martes, 9 de junio de 2015

¿BORRÓN Y CUENTA NUEVA?

                                           


 
Por Agustín Muñoz
En nuestro país la política nos muestra a cada instante situaciones sorprendentes y paradójicas que harían palidecer de envidia al gran escritor Chesterton, maestro incontestable de lo inverosímil.
En un período de diez meses hemos sido testigos de una alucinante evolución de denuncias e investigaciones en las que se evidencia, de manera explícita, la fuerte relación entre política y dinero manifestada en diversos actos de corrupción, de fraude, de cohecho y de tráfico de influencias. En ellos aparecen involucrados  los más connotados  actores políticos y económicos de la sociedad chilena, produciendo una crisis institucional, de legitimidad y de confianza que se acentúa día a día.
Si en un comienzo la ciudadanía pensaba que la corrupción era un dominio reservado para la derecha política y que además formaba parte del ADN de la dictadura, con el avance de las investigaciones se percató que esto también tocaba al centro y a la izquierda, pues distinguidos dirigentes de la antigua concertación y de la ahora Nueva Mayoría aparecían persistentemente relacionados con aportes ilegales o recibiendo financiamiento por asesorías, reales o ficticias, de empresarios enriquecidos bajo el amparo de la dictadura.
El ex Presidente Piñera y algunos miembros de su equipo gobernante han sido igualmente  objetos de denuncia o de investigaciones de parte de los tribunales y la otrora inmaculada imagen de la Presidenta Bachelet se ve mancillada por el tremendo negociado en el que aparecen directamente involucrados su hijo, Sebastián Dávalos; su nuera; un reputado banquero y otras figuras del espectro político.
El impacto que produce en el país el llamado caso CAVAL, nombre de la empresa que a 50% pertenece a la nuera de Bachelet, fue demoledor; produciendo un descrédito mayúsculo de la otrora triunfante figura presidencial y ahondando más aún  la mala percepción ciudadana hacia la política.
De nada sirvió el inicial  escueto mea culpa de la Presidenta, ni el forzado perdón expresado por Dávalos Bachelet, ni la sincera y emotiva entrevista, concedida a Mario Kreuztberger en el Canal de televisión católico, el mismo medio en el que el Catón de los golpistas con tenida de sacerdote destilara putrefacta bilis contra Salvador Allende. En esa entrevista, en la que además de  declararse  profundamente afectada, de reiterar el no haber estado al corriente de las trapacerías de su hijo, hace un anuncio sustantivo que no fue del todo apreciado, a pesar de su importancia: el inicio de un proceso constituyente. Tampoco sirvió el cambio de su gabinete, el día 11 de mayo, en el que cesa en sus funciones a su equipo político de confianza y a su Ministro de Hacienda. Su segundo mensaje presidencial del 21 de mayo recién pasado, en el que puso énfasis en la necesidad de restablecer las confianzas y la transparencia y la creación de penas para los delitos económicos, además de  los balances habituales, tampoco logró motivar una positiva percepción ciudadana hacia su persona, hacia su gobierno, hacia la clase política. Ninguna de sus acciones, ninguno de sus anuncios han logrado restablecer las confianzas perdidas ni avanzar hacia una paulatina superación de la crisis institucional existente. Es que día que pasa nos encontramos con nuevas situaciones sorprendentes, con nuevas inculpaciones, con paradójicas declaraciones.
Hay muchos botones de muestra en este bazar de la política.
Por el lado de la derecha, es decir de la UDI y de RN son pocos los que hasta el momento se salvan de acusaciones o de procesos judiciales.
La fiscalía ha ya formalizado a muchos, entre los más recientes sobresalen Iván Moreira, Felipe de Mussy, Jovino Novoa, Pablo Zalaquet, Alberto Cardemil, Jaime Orpis y el independiente ligado a la derecha Carlos Bianchi. Muchos otros son objeto de acusaciones e investigaciones diversas, entre ellos Claudio Eguiluz, ex Vicepresidente de Renovación Nacional, por millonarias facturas emitidas entre los años 2011 y 2013 a SQM.
 A pesar de ello, el descaro y la impudicia de  los dirigentes de los partidos, que en tiempos de la dictadura avalaron sin excepción crímenes y atropellos a los derechos humanos, no deja de asombrar.
Primero se escudaron en la teoría del error y del empate técnico. En otras palabras, los actos cometidos no constituyen delitos, sino errores que no pueden ser sancionados penalmente, los que además han sido igualmente cometidos por personeros  de la Concertación y de la Nueva Mayoría; es decir; emulando al evangelio de Juan en su capítulo 8: “…el que esté libre de pecados que lance la primera piedra”, tratan de clamar impunidad. En seguida contraatacaron en cuanto medio de comunicación estuvo a su alcance, acusando a integrantes del gobierno y desafiando agresivos, ante las cámaras, a voceros y opinólogos  de la Nueva Mayoría que no atinaban a defenderse, como le ocurrió al ex vocero Francisco Vidal, o pidiendo a gritos la renuncia del recientemente nombrado Ministro Jorge Insunza.
Finalmente, han desarrollado un sin precedente lobby comunicacional llamando a un entendimiento y clamando por  sanciones no penales, pues según ellos, los hechos imputados corresponden a irregularidades administrativas y no son constitutivos de delitos en sí. Esto ha sido enfatizado por el Presidente de la UDI, Hernán Larraín, en referencia al caso del Senador Jaime Orpis, implicado en la investigación de  Corpesca.
Por el lado de la Nueva mayoría la cosa no es mejor.
El ex Ministro Francisco Vidal fue uno de los primeros en ponerse el parche antes de la herida, vaticinando, a inicios del mes de abril, que  la mano venía mala y que habría mucha gente involucrada, pues tanto los partidos políticos como los centros de estudios e investigación ligados a partidos o movimientos políticos  tuvieron que recurrir a financiamientos o asesorías de parte de empresas o particulares para solventar gastos de campañas y para poder seguir funcionando.
Hace apenas dos semanas, la flamante y recientemente electa  presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende en una entrevista concedida a los periodistas Fernanda Paúl y Guillermo Muñoz, a propósito del  financiamiento a las precampañas electorales, confiesa abiertamente que toda la clase política es culpable de haber incurrido en trampas o utilización de resquicios para sortear la legalidad en materia de propaganda electoral y de  financiamiento. En otras palabras es un mea culpa, pero al mismo tiempo la explicitación de que “Todos somos culpables”  y como es sabido, cuando todos somos culpables, al final nadie es culpable. Sin embargo, en algo tiene razón la popular  Senadora pues los casos que la opinión pública y la justicia conocen, como  hemos visto,  es ya un cuento de nunca acabar.
En menos de un mes, en lo que respecta a la Nueva Mayoría, desde el cambio de Gabinete hasta la fecha hemos conocido las implicancias del caso Martelli, el operador del ex ministro Peñailillo, propietario de la empresa Asesorías y Negocios y recaudador de fondos de las campañas presidenciales de la Concertación, en prestaciones y asesorías destinadas a financiar precampañas y campañas electorales.
Lo anterior motivó el cambio de gabinete, la investigación y posterior renuncia  de Peñailillo, la salida de Michel Jarrat, ex director del Servicio de Impuestos Internos y la puesta en evidencia del financiamiento de las empresas SQM SALAR, Celulosa Arauco y Copec a las precampañas y campañas  de la Concertación y de la Nueva Mayoría, a través de la emisión de boletas ideológicamente falsas y de la participación de Asesorías y Negocios en estos financiamientos en que están involucrados el ex ministro del interior y sus principales asesores.
Uno de los últimos personeros investigados  por emisión de facturas ideológicamente falsas a SQM, Aguas Andinas y Endesa, ha sido Claudio Yaconi uno de los hombres clave y de la máxima confianza del ex Presidente Frei Ruiz Tagle.
El recientemente electo presidente de la democracia cristiana, senador Jaime Pizarro ha sido fuertemente cuestionado, incluso por sus propios correligionarios, por su presunta relación con la empresa Ventus Consulting cuyo propietario es su hijo Sebastián Pizarro. La empresa mencionada emitió boletas que fueron consideradas por el Servicio de Impuestos Internos como presuntamente falsas.
Igualmente en este lapso ha habido nuevas implicancias  del caso Corpesca. A lo ya mencionado de Jaime Orpis, se suman ahora cuestionamientos concretos en contra de algunos senadores integrantes de la Comisión que aprobó la Ley de Pesca por haber recibido dineros de la empresa perteneciente al Grupo Angellini y beneficiaria directa de esta Ley. Entre esos senadores destacan los nombres del senador independiente Antonio Horvath, del demócrata cristiano Hosain Sabaj, de Alejandro García Huidobro de la UDI y del socialista Fulvio Rossi. Hay que mencionar que Andrés Zaldívar ha sido desde hace bastante  tiempo cuestionado por existir incompatibilidades al haber votado en la Ley de Pesca y, últimamente el senador Alejandro Navarro, en un comunicado, publica una lista con el nombre de la totalidad de los parlamentarios y los montos de los aportes reservados recibidos durante la campaña del 2013. El senador exige que los honorables expliquen a la opinión pública si en esos aportes hay dineros provenientes de las empresas pesqueras. Huelga decir que nadie ha sincerado nada y que Navarro ha sido duramente criticado por miembros de la Nueva Mayoría.
Como si todo esto fuese poco, el Ministro Secretario general de la Presidencia Jorge Insunza, militante PPD, nominado el 11 de mayo, se vio en la obligación de renunciar a su cargo al ser cuestionado por haber prestado asesorías a Codelco y a  la empresa minera Antofagasta Minerals a través de la sociedad Virtus Consultores de la cual es propietario junto con su esposa Claudia Jara. Hay que recordar que los informes a la empresa minera fueron realizados y presentados en el período en que Insunza presidió la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados en 2014. Trago muy amargo para una Presidenta que recién bendecida por el Papa, se entera en Paris de esta demisión, en medio de una importante visita oficial.
La censura ciudadana parece ser unánime ante esta debacle que parece que no tuviera fin. Tanto las organizaciones sociales, como las Ongs y al interior de los propios partidos políticos mayoritariamente se alzan voces reprobatorias. Las organizaciones estudiantiles se han manifestado en las calles, aún cuando estas manifestaciones no han tenido la magnitud de las protestas de los movimientos de Indignados que estremecieron a Europa, tal vez como una muestra de un postrer apoyo a un gobierno en el cual se tuvo fe. Las encuestas son elocuentes al respecto.
La última encuesta Plaza Pública Cadem, la número 73, muestra el peor desempeño de la Presidenta con un 25% de aprobación y un 62% de desaprobación en cuanto a la forma como conduce su gobierno y un 57% muestra desconfianza, rabia y desilusión ante la mandataria.
La encuesta CEP de abril de 2015 ya le daba un nivel de desaprobación del 56% y el nivel de desconfianza se situaba en un 62%
Esta misma encuesta muestra a pesar de las  hecatombes, en la parte de evaluación de personajes políticos, un respaldo a tres personajes ligados  a la izquierda: Isabel Allende, Marco Enríquez-Ominami y Ricardo Lagos con un 45%, un 43% y un 42% respectivamente, seguidos por Sebastián Piñera con un 39%
La encuesta Adimark del mes de mayo le da a la Presidenta un 29% de aprobación y el nivel de rechazo subió a 66%
Estos porcentajes son refrendados por otros sondeos de opinión los que marcan igualmente un fuerte castigo a la clase política (CERC-MORI).
Muchos se preguntan, ante tantos cuestionamientos, imputaciones y descubrimientos de nuevas acciones delictuales o moralmente reprobables: ¿cuál debe ser el camino a seguir para recuperar las confianzas perdidas, para restablecer la credibilidad en la política y no poner en riesgo a la democracia? ¿Qué hacer para  erradicar la corrupción de la política?
Frente a estas complejas interrogantes tal cual lo hemos dicho en crónicas anteriores, las respuestas no son fáciles.
Diversas propuestas son periódicamente evocadas. Algunas con una apenas disimulada voluntad de aplicar un perdonazo, como la del senador Juan Pablo Letelier quien, en medio de los sonoros aplausos del diario El Mercurio, preconiza que la solución debe estar en un cambio de las reglas del juego del financiamiento a la política, pero que la solución a los casos de corrupción conocidos no pasa por la judicialización de los mismos, sino por un acuerdo político, insistiendo en que es el sistema político quien debe resolver en definitiva y no los tribunales. Argumento similar ya había sido evocado por el ex director de Impuestos Internos Ricardo Escobar, atribuyendo a los ilícitos cometidos el nombre de faltas tributarias. Esta doctrina ha sido igualmente aceptada con entusiasmo por Jovino Novoa y otros inculpados.
Otros argumentan la necesidad de  clarificar al máximo, investigar administrativamente y judicializar  los casos más fragantes, aplicar sanciones, establecer reglas claras para el financiamiento de la política  y  detener las reformas emprendidas o anunciadas, estableciendo un gran acuerdo nacional  en el que impere por sobretodo la eficacia  económica para que el país pueda recuperar su crecimiento y en seguida realizar las reformas sociales más urgentes. Los que sustentan esta tesis son igualmente partidarios de dar un fuerte grado de racionalidad a la política y a la administración del estado a través de una convocatoria a gente de experiencia con fuerte capacidad técnica. A este llamado de la selva cuyos árboles no pueden disimular el derechismo grosero que los empapa, algunas almas de la otrora izquierda adhieren con entusiasmo y como sus vocaciones son siempre del más alto interés público ya han explicitado sus presidenciales apetitos presentándose como los neos Radamés  ante la patria en peligro.
Últimamente han surgido también  planteamientos más radicales y aún más  irresponsables como el de una renuncia de la presidenta Bachelet, sin sopesar los dramáticos  efectos institucionales que una acción de este tipo acarrearía en una nación ya en crisis.
No obstante, lo más cuerdo, sensato y ético pareciera encontrarse, en primer lugar, en  la urgencia  de conocer la verdad. Es decir en el rápido reconocimiento de las culpas de todas aquellas personas o instituciones  que hayan recibido financiamientos ilícitos, directos o indirectos, para financiar campañas o precampañas; ser investigadas por las instancias correspondientes  y en seguida recibir las sanciones penales o administrativas que correspondan. Para aquellas situaciones  en las que la única condena aplicable sea  la sanción moral;  los partidos o movimientos políticos, una vez depurados, deberían disponer de un veto ético hacia la persona concernida para  el ejercicio de actividades públicas. La aplicación de las propuestas de la Comisión Engel para recuperar la fe pública, una ley de financiamiento de los partidos y severas limitaciones a la reelección de parlamentarios y alcaldes son de una urgencia extrema.

La consecución de las reformas es igualmente imprescindible para recuperar la confianza ciudadana y sobretodo iniciar una seria reforma constitucional como dijo la Presidenta “realmente incidente”, con mecanismos claros y en los cuales  participe de manera activa la ciudadanía en su conjunto, plebiscitando la propuesta y obviamente   descartando de la conducción de este proceso a instituciones deslegitimadas como el Parlamento.
Se trata en definitiva de dignificar la política, de escuchar realmente al ‘soberano’ para que haya credibilidad, gobernabilidad, justicia social, derechos democráticos y en ningún caso un borrón y cuenta nueva. Lo peor que nos pudiese pasar sería que nada cambiara, que todo siguiera igual y que la apatía terminara absorbiendo a la ciudadanía o que se abriesen los espacios para dar paso a un populismo demagógico.