nueva Mayoría incapaz hasta el momento de ponerse de acuerdo sobre un programa y sobre un candidato para enfrentar la próxima contienda electoral.
Es más, la crisis partidaria parece acrecentarse luego de que el partido Socialista, basado fundamentalmente en consideraciones cuantitativas, tomara la decisión primero de descartar primarias internas entre  sus militantes José Miguel Insulza y Fernando Atria y, luego, de llevar como candidato presidencial al abanderado del Partido Radical, el periodista Alejandro Guillier, descartando  al referente histórico de la lucha contra la dictadura, Ricardo lagos, quien decidió  bajar su candidatura. La decisión que al parecer tomará la Democracia Cristiana de  no participar de las primarias y llevar a Carolina Goic  directamente a la primera vuelta presidencial, ahondará las fisuras existentes, sin contar aún las reacciones del PPD que auspiciaba la candidatura de Lagos y del PC que se encuentra en conversaciones con el PRO de Marco Enríquez Ominami, igualmente postulante a la presidencia.
Es aún prematuro afirmar que la curiosa decisión del Comité Central del PS obedeció a pugnas generacionales, o a un afán oportunista basado en inciertas encuestas o a críticas ciudadanas que señalaban al ex mandatario como el culpable del desastre del Transantiago, del CAE o de los escándalos  de MOP-GATE. Cualquiera sea el caso el socialismo, al igual que lo ocurrido en 1952 cuando respaldó al General Ibáñez en desmedro de Salvador Allende, deberá rendir cuenta a la historia por haber dado  la espalda a un candidato socialista con un respetable pasado de lucha  y el único con propuestas progresistas y  sólidas para un futuro gobierno.
La emergencia y el entusiasmo que despierta en sectores juveniles y estudiantiles la periodista Beatriz Sánchez candidata del Frente Amplio,sin programa y sin propuestas por el momento,  con seguridad traerá más agua al molino de la fronda presidencial que comporta igualmente otros postulantes de menor importancia tanto de izquierda como de derecha.
En estas circunstancias es  probable que nuestro próximo Presidente de la República sea Sebastián Piñera quien carga con una pesada mochila  conocida por los chilenos en que se mezcla negocios con política , escándalos de corrupción durante su gobierno y un renacer de las voces añorantes de la dictadura.
Esto tal vez nos de tiempo para entrar en un verdadero debate de ideas sobre lo que quieremos para Chile. La sólida propuesta programática de Ricardo lagos debiera  ser uno de los elementos a considerar, al igual que la Carta abierta a los dirigentes de los partidos y agrupaciones de izquierda y a los candidatos presidenciales del sector por una convergencia de la izquierda para una coalisión progresista, hecha pública hace algunas semanas por Manuel Antonio Garretón y Carlos Ominami. Esta carta abierta de Garretón y Ominami es un documento extremadamente sustantivo, lúcido, facil de leer y   que en 25 puntos realiza un diagnóstico de la situación política y social actual, de sus causas y de las posibles bases políticas para un entendimiento ciudadano que  permita terminar con las desigualdades y responder a las aspiraciones de las mayorías. Documentos como los señalados al igual que otros que vayan apareciendo, permitirán el necesario debate de ideas para la construcción de una sociedad menos desigual y con mayor justicia social por la cual , desvirtuando un poco a Ampuero: “valga la pena vivir “.

sábado, 21 de enero de 2017

La visita de un Presidente que no fue.


                                    

 

                                                                                                            
Un Presidente que no fue es el título del muy documentado libro del  argentino y ex líder montonero Miguel Bonasso publicado en 1997 y en el que relata la fugaz presidencia de Héctor Cámpora que se mantuvo sólo 49 días como máxima autoridad del país vecino.  Bonasso que se ilustró como brillante escritor e investigador con su testimonial relato “Recuerdos de la Muerte”,  fue, además de connotado guerrillero, compañero de armas  de Galimbertti y  opositor feroz de la dictadura, asesor de prensa de Héctor Cámpora y partícipe de las más importantes confidencias de un Presidente objeto de conspiraciones y manipulaciones que precipitaron  rápidamente su caída apenas recuperada la democracia.

Sin embargo, no es de Cámpora, fallecido en 1980, al que hacemos alusión, sino a otro Presidente que no fue, a pesar de gobernar su país desde hace ya casi cinco años.

Nos referimos al  actual presidente de Francia Francois Hollande que, a muy pocos meses del término de su mandato e impedido de repostularse por el masivo repudio de los ciudadanos galos, nos visita  aprovechando un viaje a la Polinesia francesa  y respondiendo a una invitación que le hiciera nuestra  Presidenta Michelle Bachelet, también ahora  muy poco apreciada por la ciudadanía; ambos  con porcentajes de adhesión que sumados no sobrepasaron en 2016 el 35% de aprobación.

 ¿Es Hollande un Presidente que no fue, a pesar de haber presidido el país durante un lustro?

Sería muy injusto decir que su mandato pasó desapercibido o que no tomó medida alguna durante su presidencia.  Por el contrario, sus cinco años se han caracterizado por una importante cantidad de toma de decisiones en materia de reformas económicas, valóricas  y sociales y por actuaciones personales que han deslegitimado su función y  que han producido un masivo rechazo ciudadano situándose en los  más bajos niveles históricos de aprobación de su gestión, lo que lo obligó a no postular a un segundo mandato presidencial.

¿Qué  fue lo que produjo esta contundente  desaprobación?

No fueron escándalos de corrupción  los que ensombrecieron el accionar del Presidente socialista, como ha ocurrido en nuestras latitudes con muchos de nuestros gobernantes latinoamericanos, aunque a inicios de su mandato, uno de sus  Ministros, Jerome Cahuzac, fue inculpado por blanqueo de capitales y fraude al fisco; ni corruptelas  de la familia directa como  el que afectó  a nuestra Presidenta que inicia su descenso no porque ella fuese corrupta, sino por los rebotes de las acciones de su  nuera y de su hijo.

 En el caso de Hollande se trató de algo diferente pero igualmente censurable: el  haber interrumpido abruptamente los sueños;  la ilusión que le dio al ciudadano común durante su campaña electoral de un mundo mejor; la esperanza de una vida  de mayor calidad,  enunciando para esos efectos, su voluntad de luchar contra el poder de las finanzas, contra las imposiciones de rigor fiscal impuestas por el FMI, el Banco Central europeo y la Comisión europea. Fueron promesas incumplidas pues siguiendo el sino trágico de muchos gobiernos socialistas no solamente contemporizó con las instituciones financieras, sino que realizó una abierta política neoliberal  aplicando  reformas económicas y sociales que ni la propia derecha  hubiese osado implementarlas, apareciendo así ante sus electores, ante la gente de izquierda y ante la gran mayoría del pueblo francés como un político demagogo que  no solo es  incapaz de cumplir con su programa  en el que prometió sueños, sino que  traspasa la línea situándose por sus actuaciones en el bando de los que durante años fueron los adversarios del socialismo.

Prometió un mundo mejor para los asalariados y los ahogó de impuestos disminuyendo notoriamente el poder adquisitivo de las capas populares, de los jubilados  y de la clase media. Su promesa de imponer una tasa de 75% a los salarios millonarios tampoco pudo concretizarse. Sin embargo, con el argumento de darle dinamismo a la empresa y de modernizarla, inyectó 40 mil millones de Euros a las arcas empresariales, a través de créditos de impuestos para fomentar la competitividad y el empleo y del llamado Pacto de Responsabilidad, pensando  que con ello se crearían empleos suficientes para disminuir la cesantía. Nuevamente un fiasco pues si bien  hubo mejorías y se logró enderezar levemente, a fines de 2016, la curva del desempleo, su mandato se termina con cerca de 600.000 nuevos cesantes durante el quinquenio y con un aumento considerable de los descuentos obligatorios (35 mil millones de Euros) para las familias y una reducción de  más de 20 millones para las empresas.

El Pacto de Responsabilidad abrió paso igualmente a otra reforma lacerante para los trabajadores y los sindicatos: La “Loi Travail”. Una  reforma  al Código del Trabajo que impone la negociación por empresas, invirtiendo la jerarquía de textos jurídicos que daba rango superior a la negociación por rama de actividad; que tiende a terminar con la emblemática jornada de 35 horas semanales; que le resta poder a los sindicatos; que disminuye las indemnizaciones por despidos y que impone la flexibilidad. Fue de tal magnitud la protesta social ante esta Ley que para evitar un debate político y un eventual derrota parlamentaria con votos contrarios de muchos diputados socialistas, el Primer Ministro tuvo que hacer uso del artículo 49.3 de la Constitución que compromete la responsabilidad del gobierno para aprobar la Ley sin pasar por el acuerdo del Parlamento, acrecentando  de paso la  profunda fisura en el seno del socialismo francés producto de la derechización del Gobierno socialista.

Es verdad que Hollande debió  enfrentar con mucho coraje los cobardes atentados terroristas reivindicados por el Estado islámico  en Paris, Niza y en otras regiones. Ello lo motivó a tomar medidas de excepción en aras de la seguridad nacional  que han conculcado algunas libertades públicas y que frente al repliegue de identidad, a la fuerte emergencia del populismo, del soberanismo, de la intolerancia y de la extrema derecha, su gobierno debió  abandonar algunas de sus promesas en materia de inmigración, como el derecho de voto para los extranjeros; cerrar fronteras para impedir la llegada de inmigrantes huyendo de la guerra en Siria y de paso criticar las medidas adoptadas por Angela Merkel para recibir masivamente a desplazados y víctimas; autorizar expulsiones de inmigrantes sin papeles como la de la   joven Leonarda alumna de un colegio de un barrio popular, integrada , querida por sus compañeros y  expulsada con toda su familia a Kozovo, por decisión del entonces  Ministro del Interior Manuel Valls, una suerte de Beria moderno del Gobierno, posteriormente Primer Ministro y hoy candidato a las primarias socialistas. Frente a la magnitud de la protesta  se  la autoriza a regresar pero sin su familia, produciendo un nuevo escándalo por la inhumana e improvisada  decisión.

En el mismo orden de cosas la población francesa no pudo comprender la inacción gubernamental frente al hacinamiento de inmigrantes en Pas- de- Calais en espera de ingresar clandestinamente a Inglaterra. Doce mil personas  viviendo en condiciones miserables e inhumanas se establecieron en ese sitio fronterizo desde finales del gobierno de Sarkozy y durante casi todo el quinquenio del Presidente Hollande sin que se tomase medida alguna. Solo en el último trimestre de 2016,  cediendo ante las presiones de una indignada  opinión pública, de instituciones internacionales y de los habitantes del lugar y ante la proximidad del año electoral se logro reubicarlos más dignamente.

Otros problemas, algunos de ellos de índole personal, enturbiaron igualmente su imagen ante una opinión ciudadana ya demasiado hostil hacia su persona. Las disputas con su compañera Valerie Treiweiler, los celos de esta ultima hacia Segolene Royal que tomaron connotaciones políticas; el anuncio de la  separación y la publicación del libro de Treiweiler “ Merci pour ce moment” en el que Hollande es descrito en su intimidad apareciendo, entre otras malas cosas, como una persona despreciativa de los pobres a los que llama “los sin dientes” y poco tiempo después la publicación del semanario Closer en que lo fotografían en motoneta, dirigiéndose al departamento de su nuevo amor la actriz Julie Gayet.

La publicación de un documentado libro de investigación  de dos periodistas del diario Le Monde, G. Davet y F. L’Homme, con los secretos del quinquenio,  “Un President ne devrait pas dire ca”, contribuye al descrédito y a la desconfianza con las revelaciones que allí se hacen. Se trata de la síntesis de conversaciones que semanalmente sostuvieron durante casi cinco años con F. Hollande y que no fueron contestadas ni desmentidas por el mandatario.

Nueva polémica,  nuevos desgastes, nuevas incomprensiones, nuevos errores en todos los terrenos. La diplomacia no escapa y las relaciones con el Presidente ruso W. Putin, se tensionan a grados pocas veces visto; las relaciones con los sindicatos y los movimientos sociales se deterioran a niveles preocupantes impidiendo el  desarrollo del diálogo social en temas tan sustantivos como la reforma educacional y la reforma del Código del Trabajo.

 Las disputas, torpezas, malos entendidos  y contradicciones entre sus Ministros y ex colaboradores son el pan cotidiano de la prensa en medio de una importante alza de la derecha y de la extrema derecha en los sondajes y de  un masivo repudio hacia su persona  que se expresa en los escuálidos índices de popularidad; los más bajos en la historia de la V República, que hacen olvidar y opacan por completo algunas importantes y acertadas reformas propiciadas y adoptadas durante su mandato como los incentivos destinados al desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas a través de créditos y reducciones de impuestos; el fomento del aprendizaje; la creación de empleos de policías y de gendarmes; el saneamiento de los déficits de la seguridad social, aunque haya sido en lo esencial a través del desarrollo de  aseguradoras privadas como las mutuales ; la generalización del matrimonio homosexual y medidas de adopción de hijos para parejas homosexuales; la contracepción gratuita para menores de edad; medidas de regularización de los indocumentados y el  fin del delito de solidaridad para quienes protejan a los sin papeles; la moralización de la vida pública; la no acumulación de los mandatos políticos y otras acciones éticas de sustantiva importancia que se eclipsaron frente a la aplicación de medidas económicas y políticas que eran patrimonio de la derecha y que contribuyeron a aumentar la falta de credibilidad en el ejercicio de su función presidencial.

Varias semejanzas con el caso chileno y muchos temas que conversar con nuestra Presidenta.

Aunque se trate de una figura desgastada que puede responder a la imagen de un Presidente que no fue, es una visita bienvenida y que debe respetarse pues representa los valores de  Libertad, Igualdad, Fraternidad y Solidaridad de  la Francia republicana, ejemplo de democracia; valores trascendentales en un mundo cada día más  egoísta, desigual e intolerante.

(Esta crónica fue publicada por el diario electrónico chileno El Mostrador en su edición del 21 de enero de 2016:

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/01/21/la-visita-de-un-presidente-que-no-fue/)

 

 

 

 

lunes, 2 de mayo de 2016

Un 1° de mayo sin Reforma Laboral


                             

                                   

                                                                                                                                             
Hace 130 años, el 1° de mayo de 1886, las más importantes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica como Nueva York, Chicago, Baltimore, Milwanka y otras se paralizaron como resultado de la lucha de las organizaciones sindicales  norteamericanas por mejores condiciones  laborales, particularmente por la reducción de la jornada a ocho horas de trabajo.

En ese 1° de mayo el paro fue total, así como la brutal represión y la provocación policial ante los cientos de miles de trabajadores que se manifestaron en las calles. La continuidad de la huelga general fue seguida por una  mayor represión que deja como saldo, el día 3 del mismo mes, seis obreros asesinados pertenecientes a la empresa Mc Cormic Reaper, además de numerosos heridos y detenidos. La manifestación de protesta realizada el día siguiente, 4 de mayo, en Chicago, en Haymarket Square, culmina con una enorme tragedia al estallar una bomba puesta por un desconocido. Mueren 12 personas, ocho policías y cuatro trabajadores y más de 60 personas quedan en estado grave. Los organizadores y los principales oradores son inculpados y en uno de los juicios más infamantes de la historia se condena a ocho de los detenidos de los cuales  cuatro de ellos (Spies, Fischer,Engel y Parson) fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887; Louis Lingg se suicida en prisión; Schwad y Fielden fueron condenados a prisión perpetua y  Neebe a 15 años de reclusión. Seis años más tarde el gobernador de Illinois decide revisar el proceso y se decreta la libertad sin condiciones de los detenidos y la pública rehabilitación de los ejecutados.

La Segunda Internacional se reúne en Congreso en Paris, en 1889, con ocasión del centenario de la “Toma de la Bastilla”. Los delegados norteamericanos entregan un conmovedor testimonio de los sucesos de mayo de 1886 y por unanimidad se adopta la resolución de apoyar la decisión de la Federación Americana del Trabajo que en su reunión de St. Louis eligió el 1° de mayo de 1890 como manifestación internacional para manifestarse mundialmente por la obtención de  las 8 horas de trabajo. El movimiento por las ocho horas logra finalmente su objetivo que se consagra por una resolución de la naciente Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio núm.1 adoptado el 28 de noviembre de 1919 en Washington.

Luego de este triunfo, la tradición continúa; el 1° de mayo se convierte en el mundo entero en el día internacional de los trabajadores, salvo en los Estados Unidos y Canadá en que la conmemoración se realiza el primer lunes de septiembre y se conoce como el Labor Day.

En este 1° de mayo los trabajadores chilenos tendrán muchas cosas que conmemorar, pero pocas cosas que celebrar. Como es sabido y con su acostumbrado  cinismo  la derecha chilena se ha autoproclamado como la defensora de los derechos de los trabajadores impugnando una débil Reforma Laboral propiciada por el Ejecutivo y aprobada por el Parlamento, recurriendo de queja ante el Tribunal Constitucional por considerar que  ella transgrede las normas de nuestra Carta Magna, fundamentalmente  en materias de Libertad Sindical.

Cuatro  parlamentarios de la derechista agrupación “Chile Vamos” han celebrado que el Tribunal Constitucional, en un ideológico fallo dividido,  les haya dado la razón en lo que se refiere a Titularidad Sindical y Extensión de beneficios, aspectos centrales y uno de los pocos puntos positivos de la reforma recientemente aprobada. En efecto, los senadores Andrés Allamand y Hernán Larrain, más los diputados Nicolás Monckeberg de R.N. y Patricio Melero de la UDI, con enormes muestras de satisfacción en sus rostros han declarado ante el conjunto de los medios de comunicación de nuestro país que el fallo mencionado significa un triunfo para la democracia, para los trabajadores y para la libertad sindical.

No nos pronunciaremos aún sobre este polémico y arbitrario fallo pues hasta ahora el tribunal Constitucional no ha dado a conocer sus fundamentos. No obstante, no podemos dejar de interrogarnos acerca de una arbitraria declaración de inconstitucionalidad en un país que ha ratificado convenios fundamentales de la OIT que consagran los derechos de los trabajadores a afiliarse en sindicatos para que los representen, para negociar colectivamente y para ejercer el derecho de huelga. En un país que ha conocido múltiples llamados de atención de los órganos de control de la OIT por no respetar esos convenios fundamentales. No está de más recordar que en el pasado diversos países de América Central fueron unánimemente condenados internacionalmente por permitir la emergencia del llamado Solidarismo, movimiento propiciado y alimentado por los empleadores centroamericanos como una alternativa a un sindicalismo que consideraban lesivos para sus intereses, muy similar a lo que  pretenden los empresarios chilenos con los Grupos Negociadores.

Ha llamado la atención que parlamentarios como los aludidos y otros que con gran cinismo han celebrado el arbitrario fallo y que en el pasado apoyaron una de las más sangrientas dictaduras militares del continente, se proclamen hoy defensores de los derechos de los trabajadores. Nada dijeron cuando nuestro criollo sátrapa asesinaba a sindicalistas, suprimía las legítimas organizaciones de los trabajadores chilenos, encarcelaba y torturaba a sus máximos representantes y aniquilaba las históricas conquistas sindicales sustituyéndolas por un Plan Laboral adecuado a la protección de los empresarios y del gran capital. ¿Por qué no sacaron entonces su voz de pregoneros de los derechos de los trabajadores y de defensores de la libertad?  ¿Habrán defendido esos derechos  los senadores Larraín y Allamand cuando se encarcelaba y torturaba  a Manuel Bustos a María Rozas a Arturo Martínez o  cuando  asesinaron a Nicolás López, a Juan Gianelli, a Tucapel Jiménez o  a los dirigentes de la antigua CUT o cuando se reprimía al Comando Nacional de Trabajadores, a la Coordinadora Nacional Sindical, a los Trabajadores del Cobre? Por cierto que nada dijeron y nada dirían si esos terribles hechos volvieran a ocurrir, porque ellos defienden sus intereses que son los de los grandes empresarios, de los que se coluden, de los que explotan, de los que se han apropiado del país y de sus riquezas. Es ese poder económico el que los ha puesto donde están para que sirvan sus intereses con fidelidad y se opongan a cualquier intento, aunque sea mínimo, que persiga avanzar en equidad y justicia social.

Por esto es que en este 1° de mayo los trabajadores chilenos no tendrán mucho que celebrar, pero tal vez sí mucho que lamentar; entre otras cosas,  el no haber sido más combativos, el no haber tenido más independencia de los partidos políticos y el  no haber propiciado desde un comienzo, desde muy temprano, una amplia estrategia de movilización y de comunicación  por cambios sustantivos que incluyesen amén de lo laboral, una verdadera reforma constitucional a través de un democrático proceso constituyente.

Aún estamos a tiempo.

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Este artículo fue publicado el día 1 de mayo de 2016 en el análisis semanal núm. 672 de la Revista electrónica Primera Piedra.

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lunes, 21 de marzo de 2016

Reforma laboral: la mala memoria


                   


                                                                                  


El 10 de marzo recién pasado, el Senado culminó la discusión del proyecto de Reforma Laboral aprobando la mayoría de los articulados presentados por el gobierno. Sin embargo y más allá de algunos  progresos que este proyecto contiene  hasta el momento en relación con el Plan Laboral aún vigente, este segundo trámite constitucional castigó una vez más a los trabajadores chilenos al rechazar la negociación obligatoria interempresa y sus mecanismos gracias a los votos de la derecha,  más el de cuatro senadores  DC y un independiente. De igual manera y siguiendo el manoseado argumento que ha imperado desde el término de la dictadura del “sí, pero no” cuando se trata de profundizar la democracia, se votó el artículo 347 que reconoce la huelga como un derecho colectivo de los trabajadores  y el no reemplazo de los trabajadores que ejercen ese derecho, pero acto seguido le otorgaron  la potestad al empleador para que modifique turnos, horarios , realice  cambios y las “adecuaciones necesarias” que estime conveniente, disminuyendo notoriamente la eficacidad de la huelga y vaciándola de su contenido.

El Senado de la República al rechazar los articulados mencionados no solo va en contra de las legítimas aspiraciones de los trabajadores, sino que se ha pronunciado de manera opuesta a los principios de Libertad Sindical de la OIT; ha ido contra lo que  sostiene la doctrina en estas materias  y se ha opuesto además a otro poder autónomo del Estado como la Corte Suprema la que a través de sus reiterados fallos ratifica  los principios de libertad sindical, de negociación colectiva y reconoce que el derecho de huelga forma parte de los derechos humanos fundamentales.

La Reforma Laboral pasa ahora a su tercer trámite constitucional. La Cámara de diputados deberá pronunciarse y muy probablemente será la Comisión Mixta quien dirá la última palabra. En el intertanto la CUT realizó un paro nacional  y una concentración el 22 de marzo, los senadores de la derecha amenazan con recurrir al Tribunal constitucional y la Nueva Mayoría sufre un quiebre por la postura abiertamente anti sindical de los senadores DC, al haber votado y mantenido las mismas posiciones en estas materias que los sectores más retrógrados y conservadores del hemiciclo.

Es más, el país entero pudo apreciar el triste papel jugado por el entonces Presidente del Senado Patricio Walker quien  hizo desalojar, manu militari, las tribunas donde se encontraban los más altos dirigentes de la CUT, su Presidenta Bárbara Figueroa y numerosos sindicalistas de su partido, entre ellos su Vicepresidente Nolberto Díaz.

¡Qué mala memoria tienen esos pater conscripti que se aliaron en votos con lo más despreciable del pinochetismo! ¡Cómo se han olvidado de las luchas de los trabajadores por derrocar a la dictadura! ¡Cómo les ha fallado la memoria al no recordar la prisión, las torturas, la humillación, el exilio de tantos sindicalistas entre los que se contaban sus propios correligionarios como Manuel Bustos, María Rozas , Juan M. Sepúlveda, Rodolfo Seguel y la de otros sindicalistas de diversas corrientes de opinión como Clotario Blest, Lucho Figueroa, Nicolás López, Arturo Martínez, Tucapel Jiménez, Alamiro Guzmán y muchos más  que arriesgando sus vidas lucharon por la democracia y la libertad reconstituyendo el movimiento sindical en plena dictadura y haciendo oír la voz de la Coordinadora Nacional Sindical, de la CTC, de la ANEF, de los profesores, de los gráficos, de los petroleros, de los molineros, de los panificadores, de los textiles, de los metalúrgicos, etc.

¿Se recordarán sus señorías del boicot internacional anunciado por la ORIT y la AFL-CIO que hizo temblar a la dictadura?

¿Recordarán el episodio del viaje de Pinochet a Filipinas, el 23 de  marzo de 1980, para visitar al dictador Marcos y que por la presión de las centrales sindicales de su país y de la muy eficaz intervención de George Meany, Presidente de la AFL-CIO; de Otto Kerstein, secretario general de la CIOSL; de Dan Gallin, secretario general de la UITA , hizo que su visita fuese cancelada por indeseable y que el avión tuviese que aterrizar forzadamente en el aeropuerto de Nandú, Islas Fidji.? En ese mismo lugar  el dirigente sindical Bonifacio Topaz le tenía preparada una masiva huelga, los retuvo sin abastecimientos ni aire acondicionado en el avión y  se les permitió bajar solo después de “haber sido fumigados como vulgares mosquitos”, según cuenta El Mercurio en su edición del martes 25 de marzo de 1980 en la que además relata el episodio de los huevos que  les lanzaron al descender del avión, catalogando  a este viaje como una ofensa diplomática sin precedentes en la historia diplomática de Chile.

Estos son solamente algunos de los múltiples ejemplos  que muestran la enorme actividad desplegada por los sindicalistas chilenos para aislar a la dictadura, precipitar su caída y restablecer las libertades, incluidos los derechos laborales. Todo ello costó muy caro y Pinochet pasó una sangrienta cuenta como el asesinato de Tucapel Jiménez, la nunca aclarada muerte del dirigente panificador Luis Gutiérrez, las atrocidades infligidas a María Rozas, la prisión y relegación de Manuel Bustos y Arturo Martínez, la pérdida de la nacionalidad de Luis Meneses y Humberto Elgueta, la persecución, con la complicidad de otras dictaduras, a sindicalistas a través de la Operación Cóndor y el castigo a otros dirigentes con un exilio indefinido.

 Pueda ser que nuestros parlamentarios recuperen su memoria en honor a los trabajadores que lucharon por la libertad y la democracia, gracias a la cual los hermanos Walkers, Andrés Zaldivar  y Manuel Antonio Matta pueden ejercer sus derechos, aunque sean contrarios a los intereses de los trabajadores.
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Este artículo fue publicado por la Revista Primera Piedra en su número 667, del 27 de marzo de 2016.

 

 

 

 

 

 

domingo, 28 de febrero de 2016

Chile: ¿Un barco a la deriva?


                                            

                                                                                                                          


                                                                                                                                                     Últimamente en Chile los veranos suelen ser catastróficos: temblores de fuerte intensidad, incendios, bosques arrasados, inundaciones, salidas de mar, olas gigantescas y desde hace algún tiempo tormentas políticas de proporciones derivadas de una serie de escándalos de corrupción por financiamientos ilegales a la política, sobornos, cohechos, tráficos de influencias, colusiones y fraudes al fisco. Estos delitos que  han sido desde un comienzo y en una fuerte proporción cometidos por la derecha chilena, con el correr del tiempo se han transversalizados, afectando a figuras del centro, de la izquierda, incluyendo  a la nuera y al hijo de la Presidenta de la República.


Los costos pagados han sido igualmente significativos; pues unido al deterioro de nuestra imagen como país, a la indignación  y a la burla, se ha aumentado, como lo muestran todas las encuestas, la desafección ciudadana hacia la política y el desprecio y la desconfianza  hacia los poderes del estado.

Tal vez el mayor costo lo esté pagando la Presidenta Bachelet al no haber reaccionado prestamente, con claridad y con firmeza apenas tuvo conocimiento de los hechos que involucraban a su familia. Todo el capital político acumulado por la primera mujer en la historia de Chile que es elegida Presidente de la República y su altísimo porcentaje de popularidad (80%) con el que finaliza su primer mandato, ahora  se desmorona y no logra superar el 27% de aprobación según CADEM.

La importante acción gubernamental tendente a disminuir la altísima desigualdad, a través de la reforma tributaria y educacional se minimiza en medio de los escándalos y de una ofensiva de una derecha cínica, impúdica y corrupta. Lo mismo ocurre  con otras sustantivas iniciativas  aprobadas o en discusión como la ley de Acuerdo de Unión Civil, el fin del sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo, el proyecto de despenalización del aborto, la Agenda de Probidad y Transparencia, además de otros proyectos entre los que se destaca la  esperada y tímida Reforma Laboral saboteada desde hace dos años  por la derecha, por los empresarios y por los democratacristianos cercanos al empresariado.

¿Es la Presidenta la única culpable de esta debacle política? Sin lugar a dudas la Presidenta tiene una cuota de responsabilidad no menor por lo ya enunciado y por la tardanza en la toma de decisiones importantes como lo que ha ocurrido con el caso Caval y últimamente con el del renunciado administrador Riquelme; con sus indecisiones frente a la necesaria Reforma Constitucional a través de una Asamblea constituyente  y con su vacilante postura ante la Reforma Laboral, rayana en la indiferencia.

Sin embargo, hay también otros actores que contribuyen día a día al deterioro del ambiente político en nuestro país. Ya hemos mencionado a la derecha que intenta por todos los medios blanquear  su pasado y minimizar  sus latrocinios  escudándose en los ilícitos cometidos por personajes de la izquierda o de la nueva mayoría o en las debilidades, cada vez más fuertes, de conducción, de gestión y de comunicación del gobierno. A ello hay que sumar a los asesores y asesoras del segundo piso de la Moneda que han demostrado una supina  incompetencia en sus materias; al equipo ministerial que con sus contradicciones, debilidades, verdades a medias como en el caso del aumento de los pasajes en el Metro o las inconexas declaraciones sobre la no publicación de los bienes de los funcionarios públicos, además de las continuas faltas de rigor político, dan una imagen poco convincente del manejo de la cosa pública.

El gran empresariado ha sido la prima donna de esta tormentosa ópera. Ha sido ese empresariado el que ha financiado ilícitamente a la política y el principal protagonista de los actos de corrupción. Han sido ellos los que han entregado dinero a parlamentarios para que apoyen o propicien leyes favorables a sus intereses; el gran empresariado es el que se ha coludido para aumentar sus ganancias en detrimento de la los consumidores y quienes han cometido delitos de fraude fiscal. Es ese empresariado el más ferviente opositor a las reformas de la Nueva Mayoría y son ellos, los más furibundos detractores de la Reforma laboral. Ya en el pasado, al igual que sus aliados de derecha, se ilustraron con la mentira y no titubearon ni un segundo en propiciar un golpe militar contra la democracia, instaurando una dictadura feroz y servil a sus intereses mercantiles.

Los partidos integrantes de la Nueva Mayoría han igualmente contribuido a la debacle. La Democracia Cristiana, soporte importante y elemento esencial para la gobernabilidad, no solo ha conocido casos de  militantes involucrados directa o indirectamente en actividades de financiamiento ilícito, sino que además ha mostrado públicamente sus contradicciones internas. Un influyente sector  de la colectividad se ha organizado internamente desarrollando una feroz oposición a algunos significativos temas del programa del gobierno del que forman parte. Me refiero a sus posiciones contra la despenalización del aborto en las tres causales enunciadas, al asumir  la defensa de  intereses empresariales en materias de educación y al cuestionar  los aspectos más fundamentales para los trabajadores del proyecto de reforma laboral, el que sin embargo  es defendido, entre otros, por el combativo sindicalista, militante DC y Vicepresidente de la CUT Nolberto Diaz. De igual forma los ataques contra el Partido Comunista han aumentado, cuestionando al mismo tiempo importantes  iniciativas propiciadas por sus aliados de coalición, como la abolición de la Ley de Pesca y lo que ya mencionamos respecto al aborto.Todo ello ha creado tensiones internas y ciertamente debilitan al conglomerado. 

Los otros partidos de gobierno han tenido reacciones similares, defendiendo lo indefendible, buscando fórmulas para perpetuar a una elite de dirigentes como ha sido el caso del Partido Socialista que, más allá de las resoluciones de su último Congreso, con su silencio e inacción a protegido irregularidades; no ha sancionado a militantes que han aparecido involucrados directa o indirectamente en asuntos de financiamiento irregular o en cuestiones de tráfico de influencia. Tampoco se han pronunciado sobre  militantes que en su accionar público han solidarizado con  personeros de derecha imputados por corrupción. Lo mismo se puede decir del resto de los  integrantes de la Nueva Mayoría.

Por si lo anterior fuese poco, personeros de la Nueva Mayoría  desataron muy anticipadamente  la carrera presidencial creando más tensiones a las ya existentes, para regocijo de la derecha y dejando en evidencia la falta de nuevos  liderazgos y de recambio generacional.

El PPD proclamó de manera solemne a Ricardo Lagos Escobar, ex Presidente cuyos méritos y excelencias  son incontestables, pero proclamado prematuramente en un momento complejo para la política nacional y con asuntos prioritarios por atender. Esta proclama ha sido fuertemente respaldada por el senador Andrés Zaldívar quien presuroso por lavar su pasado de actor importante en la campaña del terror contra el Presidente Salvador Allende, promoviendo una de las mayores corridas bancarias en la historia de Chile cuando fue  Ministro de Hacienda de Eduardo Frei Montalva, aparece ahora como predicador del diálogo, de la paz social y adhiere igualmente a la candidatura de Lagos, creando confusión, protesta  y estupor  en el seno de su tienda política.

Los socialistas han hecho presente que disponen de tres personajes  socialistas susceptibles de ocupar el sillón presidencial: Isabel Allende, Ricardo Lagos y José Miguel Insulza. Los tres son personajes históricos  y que de manera muy  directa han sido marcados por la figura de Pinochet.

Isabel Allende, hija del Presidente asesinado por el dictador, sufrió junto a su familia persecución, humillaciones y exilio. Isabel se incorporó valientemente a la lucha contra la dictadura y, en democracia, se ganó  un espacio en la política chilena y en el socialismo, manteniendo muy vigente el apellido de su padre.

Ricardo Lagos se ilustró con coraje en la lucha contra la dictadura; sufrió la cárcel, el exilio y el mundo aún recuerda su dedo acusador enrostrando a Pinochet en el programa de televisión que conducía Raquel Correa. Su gestión presidencial fue bastante  apreciada igualmente por la derecha y por el gran empresariado.

José Miguel Insulza, exiliado durante la dictadura, ha sido un político inteligente, hábil y astuto, sus convicciones lo han hecho derivar de la Democracia Cristiana al Mapu y luego al Partido Socialista. Como servidor del Estado en los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior demostró una excelente capacidad de conducción, de gestión y de habilidad política manteniendo un diálogo y un entendimiento con la derecha, con los militares y con el empresariado. Logró, en un complejo momento, el apoyo de Pablo Longueira y de la derecha para resolver asuntos de sustantiva importancia para la gobernabilidad como fue el llamado caso MOP-Gate. Pero sobretodo Insulza es recordado tanto por la derecha como por la izquierda y por la comunidad internacional, por haber sido una de las piezas clave  para el regreso del dictador a Chile. La decisión socialista aún no está tomada, pero ya la batalla ha comenzado. Camilo Escalona abrió los fuegos, apoyando a Ricardo Lagos y restándole méritos a Isabel Allende, con las consecuencias que se pueden imaginar.

La figura del ahora Agente chileno ante La Haya ha despertado nuevamente fuertes críticas en el seno de la izquierda, del socialismo y de la ciudadanía, al haber, en cierto modo, justificado  públicamente y   en abierta contraposición a las resoluciones sobre probidad y transparencia del reciente Congreso Socialista,  los actos ilícitos cometidos por la “clase política”, término que igualmente Insulza refuta y al  haber cuestionado que la ciudadanía se pronuncie contra los políticos imputados y recluidos, además de entregar un apoyo solidario a Pablo Longueira; el mismo personaje que hoy es examinado por la justicia    por actos de corrupción y   que confesara  públicamente, hace algún tiempo, haber sostenido conversaciones desde el más allá con el fallecido y asesinado senador por Santiago Jaime Guzmán quien, como se recordará, le ganó la senaduría a Ricardo Lagos gracias al sistema binominal, creado por él mismo, con un 17% ; mientras Lagos obtuvo más del 30% de la votación.

Fuera de las consideraciones mencionadas, es preciso señalar que los tres eventuales candidatos son personajes que durante los últimos 25 años en el largo período de transición a la democracia, se han caracterizados por haber desarrollado o propiciado un clima de cooperación política transversal, a través de los denominados consensos y por haber propiciado  la gradualidad de los cambios como forma de gobernabilidad. Consensos y gradualidades que han sido extremadamente positivos en un momento histórico particular, pero que hoy en día la ciudadanía considera  que es el momento de avanzar más decididamente en vías de una mayor igualdad y de una mayor justicia social, toda vez que con sus votos y propuestas han reclamado reformas sustantivas.

¿Lograremos encauzar este barco que en las aguas procelosas de este verano chileno se encuentra a la deriva? La Presidenta Bachelet podría  hacerlo, si tuviese la voluntad, con un fuerte golpe de timón dirigiendo la proa para que se escuche  más al Soberano y se avance con el cumplimiento del programa de gobierno; rectificando  los errores políticos cometidos asegurando una férrea y disciplinada unidad de la Nueva Mayoría; preconizando una  real penalización de los que han incurrido en escándalos de corrupción y con  un decidido avance en vías de asegurar tres emblemáticas reformas que corren serio peligro de naufragar como son la Reforma Constitucional, a través de una Asamblea Constituyente; la despenalización del aborto en sus tres causales y la Reforma Laboral. De esta manera se  podría evitar que, en un futuro ya  próximo, tengamos que lamentar una oportunidad perdida para el desarrollo democrático y que la herencia política sea algo más que desprecio ciudadano y  alimento para la farándula.
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Esta crónica fue publicada por la Revista Primera Piedra en su número 663 del 29-02-2016.