Por Agustín Muñoz
En nuestro país la política nos muestra a cada instante situaciones
sorprendentes y paradójicas que harían palidecer de envidia al gran escritor
Chesterton, maestro incontestable de lo inverosímil.
En un período de diez meses hemos sido testigos de una alucinante
evolución de denuncias e investigaciones en las que se evidencia, de manera explícita,
la fuerte relación entre política y dinero manifestada en diversos actos de
corrupción, de fraude, de cohecho y de tráfico de influencias. En ellos
aparecen involucrados los más connotados
actores políticos y económicos de la
sociedad chilena, produciendo una crisis institucional, de legitimidad y de
confianza que se acentúa día a día.
Si en un comienzo la ciudadanía pensaba que la corrupción era un dominio
reservado para la derecha política y que además formaba parte del ADN de la
dictadura, con el avance de las investigaciones se percató que esto también
tocaba al centro y a la izquierda, pues distinguidos dirigentes de la antigua
concertación y de la ahora Nueva Mayoría aparecían persistentemente relacionados
con aportes ilegales o recibiendo financiamiento por asesorías, reales o
ficticias, de empresarios enriquecidos bajo el amparo de la dictadura.
El ex Presidente Piñera y algunos miembros de su equipo gobernante han
sido igualmente objetos de denuncia o de
investigaciones de parte de los tribunales y la otrora inmaculada imagen de la
Presidenta Bachelet se ve mancillada por el tremendo negociado en el que
aparecen directamente involucrados su hijo, Sebastián Dávalos; su nuera; un
reputado banquero y otras figuras del espectro político.
El impacto que produce en el país el llamado caso CAVAL, nombre de la
empresa que a 50% pertenece a la nuera de Bachelet, fue demoledor; produciendo
un descrédito mayúsculo de la otrora triunfante figura presidencial y ahondando
más aún la mala percepción ciudadana
hacia la política.
De nada sirvió el inicial escueto
mea culpa de la Presidenta, ni el forzado perdón expresado por Dávalos
Bachelet, ni la sincera y emotiva entrevista, concedida a Mario Kreuztberger en
el Canal de televisión católico, el mismo medio en el que el Catón de los
golpistas con tenida de sacerdote destilara putrefacta bilis contra Salvador
Allende. En esa entrevista, en la que además de declararse profundamente afectada, de reiterar el no
haber estado al corriente de las trapacerías de su hijo, hace un anuncio
sustantivo que no fue del todo apreciado, a pesar de su importancia: el inicio
de un proceso constituyente. Tampoco sirvió el cambio de su gabinete, el día 11
de mayo, en el que cesa en sus funciones a su equipo político de confianza y a
su Ministro de Hacienda. Su segundo mensaje presidencial del 21 de mayo recién
pasado, en el que puso énfasis en la necesidad de restablecer las confianzas y
la transparencia y la creación de penas para los delitos económicos, además de los balances habituales, tampoco logró motivar
una positiva percepción ciudadana hacia su persona, hacia su gobierno, hacia la
clase política. Ninguna de sus acciones, ninguno de sus anuncios han logrado
restablecer las confianzas perdidas ni avanzar hacia una paulatina superación
de la crisis institucional existente. Es que día que pasa nos encontramos con nuevas
situaciones sorprendentes, con nuevas inculpaciones, con paradójicas
declaraciones.
Hay muchos botones de muestra en este bazar de la política.
Por el lado de la derecha, es decir de la UDI y de RN son pocos los que
hasta el momento se salvan de acusaciones o de procesos judiciales.
La fiscalía ha ya formalizado a
muchos, entre los más recientes sobresalen Iván Moreira, Felipe de Mussy,
Jovino Novoa, Pablo Zalaquet, Alberto Cardemil, Jaime Orpis y el independiente
ligado a la derecha Carlos Bianchi. Muchos otros son objeto de acusaciones e
investigaciones diversas, entre ellos Claudio Eguiluz, ex Vicepresidente de
Renovación Nacional, por millonarias facturas
emitidas entre los años 2011 y 2013 a SQM.
A pesar de ello, el descaro y la
impudicia de los dirigentes de los
partidos, que en tiempos de la dictadura avalaron sin excepción crímenes y atropellos
a los derechos humanos, no deja de asombrar.
Primero se escudaron en la teoría del error y del empate técnico. En
otras palabras, los actos cometidos no constituyen delitos, sino errores que no
pueden ser sancionados penalmente, los que además han sido igualmente cometidos
por personeros de la Concertación y de
la Nueva Mayoría; es decir; emulando al evangelio de Juan en su capítulo 8:
“…el que esté libre de pecados que lance la primera piedra”, tratan de clamar
impunidad. En seguida contraatacaron en cuanto medio de comunicación estuvo a
su alcance, acusando a integrantes del gobierno y desafiando agresivos, ante
las cámaras, a voceros y opinólogos de la
Nueva Mayoría que no atinaban a defenderse, como le ocurrió al ex vocero
Francisco Vidal, o pidiendo a gritos la renuncia del recientemente nombrado
Ministro Jorge Insunza.
Finalmente, han desarrollado un sin precedente lobby comunicacional
llamando a un entendimiento y clamando por
sanciones no penales, pues según ellos, los hechos imputados
corresponden a irregularidades administrativas y no son constitutivos de
delitos en sí. Esto ha sido enfatizado por el Presidente de la UDI, Hernán
Larraín, en referencia al caso del Senador Jaime Orpis, implicado en la
investigación de Corpesca.
Por el lado de la Nueva mayoría la cosa no es
mejor.
El ex Ministro Francisco Vidal fue uno de los primeros en ponerse el
parche antes de la herida, vaticinando, a inicios del mes de abril, que la mano venía mala y que habría mucha gente
involucrada, pues tanto los partidos políticos como los centros de estudios e
investigación ligados a partidos o movimientos políticos tuvieron que recurrir a financiamientos o
asesorías de parte de empresas o particulares para solventar gastos de campañas
y para poder seguir funcionando.
Hace apenas dos semanas, la flamante y recientemente electa presidenta del Partido Socialista, la
senadora Isabel Allende en una entrevista concedida a los periodistas Fernanda Paúl
y Guillermo Muñoz, a propósito del
financiamiento a las precampañas electorales, confiesa abiertamente que
toda la clase política es culpable de haber incurrido en trampas o utilización
de resquicios para sortear la legalidad en materia de propaganda electoral y
de financiamiento. En otras palabras es
un mea culpa, pero al mismo tiempo la explicitación de que “Todos somos
culpables” y como es sabido, cuando
todos somos culpables, al final nadie es culpable. Sin embargo, en algo tiene
razón la popular Senadora pues los casos
que la opinión pública y la justicia conocen, como hemos visto, es ya un cuento de nunca acabar.
En menos de un mes, en lo que respecta a la Nueva Mayoría, desde el cambio de Gabinete hasta la fecha hemos
conocido las implicancias del caso Martelli, el operador del ex ministro
Peñailillo, propietario de la empresa Asesorías y Negocios y recaudador de
fondos de las campañas presidenciales de la Concertación, en prestaciones y
asesorías destinadas a financiar precampañas y campañas electorales.
Lo anterior
motivó el cambio de gabinete, la investigación y posterior renuncia de Peñailillo, la salida de Michel Jarrat, ex
director del Servicio de Impuestos Internos y la puesta en evidencia del
financiamiento de las empresas SQM SALAR, Celulosa Arauco y Copec a las
precampañas y campañas de la
Concertación y de la Nueva Mayoría, a través de la emisión de boletas
ideológicamente falsas y de la participación de Asesorías y Negocios en estos
financiamientos en que están involucrados el ex ministro del interior y sus
principales asesores.
Uno de los últimos personeros investigados por emisión de facturas ideológicamente
falsas a SQM, Aguas Andinas y Endesa, ha sido Claudio Yaconi uno de los hombres
clave y de la máxima confianza del ex Presidente Frei Ruiz Tagle.
El recientemente electo presidente de la democracia cristiana, senador
Jaime Pizarro ha sido fuertemente cuestionado, incluso por sus propios
correligionarios, por su presunta relación con la empresa Ventus Consulting
cuyo propietario es su hijo Sebastián Pizarro. La empresa mencionada emitió
boletas que fueron consideradas por el Servicio de Impuestos Internos como
presuntamente falsas.
Igualmente en este lapso ha habido nuevas implicancias del caso Corpesca. A lo ya mencionado de
Jaime Orpis, se suman ahora cuestionamientos concretos en contra de algunos
senadores integrantes de la Comisión que aprobó la Ley de Pesca por haber
recibido dineros de la empresa perteneciente al Grupo Angellini y beneficiaria
directa de esta Ley. Entre esos senadores destacan los nombres del senador
independiente Antonio Horvath, del demócrata cristiano Hosain Sabaj, de
Alejandro García Huidobro de la UDI y del socialista Fulvio Rossi. Hay que
mencionar que Andrés Zaldívar ha sido desde hace bastante tiempo cuestionado por existir
incompatibilidades al haber votado en la Ley de Pesca y, últimamente el senador
Alejandro Navarro, en un comunicado, publica una lista con el nombre de la totalidad de
los parlamentarios y los montos de los aportes reservados recibidos durante la
campaña del 2013. El senador exige que los honorables expliquen a la opinión
pública si en esos aportes hay dineros provenientes de las empresas pesqueras.
Huelga decir que nadie ha sincerado nada y que Navarro ha sido duramente
criticado por miembros de la Nueva Mayoría.
Como si todo esto fuese poco, el Ministro Secretario general de la
Presidencia Jorge Insunza, militante PPD, nominado el 11 de mayo, se vio en la
obligación de renunciar a su cargo al ser cuestionado por haber prestado
asesorías a Codelco y a la empresa
minera Antofagasta Minerals a través de la sociedad Virtus Consultores de la cual
es propietario junto con su esposa Claudia Jara. Hay que recordar que los
informes a la empresa minera fueron realizados y presentados en el período en
que Insunza presidió la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados en 2014.
Trago muy amargo para una Presidenta que recién bendecida por el Papa, se
entera en Paris de esta demisión, en medio de una importante visita oficial.
La censura ciudadana parece ser unánime ante esta debacle que parece que
no tuviera fin. Tanto las organizaciones sociales, como las Ongs y al interior
de los propios partidos políticos mayoritariamente se alzan voces
reprobatorias. Las organizaciones estudiantiles se han manifestado en las
calles, aún cuando estas manifestaciones no han tenido la magnitud de las protestas de los
movimientos de Indignados que estremecieron a Europa, tal vez como una muestra de un postrer
apoyo a un gobierno en el cual se tuvo fe. Las encuestas son
elocuentes al respecto.
La última encuesta Plaza Pública Cadem, la número 73, muestra el peor
desempeño de la Presidenta con un 25% de aprobación y un 62% de desaprobación
en cuanto a la forma como conduce su gobierno y un 57% muestra desconfianza,
rabia y desilusión ante la mandataria.
La encuesta CEP de abril de 2015 ya le daba un nivel de desaprobación
del 56% y el nivel de desconfianza se situaba en un 62%
Esta misma encuesta muestra a pesar de las hecatombes, en la parte de evaluación de
personajes políticos, un respaldo a tres personajes ligados a la izquierda: Isabel Allende, Marco
Enríquez-Ominami y Ricardo Lagos con un 45%, un 43% y un 42% respectivamente,
seguidos por Sebastián Piñera con un 39%
La encuesta Adimark del mes de mayo le da a la Presidenta un 29% de
aprobación y el nivel de rechazo subió a 66%
Estos porcentajes son refrendados por otros sondeos de opinión los que
marcan igualmente un fuerte castigo a la clase política (CERC-MORI).
Muchos se preguntan, ante tantos cuestionamientos, imputaciones y
descubrimientos de nuevas acciones delictuales o moralmente reprobables: ¿cuál
debe ser el camino a seguir para recuperar las confianzas perdidas, para
restablecer la credibilidad en la política y no poner en riesgo a la
democracia? ¿Qué hacer para erradicar la
corrupción de la política?
Frente a estas complejas interrogantes tal cual lo hemos dicho en
crónicas anteriores, las respuestas no son fáciles.
Diversas propuestas son periódicamente evocadas. Algunas con una apenas
disimulada voluntad de aplicar un perdonazo, como la del senador Juan Pablo
Letelier quien, en medio de los sonoros aplausos del diario El Mercurio,
preconiza que la solución debe estar en un cambio de las reglas del juego del
financiamiento a la política, pero que la solución a los casos de corrupción
conocidos no pasa por la judicialización de los mismos, sino por un acuerdo
político, insistiendo en que es el sistema político quien debe resolver en
definitiva y no los tribunales. Argumento similar ya había sido evocado por el
ex director de Impuestos Internos Ricardo Escobar, atribuyendo a los ilícitos
cometidos el nombre de faltas tributarias. Esta doctrina ha sido
igualmente aceptada con entusiasmo por Jovino Novoa y otros inculpados.
Otros argumentan la necesidad de
clarificar al máximo, investigar administrativamente y judicializar los casos más fragantes, aplicar sanciones,
establecer reglas claras para el financiamiento de la política y
detener las reformas emprendidas o anunciadas, estableciendo un gran
acuerdo nacional en el que impere por
sobretodo la eficacia económica para que
el país pueda recuperar su crecimiento y en seguida realizar las reformas
sociales más urgentes. Los que sustentan esta tesis son igualmente partidarios
de dar un fuerte grado de racionalidad a la política y a la administración del
estado a través de una convocatoria a gente de experiencia con fuerte capacidad
técnica. A este llamado de la selva cuyos árboles no pueden disimular el
derechismo grosero que los empapa, algunas almas de la otrora izquierda
adhieren con entusiasmo y como sus vocaciones son siempre del más alto interés
público ya han explicitado sus presidenciales apetitos presentándose como los neos
Radamés ante la patria en peligro.
Últimamente han surgido también planteamientos más radicales y aún más irresponsables como el de una renuncia de la
presidenta Bachelet, sin sopesar los dramáticos
efectos institucionales que una acción de este tipo acarrearía en una nación
ya en crisis.
No obstante, lo más cuerdo, sensato y ético pareciera encontrarse, en
primer lugar, en la urgencia de conocer la verdad. Es decir en el rápido reconocimiento
de las culpas de todas aquellas personas o instituciones que hayan recibido financiamientos ilícitos, directos
o indirectos, para financiar campañas o precampañas; ser investigadas por las
instancias correspondientes y en seguida
recibir las sanciones penales o administrativas que correspondan. Para aquellas situaciones en las que
la única condena aplicable sea la
sanción moral; los partidos o movimientos políticos, una
vez depurados, deberían disponer de un veto ético hacia la persona
concernida para el ejercicio de
actividades públicas. La aplicación de las propuestas de la Comisión Engel para
recuperar la fe pública, una ley de financiamiento de los partidos y severas
limitaciones a la reelección de parlamentarios y alcaldes son de una urgencia
extrema.
La consecución de las reformas es igualmente imprescindible para
recuperar la confianza ciudadana y sobretodo iniciar una seria reforma
constitucional como dijo la Presidenta “realmente incidente”, con mecanismos
claros y en los cuales participe de
manera activa la ciudadanía en su conjunto, plebiscitando la propuesta y
obviamente descartando de la conducción
de este proceso a instituciones deslegitimadas como el Parlamento.
Se trata en
definitiva de dignificar la política, de escuchar realmente al ‘soberano’ para
que haya credibilidad, gobernabilidad, justicia social, derechos democráticos y
en ningún caso un borrón y cuenta nueva. Lo peor que nos pudiese pasar sería que nada cambiara, que todo siguiera
igual y que la apatía terminara absorbiendo a la ciudadanía o que se abriesen los espacios para dar paso a un populismo demagógico.
