viernes, 7 de junio de 2019

De punto muerto a marcha atrás: una derrota anunciada.


                           
                                     
                                              

                                                                                                                                 

No era necesario ser demasiado avezado para vaticinar con mucha seguridad la contundente derrota política sufrida por el gobierno de la Presidenta Bachelet y la coalición de partidos  que la apoyaban. En dos crónicas publicadas en 2017, alertábamos sobre los peligros que se cernían para el futuro político de la Nueva mayoría y de su candidato presidencial si se persistía en la abulia, en la improvisación, en la dispersión  y  en el alejamiento paulatino de las voces populares.
Alertábamos igualmente sobre la desfiguración política del Partido Socialista que enormemente distanciado de sus principios fundacionales y  con algunos de sus dirigentes y ex dirigentes  enlodados por casos de corrupción y narcotráfico  prefirió, desconociendo principios estatutarios, el acomodo oportunista apoyando una candidatura sin destino que a un candidato de sus propias filas.
La derrota sufrida es sin dudas contundente, dolorosa y dejará profundas huellas en la centro izquierda. Esto podría culminar en distanciamientos, divisiones, rencores y sobretodo en una desafección aún más importante de la ciudadanía hacia la clase política en general y hacia las fuerzas progresistas en particular.
¿Qué sucedió para que la derecha chilena que arrastra la ignominia de haberse comprometido con la dictadura de Pinochet y de haber aprobado con su participación, complicidad o silencio los crímenes y latrocinios del régimen militar llegara, por segunda vez en democracia, a gobernar nuestro país con un 54,8% de los votos en la segunda vuelta de 2017, luego de haber obtenido  el 36,6 de los sufragios en la primera vuelta?
¿Qué sucedió para que Sebastián Piñera fuera nuevamente elegido presidente, en consecuencia que su primer gobierno de 2010 a 2014 se caracterizó por la mediocridad y el descontento, a pesar de algunos mínimos pero interesantes avances como la eliminación del 7% de la cotización salud para los pensionados, la extensión del post natal a 6 meses o el  proyecto de Unión Civil promulgado más adelante por Bachelet?
¿Qué ocurrió para que las fáciles cuentas que en un comienzo vaticinaban un triunfo de Alejandro Guillier en segunda vuelta se revertieran a favor de la derecha? Recordemos que sumados los votos del conjunto de los candidatos de centro izquierda, incluidos Artes y Navarro, que se presentaron en primera vuelta sumaron un 55, 4% de los sufragios.
¿Por qué la ciudadanía no apoyó la continuidad de una coalición que había, desde el retorno de la democracia, enfrentado el problema de la desigualdad disminuyendo notoriamente la pobreza aportando mayor bienestar a cientos de miles de  excluidos y, durante el gobierno  de la Presidenta Bachelet, realizado importantes reformas sociales y valóricas tratando de avanzar en algunas muy  sustantivas como la Constitucional,  la Educacional y la Tributaria?
No es fácil encontrar respuestas claras a algunas de estas interrogantes. Sin embargo hay algunos elementos que nos permiten comprender mejor este duro golpe a las fuerzas progresistas de la centro izquierda.
En primer término hay que tomar en consideración que los años de dictadura modificaron  notoriamente el comportamiento de la mayoría de los chilenos al fomentar el individualismo, el exitismo a cualquier precio, el desapego al Estado, la competitividad, el consumismo frenético y el respectivo endeudamiento; fenómenos que los gobiernos democráticos post dictadura ignoraron  o alentaron con sus políticas económicas de continuidad neoliberal, enmarcadas en los principios del Consenso de Washington.
Aunque la Concertación o la Nueva Mayoría puedan exhibir como un triunfo incontestable la disminución importante de la pobreza, de un 40% a un 10%, permitiendo así la incorporación  de nuevos contingentes a engrosar las filas de la denominada clase media y acceder a mejores niveles de bienestar; es también cierto que no fueron capaces de concretar reformas político sociales que permitieran una democratización efectiva del país y  acceso a una  salud y  educación de calidad, además de salarios y pensiones decentes.
Las reformas que apuntaban a una mayor equidad y mejoramiento sustantivo en algunas de esas áreas, terminaron o en un fiasco o con tímidos resultados que no hicieron variar fundamentalmente las carencias  señaladas.
La más importante de las reformas, la Constitucional, solamente fue abordada  al final del gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando su gestión sufría un deterioro mayor, para terminar en una risible demostración de ineficacia con medidas y propuestas que sucumbieron frente a la indiferencia de la ciudadanía y la feroz oposición de la derecha.
Sin una seria reforma constitucional era muy complejo avanzar en los otros dos ejes fundamentales del programa de Bachelet: la reforma educacional y la tributaria.
La primera, que finalmente fue aprobada con enormes modificaciones y con algunos avances de importancia como la gratuidad para la mayoría de los segmentos más pobres del país, no tuvo el apoyo esperado, pero sí un manifiesto descontento de los principales actores de la educación y de parte importante de los sectores medios que aspiraban a continuar con una educación particular subvencionada y de mejor calidad.
La reforma tributaria, si bien fue una excelente y necesaria iniciativa, se vio frustrada tanto por la intransigencia derechista como por las continuas modificaciones e improvisaciones gubernamentales y su mal diseño que, a final de cuentas, hizo sostener  el peso de la misma  a los sectores productivos y a las capas medias. Por ello, la  recaudación proyectada sería totalmente insuficiente para  los fines por las que fue concebida al destinar parte de los mismos a la reactivación económica afectaba por la misma reforma.
La reforma laboral, aunque no era la prioridad mayor del gobierno de la Nueva Mayoría, pasó igualmente sin pena ni gloria y con un no disimulado descontento de las organizaciones sindicales de base, intermedias y de cúpula que no vieron reflejadas sus aspiraciones principales como la negociación colectiva por rama de actividad económica o el reconocimiento, sin ambigüedades, del sindicato como actor esencial de las relaciones laborales.
Otras aspiraciones ciudadanas como las que emanaban del poderoso movimiento No más AFP fueron simplemente ignoradas y muy poco se adelantó en un mejoramiento sustantivo del sistema de salud pública que concierne a un 83% de la población.
Los avances en  materias políticas como la aprobación de un nuevo sistema electoral que terminó con el sistema binominal imperante dando paso a una mayor representación ciudadana, el voto de los chilenos en el exterior o los logros experimentados en su agenda valórica como la despenalización del aborto en tres causales, la promulgación del Acuerdo de Unión Civil ( iniciativa de Sebastián Piñera en 2011) y la propuesta de matrimonio igualitario fueron opacadas por la insuficiencia de las otras reformas emprendidas, por la participación en actos  de corrupción del conjunto de la clase política, como el caso CAVAL en que aparece involucrada la nuera y el hijo de la Presidenta o SOQUIMICH con su chorreo de corrupción tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, despertaron la atención, indignación y reprobación de la opinión pública durante meses.
La fuerte ofensiva de la derecha, que aunque envuelta en los temas de corrupción con varios de sus personeros condenados y encarcelados por los efectos de Soquimich y Penta, supo desviar el debate hacia la falta de rigor en las reformas emprendidas, teniendo al Tribunal Constitucional como un aliado de importancia y motivando los sentimientos de miedo ante  la emergencia de una inmigración no controlada, utilizando la vieja técnica de la campaña del terror poniendo a Venezuela y Cuba como ejemplos satanizadores ante un nuevo eventual gobierno de la Nueva Mayoría.
Pero, además, la derecha de nuestro país logró un triunfo importante al  entusiasmar a las capas medias emergentes con sus mensajes de desarrollo productivo, crecimiento, empleo, consumo y exitismo, desplazando los emblemas de  la centro izquierda como los derechos humanos y  la no impunidad en esas materias,  la profundización de la democracia, el desarrollo con equidad o el combate a la  desigualdad.
Esas capas medias emergentes que salieron de la pobreza, que algunos han tildado de “fachos pobres”, endeudadas, con salarios  menores a los 500.000 pesos, enfrentadas a necesidades en materia de educación, salud, pensiones, vivienda etc., pero  con aspiraciones a una mejor calidad de esos servicios no necesariamente estatales, con escaza voluntad solidaria, deseosas de mantener su nuevo estatus progresando en él y no retrocediendo y a las que el progresismo no supo cautivar, contribuyeron  también de manera decisiva a la derrota de las fuerzas de izquierda y de centro. Según datos proporcionados por la Fundación Sol en 2018,  el 54,3 % de los salarios chilenos son inferiores a 350.000 pesos y  3 de cada 4 personas ganan menos de 500.000, por lo cual deben necesariamente endeudarse para cubrir sus necesidades esenciales. Aún así, un contingente mayoritario de ese segmento prefirió optar por la propuesta derechista.
Hay también otros factores que es necesario destacar. La aparición de un nuevo referente de izquierda, las tensiones al interior de la Nueva Mayoría, la poca credibilidad del candidato y el abstencionismo.
A la elección presidencial se presentaron cuatro candidatos de la centro izquierda y dos candidatos de una izquierda más extrema y anárquica. Como ya lo enunciamos anteriormente el conjunto de su votación representaba en primera vuelta un 55, 43% de los  6.700.748 de los que sufragaron en esa ronda.
Lo interesante de estas  candidaturas fue la aparición de la  figura de Beatriz Sánchez que representaba a un nuevo referente de izquierda, el Frente Amplio, coalición surgida de los movimientos estudiantiles y sociales muy críticos de los partidos de izquierda tradicionales y con aspiraciones serias de gobernar. El 20,27% de los votos obtenidos y los 20 diputados y 1 senador consolidaron al Frente Amplio como una fuerza política con muchas proyecciones que no solo   puso en serio riesgo a la candidatura de Alejandro Guillier, pero que además  de alguna manera le restó peso y credibilidad. Los magros porcentajes obtenidos por Carolina Goic desataron aún más las tensiones al interior de la Democracia Cristiana y de la Nueva Mayoría.  Por su parte en  el Partido Socialista  aumentaron las tensiones y los descontentos más allá de los buenos resultados obtenidos en las parlamentarias.
La segunda vuelta de la elección presidencial le dio un contundente triunfo a Sebastián Piñera con el 54,8% de las preferencias  obtenidas de los 7.032,523 votantes. Guillier solo alcanzó un 45,42 % de los sufragios. Aunque la abstención disminuyó respecto de la primera vuelta fue igualmente importante al alcanzar un 51%  de los inscritos. Más allá de las razones en orden al respeto a las voluntades individuales y democráticas para imponer el voto voluntario, habrá que repensar a futuro sobre la pertinencia de mantener esta situación. Los ciudadanos tienen deberes y uno de ellos es la participación en la elección de sus representantes, teniendo la opción de votar blanco o anular la papeleta.
Los anteriores resultados junto con dar un confortable margen a la candidatura de Piñera muestran que sus votos  no fueron solamente de los sectores más acomodados del país, sino que también de las capas medias y de sectores populares que expresaron su sentir y descontento con los actos de corrupción, imperdonables para la gente de izquierda; con las promesas incumplidas; con la insuficiencia e improvisación  de las reformas  y  por el temor esos segmentos a caer de nuevo en sus anteriores niveles de pobreza a la vista de algunas experiencias internacionales.
Pero igualmente esas cifras  dejan ver que hubo un traspaso de los votos de las fuerzas de la Nueva Mayoría hacia Piñera. Se calcula que un 75% de los votos de Goic  y  alrededor de un 33% de los  del Frente Amplio y de MEO respectivamente favorecieron al candidato de la derecha. La Democracia Cristiana desde antes de la primera vuelta enfrentaba discusiones sobre la pertinencia de continuar en la Nueva Mayoría y como se recordará se excluyeron de las primarias llevando candidata propia y contestando liderazgo; aparte de expresar disconformidad con  las alianzas con el alicaído Partido Comunista y con las  simpatías expresadas  hacia Nicolás Maduro y al régimen cubano. La dispersión de los votos del Frente Amplio, además de los de MEO solo pueden explicarse como un rechazo hacia la dirigencia tradicional de los partidos de izquierda y hacia al candidato Guillier por sus vacilaciones, por sus contradicciones, por  su falta de carisma y por su incapacidad para consolidar a un referente político en franca atomización.
La tarea a futuro será dura  para el centro y para la izquierda pues como colorario de esta derrota electoral e ideológica se producirá necesariamente una recomposición en las políticas de alianzas que hará distanciarse a los antiguos amores durante un tiempo más o menos prolongado.
Sin embargo, no todo está perdido pues el gobierno de Piñera con sus políticas de libre mercado y de escaso contenido social favorecerá sin dudas a los segmentos más ricos y acomodados, en desmedro  de la mayoría de la población y fundamentalmente de esas capas emergentes que lo apoyaron, lo que lo desgastará rápidamente.
En el intertanto los partidos de izquierda y de centro deberán necesariamente iniciar un proceso de reflexión tendente a la elaboración de un proyecto político que tenga como objetivo central la construcción de  una sociedad con justicia social y  con una visión de futuro que pueda incorporar los valores de la libertad, de la solidaridad, de la igualdad y  de la no exclusión que fueron siempre los símbolos de la izquierda. Además de la búsqueda de mecanismos para evitar la corrupción en la política
En la elaboración del proyecto político deben necesariamente incorporarse  los temas de actualidad relevante como son los problemas de una salud pública de calidad, pensiones decentes, gratuidad de la educación, del medio ambiente, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la robótica y otros,  discutiendo como ellos puedan ser incorporados en las diferentes estructuras educativas y productivas.
Finalmente un proyecto de izquierda debe, por sobretodo, valorar la democracia, oponiéndose sin vacilaciones a toda forma dictatorial. La búsqueda de consensos para avanzar en acuerdos que, sin apartarse de los objetivos esenciales, vayan en beneficio del conjunto de la ciudadanía debería ser una práctica recurrente.
Tal vez lo anterior no sea un camino fácil, pero es sin dudas una forma de avanzar hacia una sociedad más justa con apoyo y participación ciudadana.

Enero 2018.



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