Este podría ser el título de una
novela o de algún cuento al estilo del magistral Juan Rulfo. Sin embargo , no se trata de
ficción, sino de una deslumbrante
realidad que se ha manifestado en las principales ciudades de nuestro país al que hace algunos días el Presidente de la
República calificaba como un tranquilo Oasis comparado con lo que ocurría en
otras latitudes de nuestro continente. aludiendo sin dudas a Venezuela y a Ecuador.
Las masivas protestas ciudadanas
y las llamas que han destruido las más importantes estaciones del Metro de
Santiago, de Valparaíso y de Viña del Mar, sus vagones, los destartalados buses
del Transantiago, cadenas de supermercados, alumbrado público, edificios
emblemáticos; protestas que se han
expandido hacia otras ciudades del territorio nacional y que han sido la
expresión de un enorme descontento social acumulado desde muchos años ignorado
por los diferentes gobiernos , por la clase política y por el movimiento
sindical.
La abismante e histórica
desigualdad existente en nuestro país que lo sitúa como uno de los más
desiguales del mundo según el índice de Gini y estudios de CEPAL y del Banco
Mundial, no ha sido reducida y sus efectos se han hecho sentir de manera
lacerante en la inmensa mayoría de la población. Esto se manifiesta de manera concreta en los bajos salarios que no superan los 500.000
pesos para el 70% de los trabajadores, el constante aumento del costo de vida, las
pensiones miserables del sistema privado de fondos de pensiones, la deficiente
calidad del servicio público de salud , las abusivas exclusiones de las Isapres,
las colusiones empresariales de diversa índole, las deficiencias del sistema
educativo y sus crecientes costos, la mala calidad del empleo, la dura jornada
de trabajo acrecentada por los largos
trayectos de un ineficiente transporte urbano en la capital , el aumento de la
delincuencia etc. En fin, son muchos otros los ejemplos que han contribuido a
la explosión social a la que hemos
asistido. Este estallido espontaneo, masivo y nacional que tomó por sorpresa a
nuestros ineficientes gobernantes a los partidos de derecha, de izquierda y a
las organizaciones de trabajadores, sin embargo se veía venir.
Ya no se trataba solamente de las
acostumbradas “tomas” y acciones de vandalismo en el Instituto Nacional, sino
de algo más profundo que se venía gestando en medio de las celebraciones
gubernamentales por el fracaso de la acusación constitucional contra la
Ministra de Educación. El consenso ciudadano por el proyecto de reducción de la
jornada a 40 horas de trabajo por semana rechazado por un empresariado
retrógrado y por un gobierno sin visión política, vacilante y tecnocrático, el
repudio a las AFP, a las miserables pensiones otorgadas y la pertinente
cuestión de la propiedad de los fondos de un sistema privado que no es de
seguridad social, tuvo tal aceptación que por primera vez en la historia se
censura a uno de sus más altos dirigentes y tanto la derecha como el
empresariado y el gobierno se abren a una discusión sobre la utilización de los
mismos para otros fines que el de pensiones. A ello se suma la pugna
institucional entre un poder del estado y el Tribunal Constitucional que
enciende una nueva chispa en el acalorado medio ambiente político.
Los partidos políticos y las diversas coaliciones están igualmente pasando por momentos complejos. La debilitada
Nueva Mayoría se presenta dividida con las posturas individuales de la
Democracia Cristiana y las posiciones díscolas de algunos parlamentarios. El Partido Socialista se
debilita con las renuncias de importantes militantes, la paulatina pérdida de
credibilidad en medio de acusaciones
diversas y a su falta de posicionamiento en los grandes temas del debate
nacional. La derecha por su parte ha acrecentado sus divisiones internas y ha
hecho públicas sus diferencias frente a las cuestiones de preocupación ciudadana.
De la Central Unitaria de Trabajadores es mejor no hablar pues ha estado
completamente ausente y su voz no se ha sentido.
El Gobierno ha sido incapaz de
dar una conducción y el liderazgo de Sebastián Piñera es de más en más
cuestionado. Los dos ejes principales de su programa de gobierno han sido hasta
la fecha un total fracaso. No ha habido crecimiento como el prometido y el país
se encuentra en un franco retroceso económico. La delincuencia ha aumentado y
el país ha observado con estupefacción la impunidad total de los delitos
económicos cometidos por los grandes empresarios
y por políticos corruptos.
Sin embargo, la incapacidad
política del gobierno ha quedado demostrada en la explosión social de estos
últimos días. Declaraciones vacías, sin contenidos de parte de la Secretaria
General de Gobierno, del Ministro del interior y del propio Presidente culpando
a vándalos y violentista de lo ocurrido. Sin entrar en el fondo del problema,
sin analizar las causas, sin ver su magnitud y sin evaluar la mayoritaria
aceptación ciudadana de la protesta, de la rebelión; no así de los actos
vandálicos que han sido rechazados y con razón, por la inmensa mayoría. Solo mucho
después y luego de haber celebrado un evento familiar en un lugar de Vitacura y
ante el fuerte estallido social, sacó la voz y anunció dejar nula la medida del
alza del pasaje de Metro y un llamado tardío a un impreciso diálogo nacional.
Le faltó capacidad política a él y a su gabinete. Solo la Intendenta de
Santiago en pocas palabras aludió al fondo del problema. El corolario de esta
incapacidad fue el decretar Estado de Emergencia y el Toque de Queda con militares
en traje de campaña, armas largas, rostros adustos que trajeron más de algún
trágico recuerdo.
Su reciente viaje por Francia
tampoco le sirvió al Presidente para haber sacado lecciones de la revuelta de los
“Chalecos Amarillos” que lograron hacer recapacitar a Emmanuel Macron en la aplicación de sus impopulares medidas
gubernamentales y gracias a su habilidad política iniciar un democrático
proceso de consulta popular y de diálogo en que la ciudadanía participó
activamente a través del antiguo sistema de los Cuadernos de Quejas (Cahiers de doléances) a
nivel de cada municipalidad, a través de una concertación amplia con el mundo
político, con las organizaciones empresariales, sindicales y con los propios “Chalecos
Amarillos” que jamás fueron tratados de “hordas” de “Delincuentes”.
Es de esperar que el gobierno
cambie de estrategia, que llame a un amplio proceso de discusión nacional sobre
los temas que preocupan a la mayoría y que a través un adecuado y democrático debate se logre avanzar en la reducción de las
desigualdades para asegurar paz social, crecimiento económico y sobretodo
justicia social.