Francia ha vivido desde el 18 de septiembre y de manera particular los días 6 y 17 de octubre de este año, momentos de una extrema tensión social derivados por una parte de las justas reivindicaciones estudiantiles y por otra, de urgentes y no resueltas demandas ciudadanas en relación con el encarecimiento del costo de la vida producto de las alzas de precios en general y de los combustibles en particular, de los magros salarios , de las precarias pensiones y del importante deterioro de los servicios públicos.
Las masivas manifestaciones
estudiantiles con sus impresionantes marchas despertaron la simpatía de la
opinión pública por las legítimas demandas entre las que se cuentan la
disminución del número de alumnos por clase, la contratación de profesores ante
la falta de docentes en materias sustantivas, la reparación de vetustos e
insalubres establecimientos y la supresión del obscuro sistema de selección
imperante para acceder
a los estudios superiores al término del bachillerato, denominado
ParcourSup.
En contraste con el apoyo
incontestable de la población a este movimiento nacional de liceanos y
universitarios, la represión policial se manifestó de inmediato atacando,
golpeando y haciendo un desmesurado uso de la fuerza que culminó con mutilados
y heridos de gravedad entre manifestantes y policías. Frente a la brutalidad
gubernamental, los padres, los familiares y los docentes de colegios y liceos
decidieron acompañar a los jóvenes en las siguientes marchas para protegerlos
de la represión de la policía y de las bandas de delincuentes infiltrados que
con sus provocaciones y destrozos desvirtuaban las peticiones haciendo de paso
un inmenso favor a la extrema derecha que se reclama ferviente defensora del
orden. Las centrales sindicales aportaron sus servicios de vigilancia para
evitar enfrentamientos lo que en general se logró de manera exitosa, aunque por
poco tiempo.
El sábado 17 de octubre fue la
fecha elegida para la realización de una manifestación que reunió en toda
Francia a liceanos, universitarios, sindicalistas y a los antiguos Chalecos
Amarillos cuyas reivindicaciones, escritas en 2018 en los famosos Cuadernos de
Quejas, jamás se tomaron en consideración. En Paris, luego de tres días de
discusiones entre organizadores y gobierno para fijar el recorrido parisino,
los 210.000 manifestantes desfilaron pacíficamente desde la emblemática Plaza
de la Republica hasta la plaza de Clichy.
Sin embargo, desde antes de la
manifestación diversos grupos de infiltrados, de black bloc, de provocadores,
de jóvenes marginales habitantes de la periferia parisina y de delincuentes
iniciaron impresionantes destrozos, pillajes, destrucción de bienes públicos,
de comercios y de enfrentamientos contra grupos policiales en las más
importantes calles y avenidas parisinas creando un clima insurreccional pocas
veces visto en la historia reciente. Las fuerzas de seguridad en número muy
insuficiente a pesar de las advertencias de sus propios servicios y siguiendo
órdenes superiores fueron incapaces de evitar los desmanes optando por aplicar
la política del dejar hacer. En vano fueron los llamados de las autoridades
municipales y de los comerciantes asaltados y saqueados. La represión en cambio
se dirigió hacia quienes manifestaban pacíficamente empleando, además, el
método de encerramiento, con solo una salida y sin posibilidades de dispersión
que milagrosamente no produjo muertes que lamentar.
Marsella, Lyon, Limoges sufrieron
significativos destrozos y sobre todo los símbolos republicanos fueron atacados, incendiando la alcaldía de Limoges y la
oficina de turismo de Lyon, además de asaltar y deteriorar puertas, salones,
muebles y esculturas emblemáticas en la
municipalidad de Marsella. Todas estas acciones de vandalismo fueron
unánimemente repudiadas por el conjunto de las fuerzas políticas del país.
Obviamente la gran mayoría de los
medios de comunicación centraron la atención en los indesmentibles desmanes, provocaciones y ataques al
patrimonio nacional y no en el justo contenido de las reivindicaciones, ni en
las impresionantes y pacificas manifestaciones que reunieron en todo el país a
800 mil personas. El ministro del Interior, que más que ministro pareciera ser
vocero de los sindicatos de policías, antes de hacer su mea culpa por su
imprevisión y la nula protección a comerciantes, edificios públicos y
manifestantes, responsabilizó de inmediato a los partidos de extrema izquierda,
a la France Insoumise de Jean Luc Melanchon, al igual que lo hicieron los
partidos de derecha y de derecha extrema en un afán por descreditar a uno de
los candidatos más competitivos en la
futura elección presidencial.
El presidente Emmanuel Macron,
horas antes de viajar a los países árabes, en una corta y unánimemente
criticada alocución se limitó a expresar su defensa de la autoridad del estado,
a su voluntad de implementar medidas securitarias como toques de queda
sectorizados, a su repudio a los desmanes y a entregar su respaldo al ministro
del interior, a quien no aceptó su pertinente renuncia. Igualmente hizo un
llamado al conjunto de las fuerzas políticas para que en una reunión oficial
con el gobierno expresen su repudio a la violencia y al vandalismo, sin
referirse para nada a los problemas de fondo que afectan al país y que son el
centro del conflicto social que vive Francia. Similar intervención tuvo el
primer ministro quien se limitó a repetir los dichos del presidente, a ofrecer
ayuda para indemnizar a los afectados y a hacer un llamado a la calma,
amenazando con aplicar con el máximo rigor a los más de dos mil detenidos.
¿Serán suficientes las medidas
anunciadas para calmar los ánimos y acallar las
demandas de la inmensa mayoría de la población francesa hastiada de
promesas incumplidas, de un deterioro de la calidad de vida, de los servicios
públicos y de una notoria desigualdad que como de costumbre afecta a los más
pobres y favorece a los más ricos?
Muy probablemente no será el
caso. Los franceses durante los 10 años del gobierno de Macrón han sido
testigos de la soberbia presidencial que no ha prestado atención a las urgentes
solicitudes de estudiantes, de jóvenes, de desempleados, de pensionados y de trabajadores que con asombro han visto
como no se les ha escuchado y que, por el contrario, se ha favorecido a los
grandes empresarios nacionales e internacionales con millonarios aportes en
dinero y liberando de impuestos a las
grandes fortunas mientras que el desempleo y la precariedad aumentan y las
cargas impositivas a la clase media las
agobian y empobrecen. Tampoco ha existido una concertación directa con los
sindicatos a quienes durante el decenio ha ignorado por completo imponiendo
impopulares reformas por la vía de decretos. No es factible pensar que un
gobierno tan debilitado como el actual, que enfrenta un importante déficit
presupuestario, una colosal deuda externa y que luego de la disolución de la
Asamblea Nacional en 2024 no dispone de mayoría y está permanentemente bajo el
riesgo de la censura, pueda aportar soluciones satisfactorias antes de la
elección presidencial de 2027.
Solo una respuesta política
concreta a las justas reivindicaciones a través de un serio proceso de
concertación social con sindicatos, movimientos sociales, empleadores, partidos
políticos y estudiantes podrá contribuir a evitar la crisis de representación actual, la
continuidad del conflicto y el aumento de las acciones insurreccionales, que
ante la impotencia e incapacidad gubernamental ponen en peligro el pacto
social, la estabilidad democrática y aumentan aún más las posibilidades de un
triunfo de la intolerancia y de la derecha extrema el 18 de abril de 2027.
Paris. Octubre 2026.
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